Todos los motivos por los que la fiscalía sindica al círculo familiar de Pedro Castillo como una presunta red criminal

Pedro Castillo, de acuerdo a la tesis fiscal, sería la cabeza de la organización. La primera dama fungiría de coordinadora y su hermana menor, quien se encuentra desde ayer prófuga de la justicia, sería una de las testaferras de este presunto grupo delictivo.

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Pero eso no es todo. El Equipo Especial sostiene que otros dos hermanos de la primera dama también habrían prestado sus nombres para blanquear dinero de presunto origen ilícito. Se trata de Walter y David Paredes. No obstante, solo contra Yenifer se solicitó la orden de detención preliminar por diez días. Esto, debido a la conexión que tiene con los dueños de las dos empresas que habrían servido en la generación de dinero espurio que luego iba a ser lavado.

El caso es el siguiente: según el equipo de la fiscal Barreto, en los puestos más altos del Ejecutivo se habría instalado una organización criminal que, en primer lugar, buscó colocar a personas de su confianza en puestos claves, como ministros de Estado, para después echar a andar su principal modalidad delictiva: “las licitaciones públicas fraudulentas”.

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Para ello, debían de contar con la complicidad de empresarios que participaran en las licitaciones públicas y, de esa manera, se llevasen la buena pro de la obra pese a que no cumplían con los requisitos exigidos. Se trataban, según la fiscalía, de operaciones direccionadas en las que Castillo y su esposa tenían pleno conocimiento al ser parte de la red.

Los hermanos Espino

Principalmente son dos empresas a las que el Equipo Especial les atribuye haber servicio de fachada para las operaciones ilícitas: JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C. La primera de propiedad de Hugo Espino Lucana (31) y la segunda de su hermana Anggi Estefani (25).

La compañía de Hugo Espino, como es público, ganó una obra de S/3′876 millones en septiembre del año pasado con la Municipalidad Provincial de Cajatambo. El contrato, firmado el 1 de octubre, era para la remodelación de dos colegios en el distrito de Gorgor.

En tanto, la compañía fundada por Anggi Espino se llevó, en diciembre pasado, un proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en el municipio de Anguía, en Chota (ciudad donde residía el presidente con su familia). El valor de esta obra superó los S/3′098 millones.

Estas dos contrataciones, de acuerdo al Ministerio Público, describen la manera en cómo opera la presunta organización criminal que lideraría el presidente. En ella, el rol de Hugo Espino es fundamental para que funcione.

Pero hay una gestión más, que se remonta al 16 de septiembre del año pasado, que también ha sido considerada por la fiscalía. Aquel día, Hugo Espino y Yenifer Paredes, ambos amigos, se presentaron en el centro poblado de Succha Chonta (distrito de Chadín, provincia de Chota) para ofrecer una obra de agua y saneamiento básico a los vecinos.

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El alcalde de Chadín, César Castillo, también estuvo presente en el encuentro y fue él quien presentó a Paredes, quien vestía un chaleco con el logo de la empresa de Hugo Espino, como la hijastra del jefe de Estado para dar a entender el interés que el gobierno tenía en la ejecución del proyecto.

La comitiva de Paredes y Espino solicitó a los vecinos de de Succha Chonta que se empadronasen para empezar con el estudio técnico del proyecto.

Cuando esta cita se hizo pública el mes pasado, tanto Paredes como Espino negaron que la empresa de este último se haya beneficiado con un proyecto en esa localidad. Sin embargo, esa versión perdió fuerza el pasado 19 de julio, cuando la hermana menor del empresario declaró ante el Ministerio Público.

Aquella vez, Anggi Espino dijo al Equipo Especial que, si bien la empresa de su hermano no ganó ningún contrato en Chadín luego de su visita con Yenifer Paredes y el alcalde, sí lo hizo la suya.

“Mi empresa tiene tres consultorías, el cual uno es perfil técnico y dos son expedientes técnicos. Las consultorías son individuales, en el distrito de Chadín, Chota (Cajamarca ) que se realizó el 5 de octubre de 2021″, declaró la empresaria de 25 años.

Para la tesis de la fiscal Barreto, esto demuestra que se utilizó a la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C. para concretar los planes de la cuñada del presidente y su amigo en Chadín.

