Silvana Carrión: “Debe haber jueces exclusivos para el caso Lava Jato” | ENTREVISTA

La abogada Silvana Carrión se sumó a esa procuraduría en el 2017 como adjunta y desde el 2020 es quien la dirige. Según sus cifras, a la fecha ya tienen asegurado el futuro cobro de S/ 1,300 millones de soles por reparaciones civiles, han logrado que el Poder Judicial ordene el pago de un total de S/ 790 millones y ya han cobrado unos S/ 131 millones para las arcas del Estado peruano.

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En el balance de la gestión de su institución, Carrión destaca que Lava Jato ya es el caso de corrupción por el que más dinero de reparación civil ha logrado cobrar el Perú y estima que el 2022 se lograrán nuevos cobros y nuevos acuerdos de colaboración eficaz. Pero también coincide con Rafael Vela en una necesidad para que el caso no se estanque: la designación de jueces que se dediquen de forma exclusiva al juzgamiento de los más de 90 casos Lava Jato en los que participan.

—Recientemente se cumplieron 5 años del caso Odebrecht en el Perú. ¿En qué etapa estamos?

En estos cinco años, los casos han avanzado significativamente (…) Desde el punto de vista de Procuraduría, de las pretensiones y reparaciones civiles, estamos entrando en un punto en el que nos estamos preparando para comenzar los juicios, en casos que han tomado mucho tiempo de investigación, pero que ameritaban todo este tiempo. Necesitaban ser preparados de manera rigurosa para poder enfrentar un juicio, que será no solo largo, sino también con mucha intensidad.

—De los casos en los que ustedes son parte, ¿cuál es el juicio que esperan que empiece más pronto?

Creo que el caso Metro de Lima podría iniciar. La etapa intermedia [la previa al juicio] es bien importante. Es donde se sanea cualquier defecto o error material que haya tenido la investigación en este tiempo, de cara a pasar a un juicio limpio. Esa etapa, que normalmente debería demorar una o dos sesiones, en el caso Lava Jato el tiempo que toma es mucha más amplio, por la cantidad de investigados. Se tiene que dar el derecho de defensa a todas las partes.

Estamos, en varios procesos, en etapa intermedia. En el caso Toledo, en el caso Metro de Lima, en el caso Costa Verde, en el caso Vía Evitamiento Cusco, en el caso Bonos Soberanos.

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—También se cumplirán cinco años de la creación de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. ¿Qué balance hace del trabajo en este lustro y en el último año?

El primer aprendizaje, a partir de la Procuraduría ad hoc, es la importancia de la reparación civil, que se ha puesto en tribuna como un componente importante dentro de las sentencias en el caso Lava Jato. Lo segundo son las medidas de aseguramiento. Se inician las investigaciones penales y se lanza el esquema de identificación de bienes para poder pedir medidas de embargo, de inhibición, medidas que cautelen la parte patrimonial para el futuro pago de las reparaciones civiles.

Ese trabajo sostenido, que se ha venido realizando en estos cinco años, es algo que ha dado sus frutos. Podemos decir que tenemos más de 1,300 millones de soles asegurados en montos para reparaciones civil, montos que no se veían antes en litigios de procesos penales.

Por ninguna Procuraduría, por ningún representante en defensa de los intereses del estado, hay un monto de esta magnitud, como los que tenemos ahora producto del trabajo de Lava Jato, de entender que la reparación civil debe ser trabajada de manera temprana en los procesos.

—¿Cómo se comparan los montos de reparación ya pagados por el caso Lava Jato con los de otros casos de corrupción en nuestra historia reciente?

Si hablamos de números, el antecedente más próximo son los casos de Fujimori-Montesinos. Allí, estos son datos publicados por la Procuraduría Anticorrupción, hay más de 1,500 millones de soles impuestos por reparación civil, pero que a la fecha se han cobrado más o menos 30 o 35 millones, en veinte años.

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Respecto a estos 5 años de trabajo de la Procuraduría ad hoc, por sentencia, se vienen imponiendo montos de alrededor de 790 millones de soles, con una recuperación que ya ingresó al erario nacional de más de 130 millones de soles.

—¿Lava Jato es el caso de corrupción por el que más dinero ha ingresado al Estado peruano por concepto de reparación civil?

Sin duda alguna. Por lo menos en los últimos 20 años, Lava Jato es el caso de corrupción por el que más dinero ha ingresado por concepto de reparación civil a favor del Estado (…) Son 131 millones de soles que ya ingresaron, a diciembre del 2021, por reparación civil al Estado Peruano. Sin duda, es la reparación civil más alta cobrada hasta el momento en temas de corrupción.

—¿Odebrecht tuvo problemas para pagar sus cuotas de reparación civil al Perú?

