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Los pedidos del empresariado a José Jerí: ¿Qué piensan los líderes gremiales sobre la actual crisis política y qué riesgos perciben?
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La semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó la vacancia a la entonces presidenta Dina Boluarte, luego de una balacera que sufrió la histórica agrupación Agua Marina durante un concierto que realizaba en Chorrillos. La ola de inseguridad, que afectó a esta banda y que dejó cuatro heridos, también viene afectando a distintos sectores económicos. Esta problemática ha sido alertada en distintas ocasiones por los gremios empresariales.
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En ese sentido, ocho líderes gremiales compartieron con Día1 su perspectiva sobre la crisis política actual, los retos inmediatos del Gobierno de José Jerí, y las garantías necesarias de cara a las elecciones generales del 2026.
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Tras la vacancia, ¿Cómo evalúa la situación actual del país?
Jorge Zapata [J. Zapata], presidente de la Confiep: [La vacancia] fue una decisión apresurada. Nosotros creemos que, si se va a tomar una decisión de esa naturaleza, que es cambiar el gobierno de nuestra República, se debió tener un consenso amplio y claro desde un comienzo. Me refiero, precisamente, a consensuar cómo se iba a llevar el procedimiento y quién iba a ser la persona propuesta. Eso no ha ocurrido, y por supuesto que existe una preocupación.
La presidenta Boluarte lamentablemente no dio la talla. Eso nos queda claro a todos los peruanos. Se había vuelto ya insostenible su situación y el país entero ya no quería tenerla en el gobierno. Pero, repito: para tomar una decisión de esta naturaleza, debió estudiarse bien por parte del Congreso. No puede ser que se haya hecho en dos horas, y que el gobierno que la reemplaza entra en similares condiciones. Eso es más inestabilidad y un problema para el país. Esto debió ser estudiado y consultado con la sociedad civil para buscar al mejor gobierno posible y a la persona que tuviera el mayor consenso. Eso no se ha hecho evidentemente.

Gabriel Amaro [G. Amaro], presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP): Hoy el Perú atraviesa una situación política y social muy compleja. Sin embargo, a pesar de todo, tenemos la obligación como peruanos de salir adelante. Las actuales autoridades deben conseguir la estabilidad institucional y continuar la ruta hacia el desarrollo y crecimiento del país. Los poderes del Estado e instituciones públicas deben estar a la altura de las circunstancias difíciles por las que viene atravesando el Perú y tienen la responsabilidad hacerle frente a los principales problemas que tiene el país y que afectan a todos los peruanos; con la fuerza de la Constitución, con liderazgo, y de manera eficiente y eficaz.

Gonzalo Galdós [G. Galdós], presidente de IPAE Acción Empresarial: Vivimos una coyuntura de fragilidad institucional y polarización. La reciente vacancia y la sucesión constitucional han incrementado la incertidumbre y la desconfianza ciudadana y empresarial. A la vez, persisten retos estructurales como la inseguridad, la corrupción, la baja calidad de servicios públicos y menor dinamismo económico; que exigen conducción responsable, respeto al marco constitucional y señales claras de gobernabilidad. Desde IPAE Acción Empresarial, ponemos el foco en la institucionalidad, el estado de derecho, el imperio de la ley y el diálogo como esenciales para recuperar la confianza.

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Susana Saldaña [S. Saldaña], presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú: Desde Gamarra seguimos con mucha preocupación la situación política del país, y exhortamos a las fuerzas políticas a deponer sus apetitos personales y pensar en el Perú. Siete presidentes en 10 años es inadmisible, no hay forma de avanzar en las reformas que requiere el país con esta volatilidad en el más alto mando. Sobre la expresidenta: debe enfrentar todas las investigaciones y casos, y que la justicia determine lo que corresponda.

Roberto de la Tore [R. de la Tore], presidente de la Cámara de Comercio de Lima: Nuevamente hemos tenido una crisis política. El país se ha mantenido en una crisis de gobernabilidad y de inseguridad que ya erosionó la confianza ciudadana. Esto terminó con la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de un nuevo presidente, lo que genera incertidumbre por lo que vaya a venir. Estamos viviendo una debilidad institucional hace bastante tiempo. Si nuestro país no tuviera eso y la inseguridad, deberíamos estar creciendo a tasas de 5%, 6% o 7%. Este problema de criminalidad afecta las inversiones y los que más sufren son los micro y pequeños empresarios.

