Podemos Perú: José Luna busca anular procesos por presunta organización criminal y lavado de activos con miras a las elecciones 2026

Precisamente, desde Junín, oficializó su intención de postularse a la presidencia en las elecciones generales del 2026 en una marcha que terminó con un mitin político. No obstante, la campaña de León Gálvez comenzó antes, a través de sus proyectos de ley, en sus reuniones partidarias y visitas a diversos distritos de Lima.

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Para el Día de la Madre, en mayo último, participó en una actividad donde hubo electrodomésticos como regalos, tal como lo muestra el mismo congresista de Podemos Perú en su cuenta de Facebook.

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Luna Gálvez ha buscado ampliar sus horizontes políticos. Y es que, más allá de los diversos sectores que ha tratado de captar como los comedores populares, los pequeños empresarios, sector salud, vehicular, entre otros, también ha logrado afianzar sus vínculos con el sector minero.

Tal como lo informó este Diario, el congresista ya ha sostenido reuniones con la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin). Además, en el último año de su gestión ha presentado, por lo menos, tres proyectos de ley a favor de la minería ilegal.

Y, desde sus redes sociales viene impulsando cuestionamientos a los cotos impuestos al Reinfo, para que la minería ilegal y artesanal vuelvan a ser consideradas en el proceso de formalización.

Sin embargo, mientras Luna Gálvez busca poner la sonrisa más amplia para sus correligionarios, a través de su defensa legal viene bregando para que su procesos judiciales, que lo implican en graves delitos, sean mandados al archivo o anulados, de acuerdo a documentos a los que accedió El Comercio.

El pasado 11 de julio, José Luna Gálvez apeló una resolución judicial, con lo que busca anular y excluir del procesos que se le sigue por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la declaración de dos aspirantes a colaboradores eficaces.

Pero además, de acuerdo a los señalado por el Ministerio Público, también buscaría que el caso vuelva a su estado inicial para que se modifiquen las imputaciones por las que es procesado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y enriquecimiento ilícito.

En este caso, Luna Gálvez es procesado por cuatro hechos: su presunta injerencia en la elección ilegal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Carlo Magno Castillo Meza, el copamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la inscripción ilegal del partido Político Podemos por el Progreso del Perú, y presuntas represalias contra los funcionarios que denunciaban irregularidades.

En mayo pasado, mientras Luna Gálvez continuaba con sus actividades políticas, su abogado Eduardo Barriga postuló una tutela de derecho ante el Poder Judicial (PJ) para que se excluyan de este caso las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces 2109-2018 y 2301-2020, argumentando que en el 2024, ambos procesos de colaboración fueron archivados dentro del proceso “madre” del Caso Cuellos Blancos del Puerto por no llegar a ningún acuerdo.

Por tanto, sostuvo que dichas versiones deben ser excluidas del expediente al ser “inexistentes” y afectar derechos de su patrocinado ya que habrían sido usadas para formalizar la investigación preparatoria.

Sin embargo, la fiscal Karen Sicos de la Fiscalías de Crimen Organizado reveló la principal intención del congresista. Y es que, de acuerdo a lo alertado por la representante del Ministerio Público (MP) la defensa de Luna Gálvez buscaría que el caso se “retrotraiga” hasta la disposición fiscal número uno, lo cual no era viable teniendo en cuenta que la investigación preparatoria en este expediente ya concluyó en enero del 2025, y actualmente se encuentran elaborando el auto acusatorio.

Además, precisó que las declaraciones de ambos aspirantes a colaboradores cuestionadas fueron adjuntadas al caso como “noticias criminales”, ya que fueron emitidas por medios de comunicación, y no fueron actuación directa de las diligencias en el caso.

“Es decir, actualmente, este despacho fiscal se encuentra en la elaboración del requerimiento respectivo; el mismo que estará sustentado en diferentes elementos de convicción a los que señala la defensa que serían las declaraciones de colaboraciones eficaces”.

Karen Sicos, fiscal de la Fiscalías de Crimen Organizado

La fiscal precisó además que el Ministerio Público ha recabado numerosos elementos de convicción que, conforme a la progresividad de la investigación, les ha permitido recabar no solo las declaraciones de diversos colaboradores eficaces.

El procurador Rony Fernández también señaló que no se cumplían los requisitos para la exclusión de los medios probatorios, y no hubo vulneración de sus derechos fundamentales por lo que el pedido de la defensa del congresista no debía proceder.

“La conclusión es que no se cumple con los requisitos de procedibilidad para invocar la tutela de derechos, consecuentemente debería ser declarado improcedente”, señaló

Este incidente será revisado próximamente por una Sala Superior.

El Comercio pudo confirmar que, a la fecha, el Ministerio Público continúa con la elaboración del requerimiento respectivo y que el mismo sería presentado próximamente.

Con ello, Luna Gálvez podría sentarse próximamente en el banquillo de los acusados por este caso vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sin embargo, el congresista José Luna también viene accionando a través de otros recursos con la finalidad de poder librarse del caso de presunto crimen organizado en el proceso vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Actualmente, la Corte Suprema tiene pendiente de resolver un recurso de casación que interpuso la defensa legal del parlamentario a fin de que se archive el delito de crimen organizado, buscando la aplicación de la Ley N.° 32108 emitida el año pasado por el Congreso de la República.

