El procurador de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidió a la Procuraduría General del Estado (PGE) evaluar y determinar acciones contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, tras ser implicado por un colaborador eficaz en el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
A través de un oficio dirigido al titular de la institución, Javier Pacheco, Marlo Tello Ponce señaló que la Procuraduría Pública de la JNJ no tiene competencia funcional para iniciar acciones legales, puesto que ello corresponde eventualmente a la PGE.
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Señaló que la colaboración de un aspirante a colaborador eficaz contra Morales Saravia “pondrían de manifiesto su falta de imparcialidad” para resolver la demanda competencial que presentó la exfiscal de la Nación, a efectos de anular las investigaciones en su contra llevadas a cabo por la Junta Nacional de Justicia.
Según los extractos de la resolución judicial difundida por diversos medios, se indica que el exfiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz habría “contactado y pactado” con el presidente del TC “a efectos de favorecer” a Patricia Benavides en su demanda.
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“Por tanto, ponemos en conocimiento la noticia difundida a efecto que vuestro despacho evalúe y/o determine las acciones correspondientes, en virtud a las atribuciones que le confiere en el numeral 183 del artículo 11° del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”, manifestó.
Cabe indicar que el último jueves 25 el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial que interpuso el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia.
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En la demanda, presentada en agosto del 2023, la Fiscalía había pedido que se declare a la JNJ con carencia para cuestionar o revisar los actos de administración interna y actos de gestión dispuestos por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Benavides Vargas enfrenta procesos en la JNJ por presuntamente haber cesado de forma indebida a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, y por supuestamente liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público.
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