Alonso Rey [A. Rey], presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú: La vacancia a Dina Boluarte es parte de la inestabilidad política que hemos estado viviendo en los últimos cuatro años, así como la falta de Estado, que nos debería darnos cuatro servicios básicos: seguridad, justicia, educación y salud. Pero ya no hay Estado, ni siquiera nos da ninguno de esos servicios.

Felipe James [F. James], presidente de la Sociedad Nacional de Industrias: Nos tomó un poco por sorpresa la vacancia, sobre todo porque faltaban pocos meses para terminar el gobierno. Esto se fue desarrollando durante la tarde del jueves, llegó un momento en que los principales partidos que apoyaban al gobierno, como Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, le quitaron su apoyo, y eso desencadenó todo. Lo que sucedió está dentro de la Constitución, pero me parece que se está usando exageradamente el mecanismo de vacancia en el Perú. Eso crea cierta inestabilidad. Fuera de ello, José Jerí era el presidente del Congreso y le correspondía legalmente asumir como mandatario ante lo sucedido.

¿Qué espera del gobierno de transición?
J. Zapata: Tiene que enfocarse en tres aspectos fundamentales: combatir de la forma más eficaz posible a la delincuencia y al crimen organizado –para eso necesita a las mejores personas en el Ministerio del Interior y articular mejor con los otros poderes del Estado–; mantener el manejo macroeconómico, que implica bloquear las iniciativas populistas que afecten la caja fiscal; y garantizar plenamente un proceso electoral transparente, claro y sin sobresaltos, con un respeto absoluto a la democracia y a la institucionalidad, siguiendo los cronogramas establecidos, en igualdad de condiciones para todos... Un proceso electoral absolutamente transparente.
G. Amaro: Ahora, el gran reto del Gobierno de transición es convocar a un gabinete con credenciales profesionales y éticas intachables, resolver el problema de la inseguridad y seguir atrayendo inversiones. Ello es esencial para garantizar un país seguro, una transición adecuada y un país en crecimiento.

G. Galdós: Se espera una gestión responsable: resguardar el orden constitucional, asegurar elecciones libres y creíbles, dentro del calendario establecido; así como mantener estabilidad y ejecutar acciones urgentes en seguridad y protección social, preservando la confianza macroeconómica y una lucha frontal contra la corrupción. De igual modo, queremos diálogo y coordinación entre el Gobierno, sector privado, academia y sociedad civil para reducir la incertidumbre. Desde IPAE Acción Empresarial se busca contribuir con propuestas técnicas y espacios de articulación que faciliten soluciones de interés nacional, sin sustitución de funciones estatales.
Asimismo, esperamos una hoja de ruta clara y acotada al período con medidas inmediatas frente a la inseguridad y la informalidad; y la continuidad macroeconómica responsable y estabilidad regulatoria. También los servicios de protección social focalizados y mejoras en los servicios básicos, y que haya compromisos verificables de integridad y transparencia. Considero que lo esencial es predictibilidad y ejecución.
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S. Saldaña: Por el bien del país esperamos que se conforme un gabinete que dé señales de confianza al mercado, genere consensos e impulse acciones rápidas para salir de este clima de incertidumbre en el que estamos. Debe iniciar acciones inmediatas para enfrentar la terrible crisis de inseguridad que sufrimos todos los sectores del país. También es imperante que garantice un proceso limpio para las próximas elecciones.
R. de la Tore: Esperamos a lo principal que tiene que hacer [este nuevo gobierno], que es nombrar un gabinete técnico y profesional, así como un presidente de Consejo de Ministros con una solidez y trayectoria que pueda generar confianza y tranquilidad que todos esperamos. Si hay algo que no puede esperar a un nuevo gobierno en el 2026 es la seguridad ciudadana. Este gobierno tiene que tener un plan integral de lucha contra la criminalidad. También se deben garantizar elecciones limpias y transparentes en el 2026.

