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El pasado 9 de abril, mientras todo el Perú reposaba las explicaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el uso de tres Rolex y una pulsera de diamantes, un personaje ingresó a la sede principal del Ministerio Público (MP) para narrar, ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, diversos hechos que implicaban a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Esta declaración había sido dispuesta por Espinoza Valenzuela, quien investiga el caso de la “Fiscal Suprema y su cúpula de poder”, el mismo día que Boluarte acudió ante la Fiscalía de la Nación por el Caso Rolex. Es decir, el viernes 5 de abril.
Al Testigo Protegido (TP en adelante) se le asignó el código “TP 1-2024-FSEDCFP”. Su primera declaración, del martes 9 de abril, duró cerca de cuatro horas. La brindó ante el fiscal adjunto supremo Elmer Atilio Chirre Castillo y la fiscal adjunta provincial Susana Paulina Trelles Ponce, ambos de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
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En total, fueron tres declaraciones brindadas por el TP ante dicho despacho fiscal. Además del 9 de abril, declaró por segunda vez el 15 de abril y una tercera vez, el 18 de abril.
Su versión es trascendental para la investigación, según la fiscalía. Ello debido a que fue el intermediario de los presuntos intercambios de favores entre Benavides Vargas y el abogado Luis Castillo Alva, quien fue detenido el pasado 23 de abril por el Equipo especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la Diviac .
El TP dijo a la fiscalía que conoció al abogado Castillo Alva en octubre del 2020 porque este lo llamó a su teléfono y que se reunieron en un restaurante del Centro Comercial Salaverry. En dicha reunión, sostuvo, el abogado le pidió que lo represente legalmente en la investigación que tenía por el “Caso Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Así comenzó la amistad directa. Lo representó legaelmente hasta agosto del 2021, cuando dejó de ser su abogado porque empezó a trabajar en un estudio donde no podía ejercer defensa legal de manera particular. Sin embargo, ambos se siguieron frecuentando.
Fiscal Marco Huamán habría liderado reunión con Testigo Protegido
Luego -sostuvo el TP-, el 03 de septiembre de 2022, lo llamó por teléfono el abogado y amigo Emerson Campos Maldonado, a través de WhatsApp, y le preguntó si podía asumir la defensa de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Además, lo convocó a una reunión con “amigos” para hablar del tema.
“Esa reunión se llevó a cabo días después en la cafetería ‘El Piombino’ ubicado en la avenida Guardia Civil, en San Isidro. Cuando llegué se encontraban en la reunión el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, Emerson Campos Maldonado y el abogado Oscar Nieves Vela. En ese momento, Emerson Campos me presentó al fiscal Marco Huamán a quien antes yo no conocía. También procedí a saludar al dr. Óscar Nieves Vela, a quien ya conocía previamente porque aproximadamente en el año 2020 me buscó para poder asumir su defensa, pero por carga laboral no pude hacerlo”, contó.
En la reunión, aseveró el testigo, Huamán Muñoz le preguntó si podía asumir la defensa de Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia debido a los procesos iniciados en su contra como consecuencia de los cambios de fiscales que estaba realizando. Al final de la reunión, le indicó que la entonces fiscal de la Nación se comunicaría con él.
Fiscal Marco Huamán fue nuevamente implicado por Testigo Protegido.
Y así ocurrió, según detalló el TP: días después de esa reunión, a través de WhatsApp, recibió una llamada de Benavides Vargas, quien se presentó, le dijo que había escuchado mucho de él y que quería hacerle unas consultas jurídicas. Por ello, según su relato, le pidió que vaya al despacho de la Fiscalía de la Nación para reunirse con ella.
El TP declaró que aproximadamente a inicios de septiembre del 2022, acudió al despacho de Benavides y allí ella le preguntó si podía defenderla. “Al final de la reunión Patricia Benavides me preguntó si podía defenderla y cuánto le cobraría, yo le dije que sí podía defenderla y que no le cobraría nada”.
