Iván Arenas: “Cada partido va a tener su minero informal en el 2026” | Entrevista

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—¿Qué rol están cumpliendo hoy las asociaciones mineras informales en la búsqueda de legitimidad?

Es una estrategia básicamente política. Como es difícil presentarse como asociaciones de mineros informales, buscan construir una organización de ancha base que integre aspectos políticos, sociales, reivindicativos. Intentan jalar a otros actores, líderes, organizaciones. Por ejemplo, cuando se habla de mineros ancestrales, se retira el tema de la informalidad para atraer otro tipo de público. Así, buscan legitimarse social, política e ideológicamente.

Entonces, dejan de ser sectoriales o buscar la formalización, para convertirse en organizaciones políticas que construyen una narrativa potente para legitimar la toma de concesiones.

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—¿Cómo interpretamos la presencia de afiliados a partidos políticos dentro de las dirigencias de estas asociaciones?

Una organización de mineros informales es simplemente sectorial, pero si lo que se quiere es ampliar esto hacia otros escenarios como el político, entonces la organización va avanzando y atrayendo otro tipo de gente. Entonces, se integran dirigentes de diferentes partidos y movimientos, incluso conservadores y religiosos. Se constituye una organización de ancha base, porque saben que desde la informalidad sola no pueden avanzar. Lo que hacen es politizar el tema. En politología se habla de “politizar los dolores de la gente”. El “dolor” de la informalidad se convierte en un tema ideológico, le ponen carga narrativa, y así se construye una plataforma político-electoral.

—En plataformas como TikTok, estos grupos han ganado visibilidad. ¿Cómo impacta esta narrativa en el debate público sobre minería y formalización?

Aquí hay tres puntos claves: representación política, organización y relato. Y una cuarta sería la movilización directa, que también necesita un relato fuerte. El relato es simple: grandes contra pequeños. Se construye un discurso de pueblo contra élite, David contra Goliat. Y ese relato funciona muy bien porque, en las redes, la comunicación es muy directa y fluida. Pero no existiría sin financiamiento.

—¿Se está construyendo un relato que intenta desvincular estas actividades de su carácter ilegal para proyectarlas como una causa social legítima?

Exactamente. Como el tema informal o ilegal no da para más, lo que quieren es mantener el status quo. Utilizan relatos que, en realidad, sirven para legitimar. Lo que quieren es básicamente la toma de concesiones. Aquí se necesita desarmar cada uno de esos relatos. Lo que existe no es representación política real, sino se busca mantener el status quo con ayuda de partidos, dirigentes y operadores políticos, algunos probablemente rentados.

—¿El Estado está reaccionando adecuadamente ante este tipo de estrategias de legitimación?

Creo que el Estado no reacciona. Probablemente piensa igual. Cree que hay acaparamiento o “concesiones ociosas”. El Estado debería aplicar la ley, pero no tiene un relato sobre la formalización, porque la minería formal no podemos mantenerla como está. Vamos a tener problemas, es más ya los tenemos. Se habla de los 50 mil Reinfo [Registro Integral de Formalización Minera] que han sido anulados, pero el verdadero problema está en los más de 31 mil Reinfo donde aún se camufla la minería ilegal. Y ahí debe estar el enfoque del Estado.

—¿Qué lectura le deja la reciente marcha de mineros informales que acamparon durante días frente al Congreso?

Hay varias interpretaciones. Primero, Máximo Franco Bequer (presidente de la Confemin Perú) finalmente no consiguió nada y eso debilita su legitimidad como actor. Segundo, eso no se hace sin recursos; hay mucho financiamiento [detrás]. Tercero, creo que han olvidado que representan a un mundo minero diverso. Las demandas no son las mismas en Atico que en Secocha, Puno o La Libertad. Al final, lo que han conseguido es un debilitamiento de la Confemin Perú, que se ha quedado con una plataforma muy reducida, político-electoral ideológica y sectorial en Pataz. A tal punto de que ha desarmado, creo yo, las posibilidades de que el mundo minero informal tenga en los próximos meses una Ley Mape.

—¿Cuál es el rol del Congreso de la República en el avance de las demandas de los mineros informales?

No se puede entender de forma unívoca. Hay sectores que están a favor, pero no para formalizarlos, sino para mantener el statu quo. Eso es dudoso. Hay otro sector que se opone a la Ley Mape [Ley de Formalización de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal] como se ha planteado, pero el problema es: ¿qué Ley Mape se va a proponer ahora? Creo que los tiempos no van a dar. No creo que alcancen a construir una nueva propuesta antes de diciembre, cuando vence el plazo del Reinfo.

“El Gobierno se ha equivocado con las mesas de diálogo. La agenda estaba definida: revisar los Reinfos, trabajar la Ley Mape y abordar los derechos laborales"

—¿Cuál es su evaluación del mensaje de la presidenta Dina Boluarte respecto a la minería informal?

El Gobierno se ha equivocado con las mesas de diálogo. La agenda estaba definida: revisar los Reinfos, trabajar la Ley Mape y abordar los derechos laborales. Pero abrieron una subcomisión para revisar los más de 50 mil Reinfos, que no tienen nada que ver. También se ha equivocado en darle tanta legitimidad a Confemin, darle tanto peso de intermediación política ha sido grave. Mencionar a Confemin en el mensaje [a la Nación] yo creo que no ha sido tan sagaz. Lo que el Gobierno debe limitarse es simplemente a cumplir la agenda.

— ¿Qué riesgos enfrenta el país si los grupos informales siguen avanzando en legitimación política y social sin que se impulse una reforma de fondo?

La minería informal e ilegal es el único sector hoy capaz de financiar grupos armados para proteger concesiones. Tienen recursos, legitimidad y narrativa.

Dejar este mundo informal a merced de otros y entregarles a los clanes familiares es haber perdido una parte importante de este capitalismo popular minero, que necesitamos atraerlo con una Ley Mape de formalización y con políticas reales.

—¿Cómo podrían influir los intereses de los mineros informales e ilegales en el próximo escenario electoral 2026?

De hecho, ya influyen. Participarán con dinero y recursos, a través de lo que se conoce como “entrismo político”: entrar en diferentes partidos y “contaminar” y tomar posiciones de poder. Creo que cada partido va a tener su minero informal en el 2026, no solo por votos, sino por recursos económicos.

Ahora la representación es de manera indirecta, a través de congresistas que no saben mucho del sector.

Pero buscarán representación directa: curules propias en el Senado o la Cámara de Diputados. Es un cambio cualitativo, distinto a lo que se ha visto. Y hay que evitarlo.