La trama de corrupción que envuelve a la empresaria Sada Goray Chong, de Marka Group, en el Fondo MiVivienda y en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) compromete, al menos, a otras ocho personas, que son investigadas en el Ministerio Público por diferentes delitos, entre ellos organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Hace tres semanas, el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, de Goray; Salatiel Marrufo; ex jefe del Gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el periodista Mauricio Fernandini; Pilar Tijero Martino, prima de este último; y cuatro ex funcionarios de la SNB [ver imágenes].
Justiniano Romero ordenó que este levantamiento del secreto de las comunicaciones incluya la revisión del registro histórico de las llamadas y mensajes de WhatsApp, Facebook, Telegram, Signal e Instagram, entre el 11 de abril de 2021 y el 7 de diciembre de 2022. Es decir, desde que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta de las últimas elecciones generales hasta que fue vacado por el Congreso por dar un golpe de Estado.
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En la resolución, a la que tuvo acceso El Comercio, el juez recoge elementos presentados por el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder sobre el rol que cada uno de los investigados habría ejercido en esta presunta red criminal. Por ejemplo, Goray entregó S/4 millones a Marrufo no solo para tener injerencia en la designación del directorio de MiVivienda, sino también para incorporar a funcionarios al SBN.
Esto último para que la ayuden a revertir una resolución desfavorable en la SBN para hacerse con la titularidad de terrenos en Chilca, en el sur de Lima.
Marrufo, a su vez, formó parte de una presunta organización criminal liderada por Castillo Terrones.
Coacción y despido en la SBN
De acuerdo al Ministerio Público, entre julio y diciembre del 2021, Goray tuvo dos reveses en la SBN, cuando esta institución declaró improcedente su solicitud para rectificar “áreas, linderos y medidas perimétricas del predio estatal inscrito en la partida registral N°49059060, por encontrarse ‘supuestamente’ superpuestos con su predio ubicado en el distrito de Chilca”.
En este escenario, el 9 de marzo del 2022, la empresaria interpuso un recurso de nulidad a todo lo decidido.
Antes de que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales resuelva, Cynthia Rudas Murga, en su condición de superintendente de la SBN, convocó a Williams de la Vega Willanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, “para coaccionarlo”, a fin de que resuelva a favor de la representante de Marka Group.
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Rudas Murga, una de las investigadas, “le dijo” a De la Vega “que se tenía que aprobar el expediente Chilca, porque Sada Goray Chong había apoyado al partido [Perú Libre] en la campaña presidencial [de Castillo], dado que, las presiones venían de ‘arriba’ y que era canalizado por Salatiel Marrufo Alcántara”.
Para ello, puso en contacto, a través de una llamada telefónica, al referido funcionario con Marrufo, quien le exigió explicaciones sobre el expediente de Goray.
De la Vega explicó que no procedía el reclamo, “porque existía una sentencia judicial”. Tras esta negativa, “la organización criminal integrada por Marrufo Alcántara y otros optaron por relevarlo del cargo”, subrayó el equipo especial, liderado por la fiscal superior Marita Barreto.
Goray Chong- ante las resoluciones desfavorables a sus intereses- solicitó la incorporación de Marina Subiria Franco al frente de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal. Esta, según el Ministerio Público, contrató a la abogada Flor Olivera Orellana. Ambas investigadas “se encargaron de revertir los pronunciamientos iniciales desfavorables” a la empresaria.
La operación en el Fondo MiVivienda
La infiltración en MiVivienda fue similar a la de la SBN. Goray, tras realizar pagos a Marrufo, a través de Tijero y Fernandini, logró que se cambiara al presidente y miembros del directorio del fondo, con el objetivo de obtener luz verde para una serie de proyectos habitacionales, entre ellos Lima Bonita y Piura Bonita.
La empresaria, según el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, le entregó a Marrufo la hoja de vida de Roger Gavidia Johanson para que integre el directorio de la referida institución.
A consecuencia de estos cambios, el fondo aprobó que el aporte de Marka Group al fideicomiso de tres proyectos no supere el 15%, porcentaje por debajo del 25% que requiere usualmente MiVivienda.
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Sobre el rol de Fernandini, el Ministerio Público recoge la declaración que brindó Marrufo en el Congreso, en diciembre último, dónde dijo que el periodista participó en la entrega de sobornos a su persona.
