Los fiscales del Subsistema Especializado en DD.HH e Interculturalidad emitieron un pronunciamiento rechazando la ley sobre delitos de lesa humanidad. (Foto: Archivo GEC)
Los fiscales del Subsistema Especializado en DD.HH e Interculturalidad emitieron un pronunciamiento rechazando la ley sobre delitos de lesa humanidad. (Foto: Archivo GEC)
/ MANUEL MELGAR
Redacción EC

Los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del rechazaron la Ley N° 32107, que precisa la aplicación y alcances del en la legislación peruana.

A través de un pronunciamiento, señalaron que la promulgación de dicha norma tendrá un “impacto negativo” en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de especial gravedad.

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“Asimismo, perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia, y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas, sus parientes y la ciudadanía en general”, subrayaron.

Indicaron que la publicación de la ley presupone un retroceso en la defensa de los derechos humanos porque “menoscaba” el esfuerzo que los órganos de administración de justicia se encontraban realizando, a fin de cumplir con la obligación internacional del Estado de juzgar este tipo de hechos.

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Refieren que dicha norma se contrapone abiertamente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que son de observancia obligatoria para los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros tratados internacionales de carácter regional y universal, como el Perú.

Entre los procesos que serían afectados mencionaron Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, entre otros que se encuentran en investigación preliminar.

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Asimismo, los casos Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias, Tabalosos, Chuschihuico, entre otros que están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal.

Del mismo modo, los casos Chuschi, Huanta 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Sobres Bomba, Accomarca, Hilario Trucios, Cantuta – Pativilca, José Navarrete Cabrera, Umasi Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros en etapa de juicio oral.

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Finalmente, los casos con sentencia como Chumbivilcas, Chuschi I, MMMB, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López Rimachi y otros, Leonor La Rosa Bustamante, entre otros.

Igualmente, solicitaron al despacho de la Fiscalía de la Nación que en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo 6541-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y lo señalado en los artículos 203 de la Constitución y 98 del Código Procesal Constitucional, se interponga la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de dicha ley.

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También solicitaron a la Junta de Fiscales Supremos que se emita un pronunciamiento sobre el impacto negativo de la norma sobre delitos de lesa humanidad y también un respaldo institucional a los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.

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