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Alejandro Toledo: PJ admite pedido para ampliar extradición por tramo 4 de la Interoceánica, las claves del caso
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El Poder Judicial admitió un nuevo requerimiento de extradición presentado por el Ministerio Público contra el ex presidente Alejandro Toledo, esta vez por el Caso Interoceánica Sur – Tramo 4.
La resolución, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, abre paso al procedimiento que permitirá solicitar a Estados Unidos autorización para procesar al exmandatario por delitos distintos a los que motivaron su entrega en 2023.
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La decisión responde a un pedido formulado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial, que acusa al ex jefe del Estado de haber favorecido ilícitamente a la constructora brasileña Camargo y Correa a cambio de millonarios sobornos, en un caso al que también está vinculada la empresa Odebrecht.
Toledo fue extraditado en 2023 por otro expediente relacionado con Odebrecht y la concesión de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Ya cuenta con dos condenas y permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.
El exmandatario solo puede ser procesado por los hechos por los cuales fue entregado por Estados Unidos en esa primera extradición.
La Fiscalía sostiene que Toledo habría recibido pagos ilícitos por parte de Camargo y Correa, empresa que integró el consorcio ganador de la concesión del Tramo 4 de la carretera. Por ello, pide una nueva solicitud de extradición para que pueda ser juzgado por estos hechos específicos.
La resolución judicial precisa que a Toledo se le imputan los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado. La acusación fiscal solicita una pena de 24 años y 8 meses de prisión efectiva.
La primera sentencia contra Toledo fue de 20 años y seis meses de cárcel por recibir sobornos de Odebrecht. La segunda sentencia fue de 13 años y cuatro meses de prisión por lavar activos (Caso Ecoteva).
Hechos atribuidos
De acuerdo con la fiscalía, Toledo habría iniciado tratativas colusorias en 2004 con el empresario brasileño Marcos De Moura Wanderley, representante de Camargo y Correa. Las reuniones se habrían producido tanto en Brasil como en el Perú, con el propósito de asegurar que la empresa resultara beneficiada en el proceso de concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Tramo 4 (Inambari–Azángaro).
El consorcio liderado por Camargo y Correa se adjudicó la obra. Según la Fiscalía, a cambio de ello, la constructora se comprometió a realizar pagos ilícitos por más de US$ 6,3 millones, de los cuales 5,4 millones estaban destinados a Toledo.
De esa cifra, se habrían identificado 3,9 millones en transferencias canalizadas mediante su exjefe de seguridad, el israelí Avraham Dan On, y del fallecido empresario Josef Maiman Rapaport.
La Fiscalía sostiene que Toledo, en su condición de presidente, emitió normas, decretos y resoluciones que facilitaron el avance del proyecto pese a que no contaba con estudios técnicos completos. Entre ellas figuran el Decreto Supremo 018-2004-MTC, que declaró prioritario el proyecto; la Ley 28214, promovida por Perú Posible, que lo declaró de necesidad pública; la Resolución Suprema 044-2004-EF, que designó a un comité de Proinversión integrado por funcionarios de su confianza.
Además, destacan la Resolución Suprema 156-2004-EF y la Resolución Suprema 006-2005-EF, que ratificaron decisiones del Consejo Directivo de Proinversión a favor del consorcio; y el Decreto Supremo 022-2005-EF, que exceptuó al proyecto del cumplimiento de la fase de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Con esas decisiones, según la acusación, Toledo garantizó que la obra fuera adjudicada en condiciones ventajosas para la empresa brasileña, en perjuicio del Estado.
Presunto lavado
Según el Ministerio Público, Toledo habría cometido lavado de activos agravado junto con Maiman mediante el uso de complejas operaciones financieras.
La Fiscalía afirma que se realizaron transferencias por más de US$ 3,9 millones a cuentas de compañías como Trailbridge Ltd., Warbury & Co., Merhav MNF y Confiado International Corp., todas vinculadas a Maiman. Estas operaciones tuvieron como finalidad ocultar el origen ilícito de los sobornos pagados por Camargo y Correa y evitar su rastreo por las autoridades.
Se detallan al menos 34 operaciones de conversión y transferencia, que incluyen colocaciones en bancos de Estados Unidos, Reino Unido, Israel y paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Gran Caimán y Bahamas.
Argumentos
En su resolución, el juez Richard Concepción Carhuancho recordó la vigencia del Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos desde 2003, lo que garantiza la viabilidad jurídica del pedido.
Precisó que los presuntos delitos imputados —colusión y lavado de activos— no tienen carácter político ni conexo, por lo que son extraditables según la Constitución (artículo 37) y el Código Procesal Penal.
Además, la Fiscalía acompañó elementos de convicción como declaraciones de colaboradores eficaces, testimonios de Maiman y Jorge Barata, registros migratorios y documentos oficiales que vinculan a Toledo con las decisiones que favorecieron a Camargo y Correa.
También se consideró la gravedad de una eventual condena. La acusación fiscal solicita más de 24 años de prisión.
El magistrado concluyó que se cumplen los presupuestos formales y materiales exigidos por la normativa, por lo que dispuso elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá emitir opinión antes de que el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores, formalice la solicitud a Estados Unidos.
Testimonios
Uno de los testimonios más relevantes es el del fallecido Josef Maiman, exsocio y amigo personal de Toledo, quien declaró en 2020 que recibió dinero de Camargo y Correa para entregarlo al expresidente. .
También destaca la declaración de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, quien refirió que Toledo buscó que Camargo y Correa se quedara con el Tramo 4 de la Interoceánica, para lo cual intervino directamente en las negociaciones.
A ello se suman registros migratorios que demuestran viajes coincidentes de Toledo, Dan On y representantes de Camargo y Correa a Brasil en 2004, así como actas de visitas en Palacio de Gobierno que evidencian encuentros con directivos del consorcio.
Lo que sigue
El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado precisó a El Comercio que ahora la Corte Suprema tendría que confirmar la resolución del juez Concepción Carhuancho, que seguramente será impugnada por los abogados de Toledo.
Luego, el Ejecutivo debería adoptar una resolución acogiendo el pedido de extradición, para presentarla a los Estados Unidos mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú la enviará al Departamento de Estado de los Estados Unidos y éste a su vez al Ministerio de Justicia (Secretaria de Justicia de los EEUU). Estamos hablando de entre tres a seis meses como máximo”, estimó.
Maldonado prevé que la extradición será aprobada. “El tratado vigente entre EE.UU. y Perú admite ampliaciones de solicitudes de extradición, más aún plausibles si están vinculadas a los hechos de la primera extradición concedida”, dijo.