Las visitas y el reporte

En febrero de este año, este Diario dio a conocer el contrato que ganó Hugo Espino con el municipio de Cajatambo. La empresa de Espino se lo llevó semanas después de que este último visitara en al menos tres ocasiones a la familia del jefe de Estado en Palacio de Gobierno. Dos de esas veces, de acuerdo a los registros, fue para reunirse con Yenifer Paredes.

La cuñada del mandatario ha dicho públicamente que fue su hermana mayor, la primera dama Lilia Paredes, quien autorizaba los ingresos del empresario a la residencia presidencial. En total, Espino visitó la casa de gobierno en cinco oportunidades durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

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Según la hipótesis de la fiscalía, Espino era quien presuntamente entregaba el dinero de los sobornos por las licitaciones fraudulentas que conseguía por intermedio de la red criminal. Los fondos ilícitos habrían sido canalizados a través de Walter y David (hermanos de la primera dama), quienes a su vez devolvían parte de lo ganado a los hermanos Espino.

Como prueba de ello, la fiscalía cuenta con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el cual señala que los días 6 y 26 de octubre del año pasado, Walter y David, en ese orden, depositaron montos por S/70 mil y S/20 mil en efectivo a la cuenta del referido empresario. Espino no registraba otros movimientos, según la UIF, pese a su actividad empresarial.

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“Este hecho evidenciaría que los hermanos Hugo y Anggi Espino habrían servido como testaferros, quienes instrumentalizando sus empresas de fachada, lograron hacerse de importantes contratos de ejecución de obra”, dijo la fiscalía en su petitorio de detención preliminar contra los hermanos Espino.

El alcalde y el ministro

De acuerdo al testimonio del colaborador eficaz de código CE-02, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, es un viejo amigo del mandatario y es a través de esa amistad que el burgomaestre tenía llegada con otros ministerios y funcionarios de otras entidades.

El colaborador del Equipo Especial mencionó a los exministros Juan Silva (MTC), Geiner Alvarado López (antes en Vivienda, hoy en el MTC), Juan Carlos Millones (Interior y Defensa), Walter Ayala (Defensa) como algunas de las personas con las que José Medina pudo llegar por su amistad con Castillo.

Por otro lado, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, en su primera declaración como colaborador eficaz, sindicó al alcalde de Anguía como uno de los ‘cajeros’ del mandatario y uno de sus principales operadores políticos y personas de mayor confianza, incluso por encima de los ministros.

Con esa información de contexto, el Equipo Especial analizó la relación entre el alcalde, el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y el empresario Hugo Espino. En primer lugar, a la fiscalía le llamó la atención las visitas a casa de gobierno tanto de Medina (8) como de Espino (5) antes y después de que se beneficiaran con contratos. Pero también consideraron las visitas de ellos dos al Ministerio de Vivienda.

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Según la fiscalía, fue Medina quien intercedió por Espino para que este pueda reunirse con el entonces ministro de ese sector Geiner Alvarado (hoy ministro del MTC), días antes de que la empresa de su hermana (Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C.) ganara una millonaria obra en el municipio de Anguía.

Como elemento para reforzar estos presuntos actos delictivos, la fiscalía cita el decreto de urgencia 102, que fue publicado el 29 de octubre del año pasado con las firmas de Castillo y el ministro Alvarado (también lleva la firma de los entonces ministros Mirtha Vásquez y Pedro Francke). A través de esta norma, se incrementó, entre otras cosas, el presupuesto en un 200% al municipio de Anguía para realizara obras, sobre todo, en materia de saneamiento urbano y rural.

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De no ser por ese decreto, Medina no hubiera contado con los fondos para contratar a la empresa de Anggi Espino. Una compañía que, constituida en abril del 2021, sin experiencia previa de contratar con el Estado y cuyo domicilio fiscal es una vivienda de un piso en Puente Piedra (en realidad, según la fiscalía, el que manejaba la compañía era su hermano Hugo).

Según el estudio del Ministerio Público, el decreto de urgencia 102 sirvió para habilitar recursos por más de S/115 millones destinados a 28 obras en Cajamarca (ocho de ellas en Chota por S/20 millones). Al Equipo Especial le llamó la atención que las visitas de Espino y Medina, tanto a Palacio y al Ministerio de Vivienda, se hayan dado antes de la emisión de la norma.

Por esa razón, tanto el ministro como el alcalde han sido incluidos en el organigrama de la presunta organización criminal que lideraría el mandatario. Sus roles serían el de los cabecillas: los segundos al mando después del jefe de Estado, según la fiscalía.

