Zamir Villaverde declara ante el Congreso: ¿estrategia de defensa o nueva línea de investigación? | ANÁLISIS

Los abogados coincidieron en que la versión del procesado apunta hacia una estrategia de defensa mediática de parte del empresario, para quien esta semana se confirmó una orden de 24 meses de prisión preventiva.

Además, indicaron que, en todo caso, es el Ministerio Público quien deberá evaluar si lo manifestado por Zamir Villaverde debe resultar en la apertura de una nueva investigación, se incluye en una indagación ya en marcha, o si se descarta.

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Este miércoles, Zamir Villaverde se conectó desde el penal de Ancón I para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. “Tengo toda la predisposición de decir la verdad [...] además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la fiscal Karla Zecenarro sobre cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó ese trabajo al mas alto nivel con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia, perjudicando a Rafael López Aliaga y a Keiko Sofía Fujimori”, dijo.

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El empresario agregó que viene “siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del Gobierno por personas allegadas al presidente de la República, para silenciarme”.

“Estoy preocupado por mi vida, esperando que la fiscal Zecenarro me tome la declaración. Mediante este poder del Estado vengo a hacer una denuncia pública, en mi calidad de empresario, contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable de cualquier atentado contra mi vida”, agregó.

Integrantes de la Comisión de Fiscalización acudieron luego al penal Ancón para continuar con la declaración del investigado. Héctor Ventura, presidente de este grupo de trabajo, dijo luego de diligencia que Zamir Villaverde habló de un “equipo técnico” instalado en un departamento suyo en Surco que “habría favorecido para que Pedro Castillo gane en primera y segunda vuelta” y que “había comunicación con el presidente del JNE”.

“Eso va a tener que ser materia de investigación del Ministerio Público. Nosotros estamos recopilando información abundante, seria, pero este cotejo de información va a tener que ser investigado por el órgano persecutor del delito, que es el Ministerio Público”, comentó Ventura.

Añadió que Villaverde manifestó que el ministro de Justicia, Félix Chero, “habría intercedido para que no declare” y que sí tuvo “tratativas” con los sobrinos de Pedro Castillo “para favorecer licitaciones en el caso Puente Tarata III y en el MTC”.

Conocidas las primeras declaraciones de Zamir Villaverde, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento donde rechazó su versión como falsa y carente de pruebas.

“Exigimos se muestren las presuntas pruebas de tal falso fraude (...) Los actos políticos entre el entorno del actual gobierno y su oposición, así como las maniobras legales de un investigado para sus propios fines y/o expectativas políticas en que se engarza, no pueden ser pretexto de declaraciones escandalosas sin fundamento”, afirmaron.

El ente electoral recordó que las elecciones generales contaron con la presencia de distintos observadores electorales que no reportaron irregularidades, y que el Ministerio Público ya archivó múltiples denuncias hechas en la segunda vuelta relacionadas a acusaciones de fraude. “No hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral”, manifestaron. En tanto, el ministro Félix Chero también negó la versión del investigado y pidió a la fiscalia que “inicie las investigaciones para el esclarecimiento de estas imputaciones temerarias que mancillan mi honor”.

El abogado penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que ve las declaraciones de Zamir Villaverde con “un poco de escepticismo debido a que “estos casos de supuesto fraude electoral han sido investigados y archivados” por la fiscalía”.

“Esto no significa que el caso no pueda renacer. Eso implicaría tener algún tipo de indicio o pruebas, pero ya reforzadas: por ejemplo, que presente algún tipo de comunicación en la que haya sido un testigo presente de intercambio de favor o favorecimiento respecto de los miembros del JNE, o algunos chats. Pero no necesariamente estas versiones donde dicen que escuchó a una persona que se refería a esta otra cuestión”, dijo el abogado.

Andy Carrión señaló que “ante imputaciones tan grandilocuentes lo que necesitas son pruebas reforzadas” y consideró que “a lo que están apuntando Zamir Villaverde es quizás a establecer un ámbito de persecución política”.

“Definitivamente, esa es una defensa mediática. Si la fiscalía a va ir a tomarle su declaración, lo que va a preguntarle es si el jurado se ha coludido [...] y le va a pedir los indicios que respaldan sus dichos”, agregó.

También opinó que si el investigado llegase a sustentar sus dichos, “obviamente se abriría una línea muy interesante de investigación”, pero que esto no puede ser únicamente con su palabra.

“La fiscalía, ante esto, tiene que reaccionar como una noticia criminal. No es que vayan a rechazar de plano lo que dice [...] Si ven que en base a su declaración pueden implementar algún acto de investigación para corroborar sus dichos, lo podría hacer”. En este supuesto, la fiscalía anticorrupción debería definir por estrategia si incluye esto su investigación en marcha o si la deriva a otro despacho.

Carrión también dijo que lo que suele hacerse cuando un investigado tiene información contundente, es acudir a la fiscalía para entregar esta información y buscar un beneficio como la revocatoria de una prisión preventiva.

“Partir del hecho de decirlo ante un Congreso que mayoritariamente es conformado por gente de oposición y que en su oportunidad sostuvieron el tema del fraude, hace que haya un halo de duda respecto a lo que están diciendo”, comentó.

Zamir Villaverde es investigado como miembro de una presunta organización criminal dedicada al direccionamiento en la licitación de obras.

