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"¿Gastar sin evidencia?", por Roxana Barrantes

De la misma manera que sería irresponsable construir una carretera sin pagar por el estudio de diseño, es poco razonable implementar una política pública sin los estudios necesarios

Políticas públicas

(Foto: El Comercio)

Frente a las dificultades actuales en las finanzas públicas, el ministro de Economía y Finanzas ha ofrecido cortar el gasto del Ejecutivo en las denominadas consultorías, entre otras medidas. No sobran consultorías, faltan políticas de Estado.

La consultoría no es más que un estudio que puede tener diversos alcances. Inclusive, cuando se piensa en implementar una política pública, pueden ser diseñadas en secuencia para obtener conocimiento en diferentes momentos y etapas de implementación. Al inicio, se trata de averiguar qué está pasando realmente en la sociedad, es decir, de contar con un diagnóstico que permita diseñar una intervención de política pública. El diseño mismo de la política puede ser objeto de otro estudio. En tanto, la implementación requerirá recursos públicos, pues será necesario realizar un estudio de análisis costo-beneficio.

Al mismo tiempo, se requerirá un estudio piloto que testee los supuestos y la potencial efectividad de la política. A continuación, se buscará determinar el punto de partida (línea base) de implementación de la política cuando se escale. Dependiendo del horizonte de planeamiento, se realizarán evaluaciones en momentos estratégicos de la implementación. Finalmente, será preciso realizar una evaluación final que informe sobre cuán efectiva ha sido la estrategia y nos permita aprender. (De cuando en cuando, realizo esos estudios).

De la misma manera que sería irresponsable construir una carretera sin pagar por el estudio de diseño, es poco razonable implementar una política pública sin los estudios necesarios. Es lo que se llama “política basada en evidencia”. Es la evidencia, obtenida por medio de estudios, la que nos permite atender de manera efectiva las necesidades de las personas. Así debería ser.

Lo que suele pasar en la administración pública es que, en ausencia de políticas de Estado en la mayoría de sectores, cada ministro asume la cartera con una agenda que incluye las respectivas instrucciones políticas. Y en el poco tiempo que tiene para implementar esa agenda, muchas veces comienza de cero, desconociendo lo ya avanzado. En este contexto, es un avance significativo que trate de realizar estudios que le permitan implementar la agenda de manera efectiva. Pero una vez que ese ministro deja la cartera, se va con él esa agenda y los estudios encomendados irán al archivo, si se terminaron, o se correrá el riesgo de que no sean pagados, debido a que ahora ya no serán necesarios. Descritos de esta manera, claro, los estudios son parte del gasto “no crítico”. Así es.

Pero el problema real no es gastar en estudios. El problema está en las dificultades para formular un conjunto de políticas públicas que pueda trascender a un gabinete (¿o a un gobierno?) y que, cada una de ellas, sea testeada a la luz de un ciclo de formulación eficiente, en el estilo propuesto por los programas de presupuesto por resultados (PPR). Nos falta más evidencia sobre qué ha sido útil y qué no; sobre qué puede implementarse a mayor escala y qué debe, efectivamente, ser dejado de lado. Y, sobre todo, nos faltan acuerdos políticos mínimos que permitan formular e implementar políticas de Estado.

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