Procesados en el golpe de Estado se reciclan: ¿Qué partidos políticos o alianzas electorales promueven Pedro Castillo y sus exministros?

Aunque son procesados por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez y Roberto Sánchez promueven partidos y alianzas políticas con miras a los comicios del 2026.

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Todos ellos irán próximamente a juicio oral por el presunto delito de rebelión, se trata de la etapa final del proceso en la que el Poder Judicial determinará si si son hallados responsables y dictará sentencia . También está implicado en el caso el exministro Willy Huerta, pero él no se encuentra afiliado a ninguna agrupación política.

Castillo, Torres y Chávez son acusados de haber elaborado el discurso con el que el exmandatario en un mensaje a la Nación emitido por el canal del Estado, anunció su plan golpista. Su discurso no tuvo mayor eco entre la Policía y las Fuerzas Armadas, provocó la renuncia de casi todo su gabinete y el rechazo del resto de poderes del Estado y organismos autónomos.

La fiscalía ha solicitado para Castillo una condena de 34 años de prisión. En tanto, Chávez y Torres enfrentan posibles penas de 25 y 15 años, respectivamente.

Además, pidió 25 años de prisión para los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), quien actualmente es congresista. Ambos eran integrantes del gabinete el día de los hechos. Se les imputa haber colaborado o apoyado el plan golpista.

El expresidente y su ex primera ministra son los únicos acusados por este caso que cumplen prisión preventiva. Castillo se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde diciembre del 202, y Chávez, en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, desde junio del 2023.

En tanto, Torres, Sánchez y Huerta enfrentan la acusación penal bajo libertad con restricciones.

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Estar recluidos en un penal no ha sido impedimento para que Castillo y Chávez continúen con sus actividades políticas de cara a las elecciones del 2026.

El primero dio a conocer a fines de junio su afiliación a la agrupación Todo con el pueblo, que se encuentra en vías de inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde julio último.

Aunque el expresidente ha firmado la ficha para adherirse a este partido, aún no figura como miembro. Quien sí aparece registrada como militante de referida organización desde julio de es Chávez Chino. Así lo pudo verificar El Comercio tras revisar el ROP.

El partido tiene como logo un sombrero parecido al que Pedro Castillo utilizaba durante su campaña electoral y primera etapa de su gestión.

En diálogo con El Comercio, Raúl Noblecilla, defensa legal de Chávez Chino afirmó que la agrupación es liderada por Castillo Terrones con miras al proceso electoral del 2026 y que su patrocinada se adhirió como una manera de protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“Es una movilización ciudadana que responde a un rechazo y una constante movilización por lo que significó este gobierno ilegítimo, que tuvo que apresar a líderes políticos como Pedro Castillo, para mantenerse o confirmarse en el poder. Es un partido democrático que está en vía de inscripción para participar en las próximas elecciones”, expresó.

Noblecilla no descartó una alianza entre Todo por el pueblo y el partido Adelante Pueblo Unido (APU), que promueven los ex ministros Aníbal Torres, imputado también por los hechos del 7 de diciembre del 2022, y Anahí Durand.

Este Diario buscó contactarse también con los abogados del expresidente Castillo, pero al cierre de esta edición no respondieron.

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De otro lado, Torres, férreo defensor de la gestión castillista, está inscrito en APU desde julio de este año. Meses antes, el extitular de la PCM participaba activamente de las actividades de esta agrupación e incluso llamaba a concretar “lo más pronto posible” la adhesión al ROP.

“Si no somos menos que los demás, entonces tenemos que hacernos el firme propósito de finiquitar esta organización, de llevar a cabo esta organización lo antes posible. Les pregunto: ¿sí podemos o no podemos? Habrá dificultades como en todo en la vida, pero hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas con inteligencia”, dijo Torres, en marzo, ante un auditorio de entre 60 y 70 personas.

Durand señaló a El Comercio que, la semana pasada, APU culminó la etapa de fiscalización de locales provinciales y que el 100% de los 81 comités aprobaron esta etapa.

“Ahora estamos subsanando un porcentaje pequeño de fichas que fueron observadas. Estamos avanzando bastante bien y esperamos estar inscritos a mas tardar entre enero y febrero del 2025″, aseveró.

Además, señaló que la agrupación aún no ha definido candidaturas y descartó que Torres tenga algún cargo en el partido. Para la ex funcionaria, las posturas sobre la participación del exprimer ministro en el golpe de Estado son “son subjetivas” y “no tienen fundamento”.

“Hay quienes dicen que el golpe de Estado lo hizo Dina Boluarte en complicidad con el Congreso”, expresó.

Tampoco negó que a futuro puedan aliarse con Todo con el pueblo, de los golpistas Castillo y Chávez.

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En tanto, Roberto Sánchez, líder y congresista de Juntos por el Perú, concretó en septiembre su alianza con ANTAURO, que encabeza el etnocacerista Antauro Humala.

Sánchez es señalado por la fiscalía de apoyar el golpe de Estado en su calidad de ministro de Comercio Exterior y Turismo, cargo que ostentó desde julio del 2021 hasta el día del golpe de Estado.

