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El último viernes, coincidiendo con Fiestas Patrias, el Gobierno publicó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Justamente, ese mismo día, la presidenta Dina Boluarte indicó en su Mensaje a la Nación que con esta política se garantizará la conectividad en todo el Perú, así como el impulso a la economía digital, la aceleración de la transformación del Estado con servicios digitales sencillos, luchar contra la ciberdelincuencia, entre otros aspectos.
El documento parte de un diagnóstico de bajo ejercicio de la ciudadanía digital. Y es que, el 41,2% de la población no ejerce ninguna capacidad digital.
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Por ello, se plantean seis objetivos prioritarios. Estos son: garantizar un acceso inclusivo y de calidad al entorno digital, la vinculación de la economía digital a los procesos productivos sostenibles y garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales que sean predictivos y empáticos con la ciudadanía.
También se plantea el fortalecimiento del talento digital en las personas, la consolidación de la seguridad y confianza digital, y el garantizar el uso ético y la adopción de las tecnologías exponenciales y la innovación en la sociedad.
Economía digital y procesos productivos
Al respecto, tanto Erick Iriarte, abogado especializado en derecho digital, como Óscar Montezuma, abogado especialista en regulación digital, resaltaron el punto de la economía digital vinculada con los procesos productivos, apuntando a que se impulsa el comercio electrónico, los mecanismos de pago digitales y la transformación digital de las pequeñas y micro empresas.
“Es importante ver la economía digital como un espacio de desarrollo estratégico para el país. Nuestra competitividad digital como país no ha sido particularmente destacada en los últimos 20 a 30 años. Entonces, esta es una oportunidad para poder enlazar la transformación digital con procesos productivos, también con atraer inversión de afuera para este tipo de espacios. Por ejemplo, un país que nos ha llevado a la delantera en este tema es Colombia, que ha mantenido una política sostenida desde el año 2012″, comentó Montezuma.
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Al mostrar una hoja de ruta en transformación digital, también se dará un mensaje positivo para las inversiones relacionadas, agregó.
Justamente, esta política impulsará este comercio electrónico mediante identidades digitales, firmas y pagos electrónicos, pagos digitales con billeteras, monedas o pasarelas digitales, entre otros. También se apuntará a incrementar el acceso y uso de servicios financieros.
Otros aspectos que se resaltan en este objetivo son la previsión de soluciones digitales que puedan facilitar los servicios para la apertura de empresas. Con esto, el Gobierno también buscará disponer un marco legal para que se establezcan mecanismos para dar la residencia digital o visas a nómadas digitales.
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Confianza y seguridad
Los expertos también apuntaron al objetivo de confianza digital, dado que se plantearán mecanismos para promover espacios digitales seguros y mitigar los riesgos que pueden darse en ese entorno.
Justamente, algunos de los servicios relacionados serán el fortalecimiento del Centro Nacional de Seguridad Digital, el fortalecer el uso seguro de tecnologías en los servicios que tengan incidencia en los menores de edad, y tener un sello de confianza digital en los servicios y plataformas digitales, también con énfasis en proteger a los niños y adolescentes.
Talento digital
Un tercer punto mencionado por los especialistas es el enfoque en el talento digital. Este aspecto, según Montezuma, va a requerir un trabajo que esté vinculado a la labor que se realice a nivel educativo.
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En ese sentido, la política apunta a rediseñar el proceso educativo tradicional. Es así que se aplicarán los servicios de becas de Talento Digital con equidad de género, fortalecer las competencias digitales en favor de las niñas, mejorar el currículo nacional de educación básica.
También se establecerá un programa de Talento Digital enfocado en adultos mayores y jóvenes digitales, tener Centros de Experiencia Digital con pertinencia cultural y lingüística, entre otros.
“Esto no es más un tema solo de conectarse. La conexión es importante, pero si no tiene habilidades para usar la conexión, no funciona; o si no se tienen mecanismos de ciberseguridad, la conexión termina siendo un daño. Entonces, el reto está en todo este proceso de formación, que es de talento digital, o la protección de derechos y libertades”, consideró Iriarte.
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Ejecución
Por otro lado, Montezuma señaló que es importante que esta política esté relacionada con un partida presupuestaria para que se concrete su ejecución, como lo establece el decreto supremo. Además, apuntó a que el seguimiento y evaluación de estas políticas contarán con la asistencia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Por su lado, Iriarte apuntó a que aún se debe determinar cómo se establecerá un comité organizador que articule los esfuerzos entre los ‘stakeholders’ del tema, como son el Estado, el sector privado, la sociedad civil, la academia, entre otros.
“Es súper necesario contar con este ente articulador en temas de políticas digitales, que va mucho más allá de solo el gobierno digital y que puede ser un elemento para apoyar el desarrollo productivo, más en estos tiempos de cuarta revolución industrial”, sostuvo.
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A su vez, Montezuma señaló que la Secretaría de Transformación Digital no solo fungirá como ente rector en el tema, sino también como un articulador. Es por ello, explicó, que esta secretaría ya ha generado un espacio para el trato con los representantes del sector a través de normativas previas.
Diagnóstico
Las causas de un bajo nivel en el ejercicio de la ciudadanía digital son la ineficiente o inexistente calidad en el servicio de conectividad, la incipiente vinculación de la economía digital con la reactivación y la competitividad de procesos productivos, así como los bajos servicios digitales que se han desarrollado en la administración pública.
Otros factores también son el débil impulso en el talento digital y los límites en el desarrollo de seguridad y confianza digital.
Más datos
Metas en banda ancha
La presidenta Dina Boluarte, en su Mensaje a la Nación, expresó que se prevé que alrededor de 400.000 personas de 621 centros poblados en Amazonas y Junín, además de unas 1.074 instituciones públicas, tengan acceso a internet fijo por banda ancha.
Añadió que también se va a desplegar esta banda ancha en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco, Puno y San Martín. Esto favorecerá a 2.366 instituciones públicas que están en 1.351 centros poblados.
