Las nueve reformas, por Jaime de Althaus

La gran tarea de los próximos años será la batalla por la institucionalidad, por el imperio de la ley, por incorporar al país entero en un orden legal inclusivo y a la vez riguroso.

La descomposición del sistema de partidos y una descentralización precipitada, botarate y sin controles institucionales han fomentado el avance incontenible de las mafias de toda calaña, que asaltan los poderes locales para apropiarse del botín presupuestal y favorecer el reinado de la minería y la tala ilegales, el narcotráfico, el contrabando, los sindicatos de construcción civil y otras enfermedades. Los gobiernos subnacionales al servicio del delito.  

Al mismo tiempo, leyes laborales, tributarias y sobreregulaciones de todo tipo expulsan a los peruanos a la informalidad o la ilegalidad. La ley no impera en el Perú en parte porque ella es costosa o inaplicable, y en parte porque el sistema institucional está mal diseñado o es débil y favorece en lugar de castigar la ilegalidad. La institucionalidad vigente expulsa a la ilegalidad y no la castiga.

La gran reforma, entonces, consiste en crear un ambiente legal sencillo, inclusivo, acogedor, y un diseño institucional que organice el país, lo ordene y castigue la ilegalidad. En atraer a los peruanos al sistema legal y castigar a los que quedan fuera. Flexibilizar para incorporar, y endurecer para los reacios.     

Un ambiente legal inclusivo, acogedor, que permita a las clases emergentes aprovechar las palancas de la formalidad para seguir creciendo en lugar de desbordarse a la ilegalidad, supone tres reformas: laboral, tributaria y desregulatoria. Estas son clave porque crean ciudadanos contribuyentes y responsables dentro de un sistema de obligaciones (ayni) nacional, ya no solo familiar, amical o comunal. Quien paga  impuestos es menos tolerante con la corrupción y exigirá mejores servicios. Por eso, una cuarta reforma fundamental es que los gobiernos locales recauden sus propios ingresos (predial) y los regionales reciban parte del impuesto a la renta generado en la región. Así darán cara a contribuyentes fiscalizadores.

Pero ciudadanos contribuyentes exigen mejores servicios públicos y cero corrupción. Eso demanda una quinta reforma: una administración profesional y meritocrática (servicio civil) en todo el Estado. Y una sexta: reorganizar la descentralización, redistribuyendo las competencias de una manera más eficiente entre los tres niveles y fortaleciendo el carácter unitario del Estado devolviéndole al gobierno nacional capacidad de control, intervención y sanción. El botín tiene que dejar de ser un botín.

Pero eso, contener la feudalización mafiosa y recuperar control político nacional,  pide a su vez una sétima reforma: la política, para que solo se pueda acceder al poder nacional, regional o local por medio de unos pocos partidos mejor implantados en el territorio –un sistema de partidos- o por medio de movimientos regionales verdaderamente tales.

Pero no basta con hacer menos asaltables los gobiernos subnacionales: hay que descubrir y castigar a los asaltantes, a las mafias. Para eso son indispensables las reformas del sistema de justicia y de la investigación policial.