A. Rey: Solicitaría al nuevo gobierno que elija a autoridades competentes. Vimos que el gobierno de Dina Boluarte no designó a las personas correctas y sufrimos lo que se sufrió. Los peruanos estamos esperanzados con que todo mejore, los gremios vamos a apoyar en todo lo que se refiere al combate contra la inseguridad y a las actividades ilegales, así como la promoción del empleo y la inversión privada.
¿La problemática de inseguridad se resolvería con un cambio de gobierno? ¿Qué se debe priorizar para lidiar con esta crisis de criminalidad?
J. Zapata: La criminalidad, que es el principal problema del país en este momento, y que la ciudadanía percibe como la mayor amenaza, no es para menos. Los pequeños empresarios están amenazados y extorsionados, muchos tienen miedo de salir a la calle; esto no puede seguir. Se necesita mucha labor de inteligencia, que se implementen equipos especiales con gente más capacitada, pero esa es una parte. Se necesita mayor coordinación entre poderes del Estado, construir cárceles, programas para ver qué se hace con una juventud creciente que ni estudia ni trabaja y que son fácilmente captados por el crimen... Hay una serie de medidas a implementar, y esto necesita de personas con mucho conocimiento y experiencia, que sepan llevar las cosas por el buen camino.
G. Amaro: Un cambio de gobierno por sí solo no resolverá la crisis de inseguridad. Se requiere una política de Estado sostenida, con liderazgo, coordinación interinstitucional, metas claras y acciones concretas y eficaces contra la delincuencia, el crimen organizado y las actividades ilegales. La prioridad debe ser fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y del sistema judicial, mejorar la inteligencia criminal y abordar las causas estructurales del delito. Se necesitan políticas eficaces y no solo de intenciones, ni de promesas electorales. Enfrentar esta problemática es clave, pues, sin seguridad, se atenta contra el bienestar de los ciudadanos, se espanta la inversión y se aleja al país del desarrollo.

G. Galdós: Los cambios de gobierno no bastan. Se requiere una estrategia integral y sostenida con capacidad operativa e inteligencia para la policía y la investigación criminal. Debe de haber un sistema de justicia oportuno y predecible que sancione efectivamente. Importante también la prevención social en escenarios críticos (escuelas, universidades, centros de trabajo). Coordinar mejor entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad. Y emplear datos y tecnología para tomar decisiones más efectivas y focalizar recursos. La prevención más justicia efectiva es la fórmula para romper el círculo de violencia.
S. Saldaña: Más que un cambio de gobierno, se requiere de una reforma integral del sistema que administra la justicia en este país. La Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial deben erradicar elementos corruptos que permiten que criminales estén en la calle y no en la cárcel. Yo propongo que se incluya responsabilidad penal para estos malos funcionarios. Además, se debe considerar al sicariato, la extorsión y al crimen organizado como delitos de terrorismo, para que tengan condenas como cadena perpetua, sin acceso a beneficios penitenciarios. Se debe reformar de manera integral el sistema carcelario.
Los números de teléfonos que se usan para extorsionar o el destino de los depósitos nos exige que se tomen medidas para levantar el secreto de las comunicaciones [de los extorsionadores] de manera inmediata, de tal manera que en menos de 24 horas la policía y la Fiscalía tenga detenidos a los dueños de los números para iniciar investigaciones. Debe prohibirse la venta de chips en la vía pública con cargo de responsabilidad de las empresas que lo hagan, para que se pueda saber quién y donde activaron y vendieron los números que se usan para extorsionar.
¿Cómo afecta la situación actual a las inversiones en nuestro país? ¿Se pueden seguir impulsando en este contexto?
G. Amaro: Las inversiones no se detendrán si le damos estabilidad política y social al país. El Perú ya ha vivido situaciones similares anteriormente, y ha demostrado que puede sobreponerse a estos escenarios. Sí, las inversiones seguirán y deben seguir impulsándose. Los empresarios seguiremos impulsando el crecimiento económico del país y generando empleo; es nuestro país y seguiremos aquí trabajando para sacarlo adelante. Sin embargo, el Gobierno y el Estado en general deben trabajar en mejorar rápidamente el clima de negocios para las inversiones actuales y las nuevas. Debemos impulsar políticas públicas que alienten la inversión y desarrollar algunas reformas que simplifiquen la tramitología y burocracia imperante.

