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A dos días de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reciba y tome una decisión sobre si la suspende preventivamente por seis meses o no, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este lunes una solicitud para que los siete integrantes del organismo se inhiban de evaluar su situación por un presunto conflicto de interés.
No es la primera vez que la titular del Ministerio Público busca dejar sin efectivo el “procedimiento disciplinario inmediato” en su contra. Antes, había pedido al Poder Judicial ampliar una medida cautelar (que suspende otras pesquisas en su contra) para paralizar también esta indagación.
En el escrito, al que tuvo acceso El Comercio, Benavides también pide la “nulidad” de las resoluciones N°194-2023-Pleno-JNJ y N°1302-2023-JNJ. En la primera, la Junta Nacional de Justicia le inició “procedimiento disciplinario inmediato”, luego de la detención preliminar de Jaime Villanueva, quien fue su principal asesor, por presuntamente integrar una red criminal que la fiscal suprema encabezaría.
Y la otra era la citación que este miércoles para que brinde sus descargos.
(Foto: El Comercio)
Villanueva- de acuerdo a una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)- dijo que era “la voz autorizada” por la fiscal de la Nación “para desplegar los proyectos delictivos de influenciar ilícitamente” en las decisiones de parlamentarios “en procedimientos constitucionales”.
En ese contexto, el entonces asesor de Benavides -conocido como “El filósofo”- habría coordinado con un sector del Parlamento la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación y la destitución de los integrantes de la JNJ. Los dos primeros objetivos fueron logrados.
Fuentes de la JNJ indicaron a El Comercio que “por el momento” la institución no tiene planificado emitir algún comunicado sobre el recurso presentado por la fiscal de la Nación. Añadieron que es probable que se pronuncien al iniciar la audiencia del miércoles.
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Los argumentos de Benavides
En su petitorio, la fiscal de la Nación mencionó que su oficina abrió una investigación preliminar, en junio último, a Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, y a los magistrados Antonio de la Haza y María Zavala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y avocamiento ilegal de proceso en trámite. Esto por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con el objetivo de que la Sala Plena de la Corte Suprema emita un pronunciamiento en respaldo a Zoraida Ávalos, cuando el Congreso debatía su inhabilitación.
Benavides sostuvo que el inciso C del artículo 14 de la Ley Orgánica de la JNJ establece que existe “conflicto de interés” de parte de los miembros de la junta cuando la persona sujeta a proceso disciplinario “conozca o hubiere conocido de algún proceso judicial, arbitral, investigación, o procedimiento administrativo de cualquier tipo” respecto a estos. Y también cuando “hubiese actuado como parte contraria a este”.
(Foto: El Comercio)
Arévalo, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, negó en setiembre pasado, haber recibido presiones de la JNJ. “Todo eso son puros titulares periodísticos. Se ha abierto una investigación por el dicho de alguien”, manifestó en ese momento.
En su recurso ante la JNJ, Benavides también puntualizó que ella interpuso un proceso de amparo contra los siete miembros de la JNJ.
En octubre, el Sexto Juzgado Constitucional resolvió, por segunda vez, suspender las pesquisas a Benavides por haber realizado cambios en la conformación del equipo especial de fiscales del caso “Los Cuellos Blancos del Puertos” y por haber cesado a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Emma Benavides.
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La titular del Ministerio Público subrayó que ninguno de los magistrados que interviene en su proceso disciplinario “ignora los hechos que originan su deber de inhibición”. Agregó que a pesar de ello “han incumplido” su ley orgánica.
Por ello, consideró, les corresponde la aplicación del inciso J del artículo 41 de su norma, que fija que si no cumplen con informar que están incurso con un supuesto conflicto de interés e inhibirse pueden ser destituidos.
“Ha ido dejando minas”
Consultado por El Comercio, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado calificó como “una leguleyada” de Juan Peña Flores, abogado de Benavides, el petitorio de inhibición a la JNJ.
“No hay un fundamento jurídico, sólido ni razonable que ampare esta solicitud. Habría que nombrar a una nueva junta para satisfacer sus inhibiciones”, añadió al referir que los suplentes no pueden ingresar a completar una sala. Estos solo se activan cuando se produce la vacancia de uno de los magistrados titulares.
En comunicación con El Comercio, Maldonado afirmó que la fiscal de la Nación “ha ido dejando minas”, en referencia a la investigación a Tumialán, De la Haza y Zavala y al amparo, para “utilizarlas” como último recurso.
“El amparo ya no se utiliza para fines de protección de derechos fundamentales, sino para desvirtuar la acción penal, legítima y como un mecanismo de impunidad”, remarcó.
Maldonado consideró que el recurso de inhibición presentado por Benavides debe ser rechazado por la JNJ y esta debe continuar con el proceso sancionador a la titular del Ministerio Público.
“Este pedido es una criollada y una defensa pobre […] El proceso debe continuar, no veo fundamento que justifique una suspensión de este”, acotó.
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El también ex procurador anticorrupción César Azabache explicó que en materia de imparcialidad y recusaciones “no es aceptable” que una de las partes genere “un escenario de controversia” para luego reclamar la existencia de una causal de inhibición.
“Está prohibido obtener ventajas de actos propios en materia de imparcialidad. Está prohibido denunciar al juez que ve mi caso para luego reclamar falta de imparcialidad, eso sería muy fácil”, complementó.
Azabache de esta manera hizo referencia a que fue la propia fiscal de la Nación la que abrió pesquisa a tres integrantes de la JNJ y la que presentó una acción de amparo en contra de los miembros de esa institución.
El abogado penalista precisó que su estudio defiende a Tumialán en una investigación ante el Ministerio Público.
En diálogo con este Diario, Azabache indicó que la solicitud de inhibición de la titular del Ministerio Público “pone en evidencia” que su pedido al Poder Judicial para que amplíe los efectos de su amparo “podría estar fracasando”.
“Lo que corresponde es que la JNJ declare este recurso inadmisible de plano y continuar con la audiencia [del miércoles]”, finalizó.
La abogada penalista Liliana Calderón refirió que en la actualidad los miembros de la JNJ no tienen “ningún impedimento ni formal ni sustancial” para no pronunciarse sobre el proceso de suspensión contra la fiscal de la Nación.
En comunicación con este Diario, Calderón dijo que la investigación en contra de Tumialán, De la Haza y Zavala por presunto patrocinio ilegal debería ser archivada, porque ya el mismo presidente del Poder Judicial ha descartado algún tipo de presión de parte de ellos.
“Esto ya parece un factor dilatorio, la Junta Nacional de Justicia tiene autonomía constitucional, sino bajo ese esquema nunca podría investigar ni resolver, bastaría con solo generar una situación de aparente conflicto de interés con una denuncia, no se podría llegar a nada, sería de nunca acabar”, expresó.
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Además…
En declaraciones a Canal N, Peña Flores, quien fue abogado del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, dijo que estaban evaluando presentar una denuncia constitucional ante el Congreso contra los integrantes de la JNJ por no haberse inhibido. Incluso, exhortó a los parlamentarios a “actuar de oficio”.
Unas horas después, los congresistas Esdras Medina (Unidad y Diálogo) presentó una moción para que la Comisión de Justicia del Parlamento investigue en un plazo de 10 días a los magistrados de la JNJ. Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) se adhirieron al pedido.
En junio de 2020, la JNJ rechazó una solicitud de inhibición presentada por el entonces fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Este consideró que la junta debía apartarse, porque ya afrontaba un proceso de corte penal en el Ministerio Público por el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. No obstante, la institución que sucedió al CNM finalmente lo destituyó del cargo.