A la fecha, Odebrecht ha pagado 124 millones de soles producto del acuerdo de colaboración (…) viene cumpliendo con el cronograma de pagos. Eso se debe a las medidas de aseguramiento que el Estado peruano ha diseñado para estos esquemas de colaboración (…) No es solo pensar en cuánto monto voy a pedir o cuánto se va a fijar, sino también cómo voy a hacer efectivo ese cobro.

—¿Cómo explicar que, si bien hay sentencias de colaboración eficaz y acusaciones en unos 10 casos complejos, aún no hay juicios o sentencias en los casos más emblemáticos de Lava Jato?

De los cinco años, prácticamente dos hemos estado en pandemia. Eso ha retrasado mucho el avance de las investigaciones (…) Ese es un primer factor que explica porque los casos todavía no tienen probablemente una sentencia. Lo otro que hay que entender es que son casos complejos (…) A la par de eso, hay una realidad: no tenemos a la fecha un sistema único, exclusivo, para atender en el Poder Judicial los casos Lava Jato. Eso, sin duda, retrasa mucho el avance de los procesos.

—El fiscal Rafael Vela propone que se creen esos juzgados, viendo que se puede crear un ‘cuello de botella’ con acusaciones que no avanzan en su etapa intermedia. ¿Está de acuerdo con eso?

Sí, sin duda. Es un pedido que también estamos preparando para elevar, con todo respeto, a la presidenta del Poder Judicial, poniendo a su consideración esta situación, que hace que los procesos no avancen con la intensidad que deberían.

La experiencia de los casos Fujimori-Montesinos, donde tuvieron un sistema especializado que atendió solo esos casos, funcionó por varios años, en los que jueces se dedicaron solo a esos procesos. Ese mismo esquema puede ser repetido en Lava Jato. Nosotros nada más tenemos a nuestro cargo 95 procesos penales donde litiga Procuraduría ad hoc.

El Poder Judicial tiene los casos Lava Jato, pero también otros procesos con delitos graves. Eso hace que los jueces no puedan dedicarse solo a atender estos procesos. Eso es un riesgo (…) Puede existir riesgo de prescripción de los delitos menores como tráfico de influencias, negociación incompatible. Lo otro que puede tener es el riesgo de la pérdida de la prueba: testigos que pueden enfermarse o, producto de la pandemia, fallecer.

Creo que debe haber jueces exclusivos para el caso Lava Jato, es algo que hemos venido indicando (…) Se creó un equipo especial de fiscales, se creó una Procuraduría ad hoc, correspondería o sería conveniente que se cree un sistema especializado en el Poder Judicial que atienda solo estos casos.

—Un informe que presentaron hace unos meses señaló que la mayoría de casos investigados por Lava Jato tenían vínculos con el MTC y Provías Nacional. Hoy vemos que Provías Descentralizado se ve involucrado en un nuevo caso de interés nacional. ¿Estas instituciones han tomado medidas para que no surjan nuevos casos como los de Lava Jato?

En nuestro informe de este año se identificó que Provías Nacional era la entidad pública que más licitaciones bajo el esquema de Lava Jato había lanzado. Era el brazo ejecutor del MTC, el cual maneja un presupuesto altísimo. Las acciones de fiscalización tienen que estar concentradas en este ministerio, en este órgano ejecutor. Creo que faltan ajustes que se deben hacer (…) para que puedan ser nombrados funcionarios con carrera en entidad públicas.

—En estos cinco años, la Procuraduría ha visto pasar a cinco presidentes y a más ministros de Justicia. ¿En algún momento sintieron que esto afectó su trabajo?

No. Como órgano técnico, hemos podido desarrollar nuestro trabajo de manera libre, autónoma e independiente. Hemos podido continuar con nuestro trabajo.

—¿Y en el actual gobierno?

No, nos hemos podido manejar de manera autónoma. Hemos tenido el respaldo de la procuraduría general, el doctor Daniel Soria. No hemos tenido ninguna injerencia hasta el momento.

—¿A nivel del presupuesto tuvieron alguna afectación?

En ese punto, sí. Por limitaciones presupuestales, en algún momento, no hemos podido tener de manera permanente a todos los profesionales que necesitamos (…) Con las últimas modificaciones legales en el Congreso respecto a la contratación de terceros, tuvimos muchas limitaciones este 2021.

—¿Y cómo ha sido su relación con el Congreso?

Hemos atendido todos los requerimientos que el Congreso nos ha efectuado (…) Y ahora íbamos a comentar en el Congreso algunas observaciones a la ley de colaboración eficaz.

—¿Cree que se debe modificar?

No en la manera en que se está proponiendo. Creo que es importante que el Congreso, antes que apruebe cualquier dictamen respecto a la colaboración eficaz, escuche a todos los actores que directamente intervienen en este proceso.

—Este año se logró certificar la extradición de Alejandro Toledo, pero su defensa aún podía presentar un último recurso en EE.UU. ¿Esto se llegó a hacer?