Posteriormente, en una reunión con Castillo Alva, este le comentó que había hecho amistad con el Capitán PNP Jorge Rodríguez, quien se encargaba de la vinculación de llamadas y geolocalización de teléfonos del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
José Luis Castillo Alva, abogado de 50 años, detenido por investigación contra organización criminal que habría liderado Patricia Benavides. (Foto: El Comercio)
Además, señaló que en una oportunidad -después del 24 de octubre del 2022, que tuvo otra reunión con Benavides- Castillo Alva le dijo que el policía le había comentado que en el equipo especial Cuellos Blancos de la fiscalía había recibido un pedido de la Junta Nacional de Justicia: estaban solicitando información sobre registros de comunicaciones de Patricia Benavides, y que el agente podía ayudar con una respuesta a favor de ella.
Por ello, según declaró, Castillo Alva le pidió comunicarse con Benavides para contarle la situación y ofrecerle la ayuda mencionada. El TP, entonces, dice haberse comunicado con la fiscal y que esta le pidió que la ayuden y que serían recompensados.
“Luego, me comuniqué con Patricia Benavides Vargas [...] a través del aplicativo SIGNAL y le conté sobre el pedido de la Junta Nacional de Justicia que la involucraba, manifestándole además que el policía a cargo de responder dicho pedido podía ayudarla: ante ello, Patricia Benavides Vargas me dijo que estaba de acuerdo y que por favor la ayuden de la mejor manera posible, que ella recompensaría ese apoyo.”
TP 1-2024-FSEDCFP
En otro extremo de su declaración, el TP aseguró a la fiscalía que Castillo Alva le narró que el oficial de la policía le había entregado una copia de una resolución judicial emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, que autorizaba el traslado de un informe policial del caso Cuellos Blancos del Puerto, a pedido del fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, a la JNJ. Agregó que Castillo Alva le entregó la copia de la resolución judicial y el informe, para que se los entregue a Benavides.
Es así que el TP asegura haberse reunido nuevamente, el 4 de noviembre del 2022, con Benavides en su despacho en la Fiscalía de la Nación, para entregarle la resolución y el informe de las llamadas. Sobre esa reunión, contó que la fiscal le dijo que lo que había hecho el fiscal Cabrera era una “traición” y que lo cambiaría; y además, que le preguntó quién le había proporcionado los documentos y este solo contestó que unos “amigos”, pues para entonces no sabía que se trataba de Castillo Alva y el efectivo policial.
“Ante ello se mostró sorprendida del pedido del fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, ya que me dijo que lo consideraba de su confianza. En esta reunión Patricia Benavides Vargas me dijo que procedería a cambiarlo de despacho ya que lo que había hecho era una traición, en ese momento me agradeció por la información y me preguntó quién me había entregado esa resolución del Juez Chavez Tamariz y el informe policial N°317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC, ante lo cual le respondí que se trataba de unos amigos sin darle mayor referencia”, dijo el TP.
Luego, hubo un segundo pedido de la JNJ sobre el registro de llamadas con Los Cuellos Blancos del Puerto y por ello sostuvo otra reunión con Benavides el 21 de noviembre del 2022 en la Fiscalía de la Nadión, donde le volvió a reiterar que serían “recompensados” si seguían apoyándola.
“Fui al despacho de la Fiscalía de la Nación ubicado en el piso 9 de la Sede principal del Ministerio Público, en un directorio ubicado al costado de la oficina de la Fiscal de la Nación. Debo indicar que siempre me registraban en el piso 9, sin embargo en el piso 1 a veces sí, a veces no, pero la mayoría de veces ingresaba con mi vehículo por el estacionamiento ubicado en Jr. Ayacucho y siempre me registraba por esa entrada; y hablé con Patricia Benavides Vargas, haciéndole saber del segundo pedido de la Junta Nacional de Justicia y Patricia Benavides Vargas me dijo que si mis amigos la seguían ayudando, ella mantenía su promesa de recompensarlos en algún momento.”