La hipótesis de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro lo señala como supuesto operador del presidente Pedro Castillo, a quien consideran como presunto líder de esta red.

Por estas imputaciones y por la existencia de un riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia, el Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra, medida que ya fue confirmada en segunda instancia.

En este escenario, el exprocurador anticorrupción Joel Segura comentó a El Comercio que la declaración de Zamir Villaverde se da “como sujeto imputado”, por lo que “su versión, siguiendo líneas jurisprudenciales, es poco fiable”.

“La fiscalía, si quiere utilizar [su declaración para abrir otras líneas de investigación], debe descartar intereses subjetivos con otros elementos”, comentó.

“A cualquiera puede generar ciertas dudas sobre el escenario en el que declara. Normalmente un procesado busca dar esta manifestaciones en la fiscalía dado a los beneficios o algunas medidas inmediatas que puedan tomar las autoridades que están investigando estos casos. En cambio, una declaración en el Congreso no tiene estos mecanismos [...] Esto convierte [lo dicho por Villaverde] en una declaración bastante política y obviamente, también está buscando llamar la atención, mediatizar su caso”, dijo.

Sin embargo, el abogado agregó que “esto recién empieza” y que “dependerá del declarante qué elementos tiene para dar peso a su versión”. “Su dicho entra en varios supuestos y dependerá de si logra o no contrastarlo para ver si fue una estrategia defensiva”, declaró.

Cuestionado sobre si esta línea de investigación correspondería a la misma fiscalía anticorrupción del caso Puente Tarata o a otro despacho el Ministerio Público, Joel Segura respondió que “después que declare ante la fiscalía [anticorrupción], ellos evaluarán si hay conexión con los hechos que investigan” o si derivan todo a un fiscal penal de turno.

En diálogo con este Diario, la abogada Liliana Calderón opinó que las afirmaciones de Zamir Villaverde “parecen más bien una estrategia legal de victimización, de aprovechamiento de las circunstancias”.

“Todo apunta a que lo que está buscando es, de repente, mover a la opinión pública, generar algún tipo de inestabilidad”, comentó.

Estimó que el empresario podría estar desviando la atención de su prisión preventiva e intentando “hacerse pasar como una suerte de preso político”.

“No tiene mucho sentido señalar eso [del fraude] en medio de una comisión y en un caso que tiene ninguna vinculación [...] Si de verdad quisiera un acuerdo con la fiscalía, la vía legal idónea es la colaboración eficaz. Para eso podría acercarse al Ministerio Público, reconocer responsabilidad sobre los hechos que le imputan y aportar prueba suficiente que la fiscalía corrobore y compruebe lo que está señalando para obtener un beneficio”, dijo.

La abogada comentó que es llamativo que Zamir Villaverde haya elegido dar esta versión luego de que se le confirmó la prisión preventiva y no antes, que es cuando suelen darse las declaraciones que pueden llevar a una colaboración eficaz.

También señaló que las investigaciones del Congreso tienen un tinte político-administrativo, al margen de la investigación penal de la fiscalía, y que al no ser un funcionario, no tienen facultades sobre Zamir Villaverde.

“Lo que podría suceder es que la Comisión de Fiscalización envié todo lo que han actuado para que el Ministerio Público evalúe. De repente él, además de lo que ha declarado, presenta alguna evidencia y eso el Ministerio Público lo tendrá que valorar”, afirmó.

Sin embargo, consideró que sería “absurdo” abrir una nueva investigación cuando otras sobre el tema ya han sido archivadas. “No tienen ningún sentido creer, a esta alturas, esa teoría”, aseveró.

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Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, declaró a El Comercio que las afirmaciones de Zamir Villaverde son sorpresivas y “parecen la articulación de una táctica de defensa, una defensa pobre y que para efectos de mejorar su situación procesal, es irrelevante”. “Es casi un hecho imposible de probar. Es sacar de los archivos un tesis aventurera, ahí están los informes de organismo interaccionales”, dijo.

Consideró que Villaverde intenta “abonar en un argumento político de pobre catadura” y que, como táctica de defensa, no prosperaría.

“Es apostar por un argumento de pobre futuro (...) Buscaría algún impacto, pero ningún fiscal o juez sensato va a comprarse ese argumento. ¿Cómo va a probarlo? ¿O sea que todos estuvieron equivocados, el Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea, la OEA?”, cuestionó.

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Maldonado también puso en duda que exista una relación entre las supuestas irregularidades electorales y el Caso Puente Tarata, pero que si se quisiera seguir ese hilo, la responsabilidad penal del propio Zamir Villaverde sería peor. “Si supo que era parte de una esquema de fraude general a la nación peruana, se prestó a eso y además lo hizo con la intención de robar. Esa tesis de defensa es tan pobre que solo agrava el reproche jurídico penal (...) Su situación jurídica sería peor”, indicó.

Sobre lo que sucedería con la declaración de Zamir Villaverde si se presenta ante la fiscalía, comentó que el “Ministerio Público no puede hacer un traslado mecánico de cualquier cosa que se le diga”. “Tiene que haber un atisbo de realidad, de objetividad, de verdad. Si hubiera eso, por supuesto que tendría que derivar los hechos al despacho del Fiscal de la Nación [...] pero tendría que pasar por el filtro de la constatación mínima”, manifestó.