Los nidos en cuidados intensivos: Gremios proyectan que más instituciones de educación inicial cerrarían este año

En aquel entonces, Greisa Gonzales, promotora de nidos Ardillitas, señaló que se encontraba entre las instituciones educativas que sobrevivían a la crisis. No obstante, contó que su nido pasaba por un mal momento.

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De los 150 alumnos que se matricularon a inicios del 2020 en los nidos Ardillitas, solo quedaban 40. Asimismo, Greisa mencionó que de los cuatro locales que tenía, ya la habían desalojado de tres. Por esa situación, intuía que su nido no podría continuar operando en el 2021.

Y así fue. “Quebré. Yo lo perdí todo”, cuenta Greisa a Día1.

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Una norma perjudicial

Pero la situación de los colegios puede seguir agravándose. Sumado a la crisis económica, se enfrentan ahora a una norma –aprobada el jueves 13– que propone, entre otras cosas, establecer medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia, como el control de precios de las matrículas y pensiones por parte del Estado.

En cuanto a los precios, el proyecto de ley aprobado indica que la pensión escolar no puede incluir el alquiler, la depreciación, la seguridad, los servicios públicos, entre otros.

Asimismo, la iniciativa establece que los colegios deberán llegar a acuerdos con los padres de familia sobre la reducción de las pensiones y, mientras no lleguen a un acuerdo, no pueden imponer pensiones de forma unilateral.

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Acopril calcula, que como consecuencia de esta norma, podrían cerrar 3.000 escuelas adicionales. Entre esos podría estar el nido Kids Create. Su promotora, Ximena Revilla, dice que ha tenido pérdidas muy grandes en el 2020 y con la nueva norma será imposible continuar en el 2022.

“La pérdida ha sido de más de S/42.000 el año pasado. Estamos totalmente quebrados. Me da mucha pena porque yo quisiera abrir mi local apenas se reactiven las clases presenciales, pero con todo esto ya no voy a poder continuar, ni si quiera en virtual”, afirma Revilla.

A julio del 2020, Kids Create ya había tenido que desalojar el local en el que operó durante 20 años, debido a que no podía cubrir el costo del mismo porque la cantidad de alumnos había disminuido.

En ese entonces, Revilla indicó que su institución tenía solo 20 alumnos de los 60 matriculados a inicios de año. De los 14 trabajadores que tenía en planilla, quedaban solamente seis.

Asimismo, tuvo que reducir al 55% la mensualidad, y solo 10 familias pagaban la nueva tarifa, el resto tenía ciertas dificultades para cumplir con el pago.

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En la actualidad, solo tiene un local, que es propio. Pero la norma aprobada en el Congreso le impedirá incluir en el valor de la pensión los gastos del mantenimiento, seguridad, entre otros. Eso la estaría poniendo en jaque.

Otra institución que muestra preocupación por la norma aprobada es Mi Pequeño Reyno San Lorenzo, ubicada en el distrito Mariano Melgar (Arequipa).

Su promotora, Pilar Miranda, indica que actualmente el presupuesto no alcanza para seguir mejorando la infraestructura de los locales y que la norma aprobada solo agudizaría más la crisis.

“Los colegios particulares estamos decayendo cada día más. No tenemos presupuesto para seguir haciendo mejoras. Entonces, ¿cómo se hará con esta norma? Esta norma nos afecta demasiado porque bastantes alumnos se han retirado, no hay pago de pensiones, los padres no pagan puntualmente”, dice Miranda.

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En detalle, la promotora cuenta que la mitad de alumnos ha dejado la escuela. De ellos, 15, que recibieron clases durante todo el 2020, se fueron sin pagar nada.

“La morosidad ha aumentado, pese a que bajamos el valor de la pensión en un 50%. No pagan los padres de familia. Se les pide amablemente y se enojan. Tampoco me pagan matrículas, nos piden que les esperemos, nos dan una fecha pero no cumplen. Si nosotros exigimos, la amenaza es que se van a Indecopi. Así que no podemos decir nada. Tenemos que estar callados y esperar la voluntad de los padres”, señala Miranda.

En esa línea, Vaneza Urueta, presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú (ANGP), indica que la iniciativa aprobada es inconstitucional y que generará el cierre de muchos colegios, perjudicando a los promotores, trabajadores y estudiantes.

“Estamos esperando un pronunciamiento del Ejecutivo. Ellos han dicho que van a revisar este proyecto para ver cómo se va a tratar de disminuir este abandono y, sobre todo, la gran deserción escolar”, dice Urueta.

Asimismo, la presidenta de ANGP indica que esta norma pondrá en riesgo el regreso a la presencialidad, ya que al cerrar aún más colegios de los que lo hicieron el 2020, no habría la capacidad para atender a todos los estudiantes.

En línea con lo que sostiene la presidente de ANGP, se debe tener en cuenta que no solo son los colegios y sus trabajadores, quienes podrían verse afectados por esta norma, sino también lo estudiantes. Las cifras de deserción son alarmantes. Al 30 de abril, el Minedu registra 366.185 niños menos matriculados en educación inicial con respecto al 2019 (1′768.758).

Toda estrategia que se haga en este sector debe poner priorizar a los niños. Eso, al parecer, no siempre se tiene claro, aunque parezca obvio.

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