Martín Vizcarra: estos son los nuevos elementos considerados por la fiscalía para reabrir investigación

Villena declaró fundadas las solicitudes de reexamen del caso presentadas por la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, y la abogada Katherine Ampuero.

La nueva investigación preliminar, cuyo plazo será de 120 días, alcanza a los exministros María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud) por los mismos hechos y presuntos delitos.

Villena archivó la investigación contra Vizcarra y sus exministros el 31 de mayo último. No obstante, precisó que la medida se basó en la falta de elementos que sustentaran las imputaciones, “mas no se señaló que el hecho investigado no haya constituido delito”.

El 24 de junio último, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al fiscal de la Nación para que responda por el archivamiento del caso. Aunque no asistió alegando que tenía otro compromiso previamente acordado, la fiscalía informó mediante un oficio que evaluaba reabrir la investigación.

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Ese mismo día, la procuradora anticorrupción Yudith Villegas señaló a la prensa que existen nuevos elementos “determinantes” que debían ser investigados.

La disposición de Villena, a la que accedió El Comercio, da cuenta de los nuevos elementos de convicción que justifican la reapertura del caso.

El documento destacó declaraciones de la exministra Elizabeth Hinostroza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso en noviembre del 2022, sobre cómo se gestó la compra de pruebas rápidas.

Hinostroza ya declaró ante la Fiscalía de la Nación en calidad de investigada entre septiembre y octubre del 2022; no obstante, el Ministerio Público señaló que “las declaraciones que habría rendido ante otros medios no forman parte de los actuados en la carpeta fiscal”.

Otro elemento de convicción es un informe de la contraloría sobre las pruebas rápidas. Este menciona que no serían recomendables para la detección de casos en la fase inicial de infección por coronavirus.

El fiscal de la Nación dispuso recabar una copia de dicho informe para determinar si es relevante en la investigación contra Vizcarra y sus exministros.

ESTE ES EL INFORME EN MENCIÓN:

El fiscal de la Nación también incluyó como nuevos elementos de convicción dos informes elaborados por peritos de la procuraduría anticorrupción. Uno concluiría que los funcionarios que intervinieron en la compra de las pruebas rápidas “habrían favorecido de manera ilegal” a dos empresas, ocasionando un perjuicio económico al Estado; y el otro, se refiere a la forma y circunstancia de la adquisición.

Otro elemento de convicción es un informe de la Procuraduría General del Estado que señalaría que la adquisición de pruebas rápidas “se habría realizado contraviniendo los lineamientos de la OMS [Organización Mundial de la Salud], la OPS [Organización Panamericana de Salud] y del propio Ministerio de Salud [Minsa]”.

Villena destacó: “Constituyen información nueva para la presente carpeta fiscal, toda vez que informan sobre un posible favorecimiento a las empresas ganadoras y que se habría trasgredido las normas sobre contrataciones del Estado, debido a que el requerimiento para adquirir pruebas rápidas no contaba con ningún sustento técnico normativo, además de la celeridad inusitada en el estudio de mercado [...]”.

También, consideró como nuevos elementos de convicción declaraciones de Lidia Hildebrandt Pinedo, quien estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios del Minsa; Fanny Cárdenas Bustamante, quien habría evaluado las propuestas de las empresas para la compra de pruebas rápidas; Flor de María Mas Tejada; quien era especialista de compras corporativas en Perú Compras; y Lucy Delgado Murcia, una científica y docente colombiana que analizó la eficacia de las pruebas rápidas.

El vocero de Vizcarra, el abogado y exministro Alejandro Salas, dijo a El Comercio que un sector del Congreso ha tratado de ejercer presión política para que el caso se reabra.

“Él está llano a cualquier tipo de investigación, inclusive a las que se tengan que reabrir para esclarecer hechos. Lo que sí llama la atención es que, lamentablemente, lo que viene haciendo un sector del Congreso es amenazar al fiscal de la Nación con el hecho de denunciarlo constitucionalmente y tratar de coactar su autonomía. Eso es grave. [...] Hubo acciones de presión política”, dijo.

Consultado si, en su opinión, la decisión de Villena respondía a esas presuntas acciones, añadió: “Nosotros no consideramos que hayan sido motivos para que el fiscal de la Nación tome esta decisión. Solamente encendemos la alarma. En un estado de derecho no se puede coaccionar a un fiscal de la Nación. El expresidente se someterá a todas las investigaciones y está totalmente seguro que esto, después de 120 días, será ratificado en su archivamiento”.

En tanto, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, saludó la decisión de Villena y señaló que el archivamiento del caso “nunca se debió dar”.

“Espero que tras esta decisión, el Fiscal de la Nación tenga la suficiente voluntad de investigar seriamente [a Vizcarra]”, señaló mediante la red social X.

Villena planea requerir al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Vizcarra, Alva, Hinostroza, Zamora y de los representantes de las empresas involucradas.

Como parte de la investigación, también pedirá el levantamiento del secreto bancario del expresidente y los exministros.

Además, ya programó recoger los testimonios de diversos involucradros entre el 22 de julio y el 5 de agosto.

También requerirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) copias de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros que se realizaron el 18, 19 y 20 de marzo del 2020, entre otras diligencias.