G. Galdós: La incertidumbre detiene proyectos, eleva el costo de capital y posterga decisiones. Aun así, el Perú mantiene fortalezas macroeconómicas aprovechables, siempre y cuando existan señales consistentes como el respeto a la Constitución, disciplina macroeconómica, integridad y seguridad jurídica. En el corto plazo, se requieren mecanismos de destrabe burocrático y hojas de ruta sectoriales desarrolladas con el sector privado, para acelerar la inversión productiva y la generación de más empleo formal.
S. Saldaña: Es complicado. La incertidumbre que hay entre los peruanos retrae la inversión, la contratación de personal y el gasto privado. Por eso es que es tan urgente la designación de un gabinete técnico, profesional, intachable y que emita señales de estabilidad al mercado.
¿Puede el país avanzar en medio de una institucionalidad tan débil? ¿Qué considera que debe cambiar?
J. Zapata: La institucionalidad débil no ayuda a que el país crezca a ritmos mayores a los que crece en este momento. No ayuda a que el país se desarrolle. El país tiene posibilidades de crecer al doble de lo que está creciendo, pero se requiere, para ello, reinstitucionalizar al país. Esperemos que este proceso electoral nos dé unos resultados mejores a los que tuvimos en el 2021, y tener un gobierno más sólido, un Congreso de mayor calidad, y que velen por los intereses del país.
G. Amaro: La solidez macroeconómica que registra el Perú desde hace más de 20 años nos permite pensar que el país cuenta con las herramientas para seguir creciendo más allá de las crisis. Sin embargo, si deseamos continuar por ese camino y no estancarnos, es necesario darle estabilidad al país y fortalecer la institucionalidad. No podemos vivir en medio de crisis y cambios de presidentes constantemente. ¡Ya llevamos siete presidentes en ocho años! El país necesita estabilidad, y que se aliente el clima de negocios para el impulso de las inversiones y la generación de empleo. Para esto el actual Presidente debe nombrar a Ministros de Estado de primer nivel profesional y de una reputación intachable, que se garanticen unas elecciones limpias y transparentes, y desde ya se establezca un plan de acción que enfrente y acabe con la delincuencia, las extorsiones, el crimen organizado y las actividades ilegales. Toda la ciudadanía debe estar unida en este esfuerzo.

G. Galdós: Se puede avanzar marginalmente, pero no de forma sostenible. Se necesitan reglas del juego claras y estables. Consideramos tres prioridades: primero, profesionalizar la gestión pública y asegurar independencia y eficacia de la justicia y los organismos autónomos. Segundo, transparencia y trazabilidad en financiamiento político y contratación pública. Y tercero, promover una ciudadanía informada y un diálogo público-privado para implementar las reformas indispensables. IPAE Acción Empresarial promueve este enfoque sin invadir competencias; nuestra contribución es la articulación, el debate con evidencia técnica, generación de propuestas y evaluación de resultados.
S. Saldaña: Es muy complicado que el país avance en mejoras estructurales con esta situación. Se debe fortalecer la institucionalidad del país; los distintos estamentos de la administración pública deben trabajar de la mano en pro del país. La terrible crisis de inseguridad que vivimos y la ralentización de la economía así lo exigen.
¿Cuáles serán los principales retos económicos que asumirá el gobierno que sea elegido en el 2026?
J. Zapata: Tenemos que buscar que se destraben los proyectos mineros. Tenemos una cartera de US$64 mil millones en proyectos mineros que, si se echan a andar, pueden darle un gran empuje a la economía. En segundo lugar, hay que destrabar la obra pública que tarda muchos años en ejecutar. Es una calamidad cómo se ejecuta la obra pública en el Perú: tenemos S/43 mil millones en obras paralizadas. Hay que resolver los problemas para retomar lo más rápido posible proyectos como Majes Siguas II, Olmos, Chavimochic, empezar Chinecas, Alto Piura, y otras obras que podrían duplicar la agroexportación peruana. En esa misma línea, hay que destrabar todos los procedimientos burocráticos para que la pequeña y micro empresa pueda acceder mucho más rápido a la formalidad; y con eso, sacar a muchos trabajadores de la informalidad. Y finalmente, mantener a la macroeconomía con números positivos para que eso invite a los inversionistas a traer sus capitales al país.
G. Amaro: En el aspecto económico, el principal desafío será reactivar el crecimiento. Si bien hay indicadores positivos, el Perú necesita crecer mucho más y no conformarnos con un 3% de crecimiento, que es mediocre, cuando podemos crecer a tasas mayores al 6%. Contamos con el potencial para ello. En ese marco, el nuevo Gobierno deberá promover aún más la inversión privada y pública, mejorar la calidad del gasto y destrabar proyectos estratégicos en diversos sectores. Además, deberá promover la diversificación económica y fortalecer la competitividad, apostando por la innovación y la sostenibilidad. Hay mucho que hacer en el sector agrario, por ejemplo.
G. Galdós: El próximo gobierno debería enfocarse en reactivar la inversión y la generación de empleo con reglas estables; mejorar la recaudación sin frenar la actividad, ampliando base y simplificando; impulsar la productividad y formalización de las mypes; y lo principal, brindar servicios básicos de calidad que cierren brechas en seguridad, justicia, educación y salud, mejorando nuestro capital humano. Todo con enfoque en resultados y métricas que permitan rendir cuentas.