TP 1-2024-FSEDCFP
Ese mismo día, indica el TP, Castillo Alva le comentó que el efectivo policial había descubierto que en el informe policial que debía enviar a la Junta Nacional de Justicia, “existían registros históricos de llamadas entre los jueces de la Sala Penal que presidía Enma Benavides Vargas -hermana de Patricia Benavides- y los familiares de la defensa de las personas que se encontraban enjuiciadas por delito de tráfico ilícito de drogas”, y que lo que podía hacer, era no consignar esas llamadas en el informe para que no exista ningún tipo de vinculación entre Enma Benavides Vargas y los abogados defensores de los acusados por tráfico ilícito de drogas. Incluso, señala el testigo, Castillo Alva le envió “a través del aplicativo signal un cuadro donde figuraban tas supuestas llamadas entre los familiares y los miembros de la Sala”.
El TP, quien dijo en ese momento no conocía al efectivo policial, llamó a Patricia Benavides para contarle este hecho, además de la propuesta para que no incluya dichos registro de llamadas, y le reenvió el cuadro con las llamadas que le habían proporcionado. No obstante, el 11 de diciembre del 2022 acudió a reunirse con la fiscal a su despacho y en esta oportunidad estuvo Miguel Girao, uno de sus asesores, quien le pidió más detalles del tema.
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Los presuntos favores pedidos por Castillo Alva
Ese mismo día por tarde, de acuerdo con el testimonio del TP, se reunió con Castillo Alva y le dijo que ya había ayudado bastante a Benavides Vargas y que ella tenía que ser agradecida: tenía que retribuirle la ayuda designando a algunos fiscales que eran de su entera confianza como adjuntos en el equipo especial del caso Cuellos Blancos Del Puerto.
Esto le fue trasladado a Benavides, indicándole que “sus amigos” le estaban solicitando la colocación de abogados como fiscales en el equipo especial mencionado. La entonces FN, según lo declarado por el testigo, le dijo que no podía hacer los nombramientos juntos, pero que “lo haría cada dos o tres semanas para no levantar sospechas”.
Así, acotó, se realizaron las designaciones de los abogados cuyos nombres dio a Benavides, entre fines del 2022 e inicios del 2023.
Otro de los pedido que habría realizado Castillo Alva, indica el TP, fue la designación del abogado Abelardo Cesar Caycho Ramis, como fiscal provincial en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa. Este, le dijo Castillo, era importante pues se encargaría de denunciar a Walter Ríos por difamación calumniosa en su contra por implicarlo en el caso Cuellos Blancos. Si bien inicialmente Benavides le habría indicado que no podía, porque el abogado no cumplía los requisitos, posteriormente se dio la designación.
Después de marzo del 2023, el TP aseguró que Castillo Alva lo apartó de las coordinaciones, pues él y su pareja, Mirtha Gonzáles Yep, se enteraron que él nunca le dijo a Benavides que eran ellos (el abogado y el efectivo policial) los que estaban ayudándola. Además, mencionó que Castillo y Gonzáles lograron tener contacto directo con Benavides Vargas.
El TP aseguró tener conocimiento que, Castillo Alva -por intermedio de Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao- le habrían solicitado a Patricia Benavides otras ventajas y/o beneficios a cambio de que Rodríguez declare como su testigo a favor ante la JNJ. Además, aseguró que Castillo les habría transferido una “fuerte cantidad de dinero” a ambos exasesores para evitar que el Equipo Cuellos Blancos pida su prisión preventiva.
“Tengo conocimiento que en el mes de febrero o marzo del 2023, José Luis Castillo Alva le habría transferido una fuerte cantidad de dinero a Mirtha Gonzáles Yep, cuando se enteró de que el Equipo Especial de fiscales que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto le iba a pedir prisión preventiva y que, parte de ese dinero iba a ser utilizado para pagarle a los asesores de Patricia Benavides Vargas, llamados Jaime Villanueva y Miguel Girao”, dijo.
El TP también narró en su declaración que el 12 de mayo del 2023, Castillo Alva le dijo “que había logrado tomar contacto” con el juez Leodan Cristobsl Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y quien iba a resolver el pedido de prisión preventiva formulado en su contra por parte de la fiscalía de Cuellos Blancos del Puerto, “mencionándome además que sólo tenía que hacer una buena audiencia”. El pedido fue declarado infundado, agregó el testigo.