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Al respecto, la defensa de Alvarado señaló que su patrocinado en este caso está bajo la condición de testigo, más no de investigado. Fuentes en la fiscalía, en tanto, señalan que será decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrir una investigación preliminar contra el actual ministro de Transportes por este hecho, al igual que al mandatario, pues solo la titular del Ministerio Público tiene la competencia de investigar a funcionarios con fuero especial.

Las obras de los Espino

La empresa de Anggi Espino ganó la obra de más de tres millones con la municipalidad de Anguía a pesar que el consorcio que integró para llevarse la buena pro (Consorcio IENCONS) contaba con un capital social muy por debajo del monto adjudicado. Esta es una de las razones por las que la fiscalía considera que hubo un presunto favorecimiento a esta firma.

El otro argumento es que tampoco se consignó el aumento de un capital social “razonable” por parte de los integrantes del consorcio “que garantice el cumplimiento a cabalidad de la obra”.

“No cumplía con los requisitos suficientes para ser calificada como ganadora de la licitación”, indicó el Equipo Especial en su requerimiento de detención.

También, los representantes del Ministerio Público hicieron mención de que hubo una inusual aceleración tanto para la aprobación del expediente técnico y del de contratación de la obra. Todo se hizo en nueve días.

En cuanto a la obra en Cajatambo, la fiscalía cuestiona, entre otras cosas, que no se cumplieron con las fechas establecidas en el proceso de licitación. Por ejemplo, la presentación de la propuesta técnica y económica se dieron fuera del plazo. Además, el equipo de la fiscal Barreto indicó que luego de la segunda vuelta electoral, es decir, una vez que ganó Castillo la presidencia de la República, se aceleró la viabilidad del proyecto.

“Luego de las elecciones, este expediente fue viabilizado con una celeridad inusual, en razón que el expediente de contratación fue aprobado el 17 de agosto del 2021 mediante Resolución Gerencial N° 061-2021-GM/MPC, para después de tres días, es decir el 20 de agosto de ese año, el comité de selección realice la convocatoria a este procedimiento de selección”, afirmó la fiscalía en su pedido de detención.

El Equipo Especial remarcó que si la empresa de Hugo Espino ganó la obra evidencia que se trató de un procedimiento de licitación irregular. Esto, como una acción “dirigida a que determinadas empresas ganasen la buena pro, previa concertación entre los integrantes de la organización criminal”.

Para recoger mayor evidencia, el pasado fin de semana el fiscal Hans Aguirre Huatuco, del Equipo Especial de la fiscalía, acudió a los municipios de Cajatambo y Anguía para acopiar los expedientes técnicos y de verificación de avance de obras que ganaron los Espino. La diligencia fue de verificación y recojo de información, según fuentes de este Diario.

El pedido y el juez

En paralelo al recojo de esta información, el Equipo Especial ya había preparado una solicitud de detención preliminar por 15 días contra el alcalde de Anguía, los hermanos Espino y la cuñada del presidente por los presuntos delitos de lavado de activos y de organización criminal. Este fue presentado, según pudo conocer El Comercio, hace ya más de una semana. Sin embargo, el juez Raúl Justiniano Romero lo rechazó en una primera instancia al considerar que no tenía competencia para resolver en este caso.

Fue recién a raíz de una apelación que presentó el equipo de la fiscal Barreto que se logró que una instancia superior le ordene al juez que se pronuncie en un plazo de 24 horas. Así fue que el pasado cinco de agosto, el magistrado dio la razón a la fiscalía y dispuso las ubicaciones y capturas, así como el allanamiento y registro de diferentes inmuebles.

La notificación fue enviada al día siguiente y desde entonces comenzaron las labores de Inteligencia en coordinación con el Equipo Especial de la PNP, que dirige el coronel PNP Harvey Colchado, para dar con los objetivos trazados en la disposición.

Así, ayer se ejecutó la orden de arresto. Tres de los cuatro fueron detenidos. La única que falta es la cuñada del presidente. Según información de Inteligencia, Paredes llegó el fin de semana a Lima. El último reporte que se tenía es que hasta el lunes se encontraba en Palacio. Sin embargo, no fue ubicada cuando llegaron la fiscalía y la PNP, luego de varios minutos (casi una hora) de trabas que pusieron funcionarios del gobierno. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el paradero de Yenifer Paredes.

Fuentes en la fiscalía califican este hecho como una clara demostración de parte de ella y del Gobierno de obstrucción a la justicia.