S. Saldaña: Para crecer a 5% al año se necesita apostar por la manufactura, sector donde el 99% de las unidades empresariales son mypes y que son mucho más intensivas en mano de obra que, incluso, la minería. Se requiere, también, garantizar un mercado interno en igualdad de condiciones para competir con nuestros productos, enfrentar y derrotar el contrabando, el dumping y la subvaluación que destruyen a las mypes nacionales. Además, está pendiente la puesta en marcha de un paquete de compras estatales por el 40% de la demanda total del Estado que indica la norma y no se cumple; esto es S/ 15 mil millones al año aproximadamente, que de darse generaría al menos 1 millón de puestos de trabajo anuales.
Otro pendiente es buscar nuevos mercados para nuestros productos que son de excelente calidad. Las VUCE (ventanillas únicas de comercio exterior) deben ponerse a trabajar y conseguir clientes extranjeros para los productores locales.
R. de la Tore: En el tema económico, se tiene que cuidar las finanzas públicas y mantener el déficit fiscal [en regla], además de trabajar consensuadamente el tema del presupuesto público para el próximo año. Otra cosa que también puede hacer el gobierno es no darle un sol más a Petro-Perú, es uno de los aspectos que no cumplió la gestión anterior. Por otro lado, se tiene que seguir con un shock de desregulación, eliminar barreras burocráticas y simplificación administrativa para que puedan fluir los trámites para las inversiones. Este gobierno no va a tener tiempo de hacer reformas estructurales, pero sí puede atacar la criminalidad y fortalecer las asociaciones público privadas y las obras por impuestos.
A. Rey: Lo primero que toda la población pide es el tema de seguridad, que se tomen medidas claras y efectivas contra la criminalidad. Este problema ha avanzado porque el gobierno lo ha permitido, ha retrocedido y las actividades ilegales se incrementaron. Nosotros ya derrotamos el terrorismo en la década de los noventas, costó trabajo y muchos sacrificios, pero el Estado tiene que volver a tomar control sobre el país. Tenemos que empezar con mano dura y tener gente profesional en los cargos correspondientes para el combate contra la inseguridad y la corrupción. Las medidas a corto y largo plazo, sobre ese tema, inician el mismo día. Por otro lado, se tiene que respetar el calendario electoral hacia el 2026, y se debe generar confianza para que haya inversión privada en el país. También, se tiene que apoyar las inversiones en temas como infraestructura, turismo, pesca, construcción y minería. La única forma de salir de la pobreza es con inversión privada y con trabajo. Si no hacemos eso, la pobreza va a seguir aumentando y crecerá la insatisfacción de la población.
En general, ¿qué espera usted de ese próximo gobierno que asumirá funciones el 2026?
J. Zapata: Esperamos un gobierno con gente honesta, capacitada, que conozca su función y sus labores en sus diferentes carteras y sectores, y que empiece a reinstitucionalizar al país; que empiece a generar mayor confianza para las inversiones, pero sobre todo, confianza para los ciudadanos. No cree en absoluto en la política, está desprestigiada. Eso tampoco es bueno. Hay que recomponerlo y reconstruirlo.
G. Amaro: El país necesita que el gobierno priorice la seguridad de la ciudadanía, la paz social y el crecimiento económico. El Ejecutivo debe enfocarse en restablecer la confianza ciudadana y empresarial, fortalecer el Estado de derecho y garantizar reglas claras que promuevan la inversión y el empleo formal. El Perú requiere una gestión eficiente, transparente y con visión de largo plazo, capaz de ejecutar políticas públicas que cierren brechas en infraestructura, salud y educación.
S. Saldaña: La situación es crítica y estamos viviendo las consecuencias de largos años en piloto automático. El que gane las elecciones en el 2026 tiene dos retos principales: hacerle frente al problema de inseguridad con medidas eficientes y realistas, y dinamizar la economía para que el Perú recupere las cifras prepandemia y vuelva a crecer por encima de lo que vemos hoy. Debe ser capaz de lograr unir al país, dejar a un lado la confrontación y la repartija entender que el país urge cambios estructurales para mejorar la vida de los peruanos.











