Los directores de la matriz de Odebrecht en Brasil enviaron un oficio al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, explicando las razones de la presentación de una demanda arbitral contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El documento del 22 de enero del 2020, al que accedió El Comercio, es firmado por Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, director presidente y director jurídico, respectivamente, de Odebrecht S.A.
La compañía recodó que el 24 de enero del 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el Estado peruano decidió finalizar la concesión del gasoducto del sur al consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Según aseveró, fue un “golpe muy fuerte” para la empresa frente a sus acreedores financieros y aseguradores internacionales. Asimismo, cuestionó que no haya habido indemnización, considerando que se invirtió más de mil millones de dólares a través de financiamientos corporativos con diversos bancos nacionales e internacionales.
Al respecto, Odebrecht señaló que, en el mismo período en que había iniciado el proceso de colaboración eficaz, PPK manifestó públicamente que la empresa debería retirarse de Perú “en un plazo de seis meses o en un plazo menor”. Por ende, considera que se evidenció que el acto de terminación de contrato con el consorcio Gasoducto Sur Peruano “fue realizado con desvío de finalidad, motivados por intereses personales (y no públicos).
Odebrecht también indica que intentó alcanzar un acuerdo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio por el que la compañía buscaba recuperar su inversión; sin embargo, no hubo éxito y por ello se decidió presentar la demanda ante el CIADI.
Este mediodía, la empresa Odebrecht emitió un comunicado público en el que ratifica su posición expresada ante la fiscalía.
“Odebrecht S.A., la holding controladora de OLI Lux, se encuentra en un proceso de junta de acreedores en Brasil como viene siendo ampliamente difundido por la prensa. En dicho proceso, Odebrecht S.A. es obligada a ejercer todas las acciones necesarias para cumplir con el pago de todos sus acreedores, entre ellas la búsqueda de recuperación de la inversión realizada por OLI Lux en el Proyecto GSP. No hacerlo representaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a sus acreedores (inclusive autoridades de Brasil como el Ministerio Público Federal, la Contraloría y la Procuraduría, que son algunos de los acreedores más representativos)”, señala.
Sin embargo, la empresa ratifica su compromiso pactado en el Acuerdo de Colaboración.