La regulación no es mala, solo hay que saber reconocer cuando ya no es necesaria, sostiene Mario Zúñiga, líder de Competencia y Mercados de EY Law, quien en esta entrevista nos explica que la pandemia y la nueva realidad que reinará en el mundo luego de controlada la emergencia del COVID-19 amerita una revisión del marco normativo de las telecomunicaciones.
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¿Considera que se tiene un adecuado tratamiento de los precios y la competencia en el mercado de telecom?
El Internet se ha vuelto, no cabe duda, indispensable. Más aun en tiempos de pandemia y distanciamiento social. Para trabajar, estudiar, comunicarse con la familia y hasta para comprar víveres (para la población privilegiada que cuenta con Internet y smartphones). La respuesta legal y política a esto viene por declarar que es un “derecho humano” o de promover mayor regulación e incluso participación estatal directa. Pero si un determinado bien es esencial, las políticas públicas deben promover más oferta, no menos oferta. Y las reglas legales que vienen luego de la declaración de “derecho humano”, lamentablemente, muchas veces tienen el efecto indeseado de reducir la oferta y la calidad. Un ejemplo de ello podría ser una obligación legal de no cortar el servicio, incluso cuando el usuario no ha cumplido con los pagos. Eso desincentiva la inversión en nuevas redes y antenas (de las cuáles hoy ya tenemos un déficit) y su mantenimiento. Esto afecta la calidad del servicio y su expansión.
¿Cómo describiría el estado en el que se encuentra el mercado de Internet?
Estamos en un mercado razonablemente competitivo. Si bien la estructura de mercado es concentrada, ello no conlleva necesariamente que sea poco competitivo. Existen mercados concentrados y bastante competitivos. Pero además, la concentración se ha reducido. Quizás la forma más importante de medir la competencia son los precios, y las tarifas de Internet fijo han experimentado una caída de más de 40% entre el 2011 y 2017, midiendo precio por megabyte (Apoyo, 2019). Además, está la competencia de la telefonía móvil. Leí unas declaraciones del regulador en el sentido que “el Internet móvil no es 100% sustituto del fijo”. Creo que es un enfoque errado. En términos de competencia nunca existen sustitutos perfectos, por eso se habla de “sustitutos razonables”. La sustitución se da en los márgenes. Si ante un aumento en el precio, 20% o 25% de la demanda se traslada al servicio sustituto, eso ya te pone una presión competitiva importante. ¿No mira acaso la gente Netflix o YouTube desde sus celulares?
¿Qué se puede hacer para promover más competencia?
Desde el punto normativo, principalmente remover barreras regulatorias. Existen obligaciones regulatorias anacrónicas. ¡Todavía se obliga a entregar guías físicas! (cuando el cliente la pide) o instalar teléfonos públicos en ciertas locaciones. Los aportes por regulación son bastante altos también. El Estado podría hacer mucho más, también, por promover la instalación de infraestructura. En ciertas zonas, el proveedor que ya tiene cableado aéreo tiene una ventaja, porque las regulaciones impiden nuevo cableado. Se obliga a tener un cableado subterráneo, pero eso multiplica el costo por ocho o por nueve. Los estándares de construcción, por otro lado, implican que sea más complicado instalar nuevo cableado en edificios.
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¿Considera que el mercado de Internet fijo residencial debería tener un freno al alza de tarifas o algún control tarifario?
En línea con la respuesta anterior, no creo que se justifique regular tarifas. No sólo no debe fijarse una tarifa específica, sino que no encuentro justificación para establecer regulaciones referidas al momento de subir el precio, ni obligaciones de transparencia adicionales a las ya existentes. No se puede, tampoco, forzar una “transformación digital” vía regulación.
¿Necesitamos menos regulación?
La regulación per sé no es mala. Existen casos en los que es justificada y necesaria. Pero la regulación debe ser razonable, proporcional y adecuada a la falla de mercado que se quiere solucionar o minimizar. Y el regulador debe tener la humildad y el desprendimiento para saber cuando decir: “mi tarea aquí está cumplida”. Si regulamos allí donde no es necesario, lo que estamos generando, en el mejor caso, es un costo innecesario (que puede o no trasladarse al consumidor). En el peor, estamos generando escasez. Menos oferta, no más oferta que es lo deseable.
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En la coyuntura actual – pandemia, aislamiento, crisis económica – ¿existe suficiente razón para cambiar las reglas ?
Es posible que la pandemia genere distorsiones en el mercado que afecten la competencia. Pero estas distorsiones no son estructurales, tenderán a desaparecer en el corto o mediano plazo. No justifican, hasta donde sabemos, cambios en la regulación. En algunos casos, incluso, la emergencia podría ameritar que la regulación se flexibilice, para facilitar la continuidad de los servicios, o suspender el cumplimiento de ciertas obligaciones.
Con muy buena intención, por ejemplo, se ha aprobado regulaciones (ahora retrocediendo progresivamente) para prohibir el corte del servicio ante el no pago. Pero, a diferencia de otros servicios públicos, no se hizo de manera focalizada. ¿Por qué? No podemos pedirle a las empresas, simultáneamente, que mantengan el servicio y que dejen de cobrar.
¿Qué se requiere entonces en términos regulatorios o legales para mantener conectividad en las circunstancias actuales?
Creo que la industria ya está sometida a bastante presión por las exigencias de los consumidores. Mucho ayuda el que no estorba. Además, ¿ya lo dije? infraestructura, infraestructura, infraestructura.
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