Como se recuerda, en octubre del 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó un recurso de “excepción de improcedencia de acción por atipicidad del delito de organización criminal” presentado por Luna Gálvez y su abogado.

Para el líder de Podemos Perú, el proceso seguido en su contra no habría cumplido con los requisitos para que se le impute el delito de crimen organizado, de acuerdo a la modificatoria penal.

No obstante, el Ministerio Público adecuó el caso a la Ley N.° 32108, como marco de interpretación la Convención de Palermo que el Perú ha reconocido por la Constitución. Así, precisó que al congresista se le atribuye ser líder de la presunta organización criminal, que ha operado desde el mes de noviembre del 2014 hasta el 2020 y que estuvo constituida hasta por 23 personas que realizaron actos ejecutivos participando en las actividades del programa criminal y que la finalidad económica se persigue desde su detentación en el poder con la inscripción del partido Político Podemos Perú.

Por ello, el juzgado señaló que las imputaciones contra el investigado se encuentran debidamente descritas y son subsumibles en los elementos típicos del delito de organización criminal.

El magistrado indicó que ya se había resuelto similar pedido en el caso de Vladimir Cerrón y Waldemar Cerrón, donde además se tomó en cuenta que el investigado José Luna, con su voto como legislador participó de la aprobación de la Ley N.° 32108, que ahora invoca para lograr archivar el delito que se le atribuye como líder de una presunta organización criminal; situación que colisiona con el principio que “nadie puede aprovecharse de su propia iniquidad”, y nuestra Constitución condena en el artículo 103° “no ampara el abuso del derecho”.

En apelación, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la decisión de primera instancia, señalando que Luna Gálvez debía seguir siendo investigado por el presunto delito de crimen organizado.

“La imputación sostiene una estructura compleja, que involucra a particulares y funcionarios públicos, últimos de distintos organismos constitucionales como del ex Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE a modo de un comportamiento holístico, luego en lo referido a que los integrantes son variables, no es atendible porque con independencia de la exigencia de valoración de evidencias en referencia a la fungibilidad, la imputación especifica contra el procesado Luna Gálvez tiene la condición de líder y no integrante.”

Jorge Chavez Tamariz, juez de investigación preparatoria

Será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la instancia que definirá si archiva o no el presunto delito de organización criminal.

Sin embargo, en paralelo a ello, Luna Gálvez busca que el Tribunal Constitucional (TC) restablezca la resolución judicial de primera instancia que declaró fundada su demanda de habeas corpus de abril del 2025 y que dispuso la nulidad de tres procesos judiciales seguidos en su contra por graves delitos.

Como se recuerda, el Primer Juzgado Constitucional anuló las investigaciones seguidas contra el congresista por el caso vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, seguido ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Carpeta Fiscal N° 34-2024- anteriormente en la Carpeta Fiscal N° 07-2019).

También anuló el denominado Caso ONPE, seguido ante el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Carpeta Fiscal N° 99-2019), por presuntamente haber efectuado depósitos de altas suma de dinero, entre noviembre del 2015 a febrero del 2018, a favor del ex consejero Iván Noguera Ramos, del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Además, se incluyó el Caso Lava Jato seguido ante el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial (Carpeta Fiscal N° 12-2019) por haber emitido cheques a favor del fallecido ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, canalizados a través de su universidad Telesup SAC.

La decisión fue revocada en el mes de mayo por la Segunda Sala Constitucional ante la apelación interpuesta por el Procurador Público del Ministerio Público (MP).

Luna Gálvez, a través de su abogado Miguel Ángel Soria, había postulado una presunta vulneración a la prerrogativa del antejuicio, por estar siendo investigado pese a su condición de congresista. Sin embargo, el tribunal superior precisó que la acción penal es una prerrogativa constitucional del MP y que el proceso penal cuenta con los mecanismos para que el investigado pueda cuestionar las actuaciones fiscales, situación que escapa del ámbito constitucional.

Ante dicha decisión, la defensa de Luna Gálvez interpuso un recurso de “agravio constitucional” a fin de que el caso sea derivado ante el Tribunal Constitucional para que analice en última instancia su demanda de habeas corpus.

De acuerdo al registro, el expediente del caso fue enviado al TC el pasado 27 de junio.

Por ahora, Luna Gálvez continúa con sus labores parlamentarias y políticas, con medida de comparecencia restringida en algunos de sus procesos. De acuerdo al proceso, en el Caso ONPE se le impuso comparecencia simple; y en el Caso Lava Jato, el pasado mes de junio, se dictó el cese -por caducidad- de la medida de comparecencia con restricciones, por lo que el pasado 24 de junio, el Ministerio Público apeló dicha decisión.

Por ahora, solo se mantiene vigente la comparecencia con restricciones, con impedimento de salida del país, en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Este Diario buscó a Eduardo Barriga, abogado de José Luna, a fin de recoger la posición legal de las investigaciones y procesos; sin embargo comentó que guarda la reserva debida en los procesos. No obstante, precisó que lo viajes del congresista son debidamente autorizadas por mandato judicial.

“Los viajes a provincia son debidamente autorizado por el juzgado; y debido a la reserva de ley, me prohíbe comentar cualquier detalle.”

Eduardo Barriga, abogado de José Luna