Sin embargo, la Sala revocó la decisión y dictó prisión preventiva, pero Castillo Alva no fue detenido. Por ello, en enero del 2024, agregó el TP, Castillo Alva lo llamó del número +17868700451, mediante el aplicativo Signal y le dijo que había presentado el cese de la prisión preventiva, pues era su mejor opción para que lo conozca otra vez el Cristóbal Ayala.
"Es algo que va a tener que corroborar el testigo protegido"
Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, rechazó la versión que el TP 1-2024-FSEDCFP brindó a la Fiscalía Suprema, y aseveró que no existe ningún acto de corrupción por parte de su patrocinada. Por tanto, dijo, dicho testigo deberá corroborar sus dichos.
Según Peña, el testigo protegido, en su momento, ha ejercido como abogado de la Benavides Vargas y por ende, tenía información previa, pero ello no significaba un acuerdo ilícito.
“Entiendo que el señor, que ha sido su abogado, ha tenido información de los casos que apoyaba a la doctora como una especie de consultor legal, pero de allí a que haya habido un acuerdo ilícito con la doctora Benavides, yo lo negaría de manera rotunda”.
Juan Peña, abogado de Patricia Benavides
Además, aseguró que su patrocinada nunca tuvo conocimiento que el abogado Luis Castillo Alva haya recomendado algún pago o a un abogado o algún fiscal para que asuma algún cargo.
Sobre la designación de fiscales, remarcó que estos cambios pueden haberse realizado en la sede de los despachos fiscales, lo cual debe ser corroborado por el presidente de dicho distrito fiscal, pero que “eso no implica ningún delito”.
“Como le comento, esos cambios fueron propuestos por el presidente de la junta fiscal del distrito y que luego tienen que ser ratificados por la Fiscalía de la Nación, pero de ninguna manera tiene que ver con que se tenga que pagar un favor o algún tipo de sobornos, esta designación de fiscales no ha sido por nada a cambio de algo”, señaló.
Peña sostuvo, finalmente, que el testigo protegido ha reconocido que ya no cuenta con el teléfono desde el que, supuestamente, se realizaron todas las coordinaciones, por lo que tendrá que probar su versión.
“Es algo que va a tener que corroborar el testigo protegido con algún tipo de información adicional, pues también le preguntan por su equipo móvil (desde donde se comunicó con Benavides y otros) y él dice que ya no lo tiene. Si eso es verdad, seguramente, habrá algún elemento de descargo porque en base a un dicho no se tiene como corroborar”.
Juan Peña, abogado de Patricia Benavides
Y, en diálogo con este Diario, el juez Cristóbal Ayala indicó que si bien es cierto que su juzgado conoció el caso de Castillo Alva, y en su oportunidad rechazó un pedido de prisión preventiva, no se ha comunicado con dicho procesado, no lo conoce, y tampoco se ha reunido con este.
Aseguró que en el pedido de prisión preventiva sí se valoró que Castillo Alva estaría integrando una organización criminal, pero no habían elementos sobre el peligrosismo procesal (riesgo de fuga); y en el caso de la cesación de la prisión preventiva también valoró todos los medios ofrecidos y estimó que debía ser declarada fundada.
“Pero no es cierto que me haya reunido con él. Primero, no lo conozco al señor. Fíjese, normalmente las personas, abogados, vienen a pedir audiencia con el juez en algún caso que se esté por resolver, pero en este caso, ese señor nunca ha pedido entrevista ni por escrito, ni tampoco he tenido una entrevista de forma virtual, personal, ni por teléfono ni ningún medio”, aseguró el magistrado.
El juez aseguró que la única vez que vio a Castillo Alva fue en la audiencia donde se trató su caso.
“Me da coraje e indignación que me quieran involucrar, cuando nunca hemos cruzado una palabra, salvo en la audiencia. La única vez que me he cruzado con esa persona fue en la audiencia. No lo conozco, nunca me reuní, esa es mi versión”, agregó.
El abogado Emerson Campos Maldonado y el fiscal Marco Huamán, mencionados por el TP, no respondieron hasta el cierre de este informe.