La defensa del señor Alejandro Toledo presentó el recurso de hábeas corpus. Está en trámite. Hasta el 7 de enero se puede presentar el último escrito por parte de la defensa y del gobierno americano, en representación del Perú, y luego fijarán fecha para la audiencia respectiva. De lo que nos comentaron los funcionarios del Departamento de Justicia [de EE.UU.], luego de certificada la extradición, toma entre 8 meses a un año que se haga efectiva.

—Hace poco se vio en una audiencia su pedido para incorporarse al caso Gasoducto. ¿Cuál es su pretensión de reparación civil en ese caso?

Siendo el proyecto de una inversión tan grande, que significaba tanto beneficio para un sector importante en el sur del país, que haya tenido hechos de corrupción (…) y que no se haya podido concretar, consideramos que ha generado daño importante al Estado. Por eso, hemos propuesto un monto preliminar de un poco más de mil millones de dólares como monto de reparación civil. Es una cifra preliminar.

—El actual gobierno quiere retomar ese proyecto para la masificación del gas. ¿Es posible que esto ocurra mientras hay un proceso judicial en paralelo?

Si el Estado considera que el proyecto se debe relanzar, es una decisión técnica (…) no tiene ningún impacto en los procesos penales en los que participa la Procuraduría, ni viceversa. Los casos donde se investiga el proyecto gasoducto son por aquella licitación del 2014 donde intervinieron funcionarios con empresas consorciadas.

—¿Qué expectativas tienen para el 2022 dentro del caso Lava Jato?

En este 2021, también hemos obtenido dos nuevos preacuerdos de colaboración eficaz con empresas, que representan 560 millones de soles que van a entrar al Estado peruano. Eso ha sido importante. En el 2022, creemos que hay más procesos de colaboraciones de empresas que van a significar montos importantes de acuerdos de reparaciones. Pero también procesos con personas naturales: estamos por concluir dos, negociando los montos de reparación civil. Son procesos importantes, que van a impactar en diferentes proyectos.

Los montos de embargo van a seguir incrementándose y también creo que se pueden presentar nuevos mecanismos de acuerdos de reparaciones civiles. Por ejemplo, el tema de las terminaciones anticipadas, que implica el reconocimiento de cargos. En Lava Jato, ya hay dos aprobados judicialmente, pero hay posibilidad de que las empresas también puedan tomar ese camino. Sería un mecanismo importante.

También tenemos el juicio por la concesión Línea Amarilla, donde buscamos que la empresa Lima Expresa pague una reparación civil de S/ 17 millones por el incremento ilegal en la tarifa de los peajes. El juicio ya está en la recta final y esperamos que el Poder Judicial aplique justicia y nos de la razón en este caso.

—¿Habrá nuevos interrogatorios en Brasil este año?

Están programados para finales de enero interrogatorios en Brasil, en el caso Gasoducto, por ejemplo. Nos lo ha comunicado la Fiscalía, estamos esperando que la Fiscalía de Brasil confirme las autorizaciones para que se lleven a cabo. Estimo que en el primer trimestre deben fijarse ya declaraciones en Brasil.

—¿Cree que será importante que, a lo largo de este año, la ciudadanía no le pierde el rastro al desarrollo de estos casos?

Sí. Al ser casos de tan alto perfil, un aliado importante ha sido la ciudadanía, que ha estado vigilante, siguiendo las investigaciones. Es importante que sigan en esa dinámica. Probablemente, por el tiempo que ha pasado, el caso haya sufrido un desgaste. Es natural. Los casos penales son largos, en nuestros sistemas y en otros países también. Pero ese no debe hacer que la ciudadanía no siga vigilante, porque eso ayuda a los actores de justicia a que continúen con su labor.

Si hay algún interés por debilitar a uno de los actores de justicia, es importante que la ciudadanía esté vigilante para que levante su voz y pida que estas investigaciones continúen. Por lo menos en este estadio, en el que recién estamos entrando a la etapa intermedia, los equipos especiales deben continuar, hasta que por lo menos varios juicios hayan concluido o estén encaminados. No antes.

—El procurador general Daniel Soria denunció hace poco al presidente Pedro Castillo, pidiendo que la Fiscal de la Nación le abra una indagación preliminar. A su criterio como abogada y procuradora, ¿se puede abrir una indagación a un presidente en funciones?

En el caso del señor Martín Vizcarra, nosotros solicitamos formalmente al fiscal Germán Juárez que inicie las investigaciones en su contra vinculadas a su gestión como gobernador de Moquegua, porque consideramos que puede ser investigado hasta un nivel preliminar. Creo que en este caso no debería ser distinto. Las investigaciones, si ameritan iniciarse, así debe ser, a nivel preliminar o hasta lo que la norma permita.

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