La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, afirmó que la Autoridad Nacional de Control (ANC) debe sancionar con firmeza a los jueces y juezas deshonestos, pero también reconocer y valorar la probidad de la mayoría de magistrados que desempeñan su labor con ética, dedicación y compromiso con la justicia.
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“Es muy importante que, así como se sanciona administrativamente a jueces, juezas y servidores judiciales, también se repotencie la cultura ética, porque la mayoría, que somos probos y damos lo mejor de nuestro trabajo al servicio de la justicia, también debe reconocerse”, manifestó Tello durante la ceremonia por el segundo aniversario de la ANC, realizada en el auditorio del Edificio Carlos Zavala del PJ, en el Cercado de Lima.
La magistrada suprema subrayó que el trabajo de la ANC no solo abarca el control disciplinario, la apertura de procedimientos administrativos y la imposición de sanciones, sino también tareas de prevención, supervisión e inspección, de acuerdo con la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Justicia de Paz.
Asimismo, resaltó que la ANC, creada por Ley N° 30943, es un órgano autónomo cuya misión fundamental es garantizar la integridad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. En ese sentido, reafirmó que el Consejo Ejecutivo del PJ respalda sus requerimientos, incluida la asignación presupuestaria, para asegurar su eficacia y erradicar a los malos elementos del sistema.
Por su parte, el jefe de la ANC, Roberto Palacios Bran, agradeció el respaldo de la Presidencia del PJ y destacó que, bajo el liderazgo de Tello Gilardi, se vienen implementando reformas como las unidades de flagrancia, la oralidad civil y el programa de orientadoras judiciales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
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La ceremonia por el segundo aniversario de la ANC incluyó actividades académicas y protocolares, como un ciclo de conferencias y una misa de acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced, con la presencia de jueces supremos, presidentes de cortes, jefes de oficinas descentralizadas de control, magistrados y funcionarios judiciales.
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