Zoraida Ávalos regresó como fiscal suprema por decisión del Poder Judicial que dejó sin efecto su inhabilitación. Foto: Archivo GEC
Zoraida Ávalos regresó como fiscal suprema por decisión del Poder Judicial que dejó sin efecto su inhabilitación. Foto: Archivo GEC
Redacción EC

La Corte Suprema del ratificó el archivo de la investigación contra la fiscal suprema por presuntamente no haber investigado al expresidente Pedro Castillo, lo que el Congreso calificó como una omisión o retardo de sus funciones y que fue usado como motivo para aprobar su inhabilitación.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el fallo en primera instancia que le dio la razón a la defensa legal de Ávalos y declaró fundado el recurso de excepción de improcedencia de acción, con el cual indicó que no podía ser procesada penalmente por actos que no constituyen un delito.

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Ante esta decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 23 de noviembre del 2023, la Procuraduría General del Estado presentó una apelación alegando que no cumplió con los plazos adecuados y que no se tomó en cuenta su solicitud de indemnización antes de emitir resolución.

El tribunal supremo encabezado por el juez César San Martín ratificó todos los extremos del fallo en primera instancia en el sentido en que la fiscal suprema actuó de acuerdo a ley, no incurrió en omisión o retardo de funciones porque sí inició una investigación preliminar contra Pedro Castillo, y que actuó según sus competencias al interpretar el artículo 117 de la Constitución para suspender los actos de investigación.

Sin embargo, la Corte Suprema dijo que como la pretensión de reparación civil no fue debatida en audiencia ni mencionada en el fallo apelado, no puede pronunciarse en esta materia.

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Por esto, dispuso que el el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se pronuncie sobre la admisibilidad y procedencia de la solicitud indemnizatoria de la Procuraduría General del Estado.

Zoraida Ávalos se reincorporó al Ministerio Público como fiscal suprema en mayo de este año, luego que el Poder Judicial fallara a favor de su demanda de amparo y ordenara que se deje sin efecto la decisión del Parlamento de inhabilitarla de la función pública.