Y, de acuerdo al testimonio del colaborador eficaz N°15-2022, Fernandini debía informar a Goray sobre “la identidad y cargo de los integrantes” de la presunta organización criminal que lideró Castillo Terrones. Y también “coordinar y programar” las reuniones “clandestinas” entre la empresaria y Marrufo.
La empresaria solo es investigada por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias agravado
Los otros personajes
De otro lado, la procuraduría anticorrupción solicitó hace un par de semanas al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder incluir en la investigación por la presunta red que operó en MiVivienda al administrador José Carlos Forero Monroe, ex gerente general del fondo, por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo al documento, al que tuvo acceso este Diario, Forero Monroe “se habría interesado de manera directa” en concretar la contratación de Luis Martín Mesones Odar, ex esposo de Goray, por medio de Saber Conmmunity SAC, “una empresa del rubro educativo para desarrollo una consultoría en análisis de temas vinculados a créditos hipotecarios o de estructuración”.
La defensa legal del Estado consideró que la incorporación de Mesones Odar fue “irregular”.
Esto porque Saber Conmmunity SAC es una firma “ajena al objeto de la contratación”, por lo que deducen que fue presuntamente favorecida con una asesoría por S/34.000. Y a la vez, el ex alto funcionario permitió que Mesones Odar “participe activamente” en reuniones de la plana mayor del Fondo MiVivienda.
Los auditores internos del Fondo MiVivienda —de acuerdo a la solicitud— han advertido que Mesones Odar “si mantenía presencia en sesiones del Comité de Riesgo asesorando al presidente del directorio del Fondo [Pedro Arroyo Marquina], no siendo registrada su participación física”.
La procuraduría anticorrupción, además, ha pedido al Ministerio Público que inicie una investigación a Mesones Odar, ex viceministro de Pyme e Industria, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En su solicitud ante el Ministerio Público para ampliar los hechos de la investigación a Goray por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, a la que accedió El Comercio, la defensa legal del Estado subrayó el rol que tuvo arquitecta Luz Delfina Mayhua Elguera como supervisora de Fideicomisos en las sesiones del Comité de Riesgos de MiVivienda.
Mayhua Elguera fue determinante para que se elija a Define Servicios SAC como “empresa supervisora para los proyectos” en donde fueron favorecidas irregularmente las empresas de Marka Group.
Fuentes de la procuraduría anticorrupción señalaron que la arquitecta aún no ha sido incluida en la investigación fiscal de la presunta red de corrupción en el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Recientemente, este Diario reveló que Goray contó con el respaldó de un notario para materializar ciertas operaciones. Se trata de Francisco Villavicencio Cárdenas, quien en el 2016 fue elegido congresista bajo el símbolo de Fuerza Popular por el Callao con 25,169 votos preferenciales.
De acuerdo al testimonio que brindó el colaborador eficaz N°09-2023 el 18 de abril último ante el Ministerio Público, “todos” los movimientos de dinero y de propiedades hechos por Goray, investigada por cohecho y tráfico de influencias agravado, eran “por intermedio de la notaría Villavicencio”.
“El notario Francisco Villavicencio Cárdenas o un trabajador de la notaría llevaba documentos a la casa de Sada Goray, ubicada en la Av., Circunvalación Golf Los Incas, en Surco”, añadió.
El colaborador eficaz también advirtió que Villavicencio era una “persona muy cercana” a la Goray “realizaba cualquier pedido” que esta le hacía, “uno de ellos era la emisión de documentos con fechas pasadas”.
El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder ha acreditado que Villavicencio legalizó la venta de una casa en San Isidro por US$1′200,000 a favor de los esposos Armando Alejandro La Rosa Huapaya (fallecido en la actualidad) y Sonia Nelly Gutiérrez Gamboa en marzo de 2022.
Este inmueble -ubicado en la cuadra 4 de la calle Los Manzanos, en la en la urbanización El Golf, de San Isidro- fue entregada por Goray al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado y al ex jefe del Gabinete de Asesores de esa cartera Salatiel Marrufo como parte del pago de un soborno, según declaró este último.
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El colaborador eficaz N°09-2023 dijo que Goray con el “fin de evitar cualquier problema con la justicia” en el Perú, “se gestionó una segunda nacionalidad en República Dominicana”. Agregó que hizo lo mismo para toda su familia, entre ellos sus hijos, su hermano Teisuke Goray, su madre Violeta Chong, su pareja sentimental Sebastian Salem y el abogado Ítalo Arbulú.
Se trató de diligencias preliminares lideradas por la fiscal Verónica Campos, del equipo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.