El congresista y Humala encabezaron a inicios de ese mes un evento proselitista en el que hablaron de enfrentar la campaña electoral conjuntamente.

Durante la actividad, Humala dijo que en el supuesto de llegar a la presidencia, desconocerá la Constitución y fusilará a su hermano, el expresidente Ollanta Humala, así como a los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

“Ganamos la elección y el 28 de julio, en el primer minuto, se está desconociendo la Constitución del japonés. No se está derogando, porque eso es ser cómplice de lo actuado. Tenemos que desconocer. Exprofesamente vamos a crear un problemón. Y ya tendremos la solución, que es el artículo 307 de la Constitución del 79. Ese artículo es básico para nosotros porque nos permitirá tener la herramienta legal, constitucional, para fusilar presidentes; repito, para fusilar presidentes”, señaló.

En tanto, pese al discurso radical de Humala, Sánchez se refirió a este como el líder que refundará el país. Previamente, en comunicación con El Comercio, había minimizado que el etnocacerista haya purgado condena por la muerte de cuatro policías en el ‘andahuaylazo’, al sostener que él ya “cumplió y redimió su condena”.

Este Diario volvió a solicitar los comentarios de Sánchez Palomino, pero al cierre de este informe no respondió.

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La Fiscalía de la Nación solicitó en agosto último a la Corte Suprema que declare la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por, precisamente, promover atentados contra la vida e integridad de las personas; es decir, por conducta antidemocrática.

La solicitud incluye la cancelación de la inscripción del partido ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de sus locales partidarios, que se dicte una orden para que no pueda reinscribirse y, por último, que se inhabilite a los dirigentes responsables de conducta antidemocrática.

Es la primera vez que el Ministerio Público solicita una medida como esa. Para ello, se amparó en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), vigente desde noviembre del 2003. El artículo establece que la Corte Suprema puede declarar la ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática únicamente a pedido de la Fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo.

El caso será evaluado en audiencia por la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente este 14 de octubre. En tanto, el partido argumenta que, en teoría, Humala es solo un militante más y no ocupa ningún cargo dirigencial; es decir, asegura que ANTAURO no es de Antauro.

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Pese a las evidencias de su supuesta participación en la ruptura del orden constitucional, el Congreso todavía no los ha inhabilitado. A Castillo, Chávez, Huerta y Sánchez solo les ha levantado la inmunidad para que puedan ser procesados por los hechos del 7 de diciembre .Mientras que para Torres no fue necesaria la solicitud porque se trató de un delito que cometió tras dejar de ser primer ministro.

Además, Chávez Chino fue suspendida en marzo del 2023 de su función como parlamentaria hasta que concluya su proceso penal, con la posibilidad de ser reincorporada si es absuelta. En ese entonces integraba la bancada de Perú Democrático. De otro lado, Sánchez, quien también es congresista, corrió mejor suerte y su suspensión no prosperó.

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Los analistas políticos Alejandro Rospigliosi y Martin Cabrera consideraron que, además del Congreso, el sistema electoral también es responsable de esta situación.

Rospigliosi indicó que, “en el ‘establishment’ político general, llámese Congreso, Poder Ejecutivo y partidos políticos, están en una especie de “convivencia antidemocrática”.

“¿Cómo es posible que los que han atentado contra el sistema democrático, es decir, un golpe de Estado, puedan reciclarse sin ningún pudor y rubor y que haya partidos que los acojan?”, criticó.

El especialista consideró que también hay responsabilidad del sistema judicial debido al lento avance del proceso contra los golpistas. Asimismo, recordó que el Congreso blindó a Sánchez Palomino, ahora aliado de Antauro Humala, al no suspenderlo de sus funciones como parlamentario.

“Se está reciclando con el partido del señor Antauro Humala nada menos. Es antidemocrático primero porque estuvo primero con el golpista Castillo y ahora va con Humala que también profesa ideas antidemocráticas, que es la razón por la cual tiene un proceso en trámite para eliminar la inscripción de su partido político”, apuntó.

A su criterio, “el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aprender que si el partido ANTAURO le tomó el pelo para inscribirse, ya no lo hagan otros partidos”.

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A su turno, Cabrera señaló que esta situación evidencia que el sistema electoral “ha sido vulnerado” y que el adelanto del calendario electoral por parte del Congreso “ha obligado” a que los partidos “empiecen a repartir como fichas de casino las afiliaciones porque se les agota el plazo límite”.

El especialista consideró que el Legislativo no inhabilita al expresidente y sus ex ministros por falta de interés y porque los parlamentarios están “muy preocupados” y “ocupados” en construir “plataformas para el próximo proceso electoral”.

“No hay auténtico interés de reforma electoral o de reforma política. Y, si lo ha habido, ese interés se ha visto suspendido en la práctica”, subrayó.

Cabrera remarcó que, en caso de que sean sentenciados, el marco legal “no permite” que ellos puedan postular a cargos público. Además, opinó que no solo hay responsabilidad del Parlamento y también “se les debe llamar la atención a los propios organismos electorales y a las instituciones políticas” que hacen posible estas afiliaciones.