Los hogares más pobres gastan 15,2% de sus ingresos en medicinas

El Congreso aprobó recientemente un procedimiento ágil para acelerar el ingreso al país de nuevos tratamientos médicos. En particular, estableció un plazo máximo de 45 días con silencio administrativo positivo aplicable a medicamentos ya aprobados en países de alta vigilancia médica, como Estados Unidos o los de la Unión Europea. Con ello, se busca reducir los 44 meses (casi cuatro años) que tarda actualmente la Digemid en aprobar dichos tratamientos, más que cualquier otro país de la región. Así, se trata de una medida positiva, que beneficia principalmente a pacientes con enfermedades crónicas y raras. Sin embargo, en el Perú, aún persisten otros desafíos que limitan el acceso oportuno a medicamentos de calidad.

Genéricos de baja calidad

Los medicamentos genéricos son una alternativa de tratamiento de bajo costo. Según un estudio de Ipsos, los genéricos puros cuestan 63% menos que los de marca y, a su vez, estos cuestan 42% menos que las medicinas innovadoras (con patente vigente). Sin embargo, en el Perú, no se garantiza la calidad de los genéricos. Según la Digemid, existen solo 113 productos genéricos intercambiables, es decir, con efectividad equivalente a los de marca. Ello representa solo el 2% de la oferta total disponible. En contraste, en Chile, el número de intercambiables es mayor a 3.000, que representan cerca del 50% de los genéricos disponibles en ese país. En México y Estados Unidos, dicho porcentaje se eleva a 100%.

Pese a esto, en el 2024, se obligó a las farmacias privadas a mantener un ‘stock’ mínimo de 30% de medicamentos genéricos. Esta medida no solo es cuestionable en un contexto en el que no se asegura la calidad de estos productos, sino que genera costos extras para las farmacias, especialmente las más pequeñas. En particular, en el país operan más de 25.000 farmacias independientes (86% del total), que se ven forzadas a mantener ‘stocks’ que pueden no tener igual demanda. Además, la discrecionalidad de dicho umbral abre espacios de corrupción frente a la fiscalización.

Oferta limitada en el sector público

Los establecimientos de salud públicos enfrentan serios desafíos para asegurar una provisión adecuada de medicamentos. Según la Digemid, en enero del 2025, el 15% de las medicinas e insumos en hospitales estaban desabastecidos. Producto de ello, la mayoría se ve obligado a recurrir a farmacias. Según el INEI, en el 2023, 9 de cada 10 pacientes en establecimientos públicos compró sus medicinas en una botica.

En general, en los últimos 20 años, las farmacias se han convertido en el principal punto de atención de los peruanos. Entre el 2004 y 2023, se duplicó (de 15% a 31%) la proporción de personas que recurre a una botica para atenderse ante una enfermedad o malestar, y que no asiste a un establecimiento de salud. En el caso de los afiliados del SIS, este valor se multiplicó por cinco. La mala calidad de la atención en el sector público ha influido en dicha tendencia: el 37% de los afiliados al SIS o a Essalud fue directamente a una farmacia, porque consideran que en los establecimientos de salud demoran mucho en atender. Este porcentaje es de solo 19% para las personas con seguro privado.

Impacto en el costo

La limitada disponibilidad de medicamentos en el sector público ha elevado el costo de las medicinas, especialmente en las familias de menores recursos. En el 2023, los hogares en el quintil más bajo de ingresos destinaron en promedio 15,2% de sus ingresos por trabajo a la compra de medicinas, tres puntos porcentuales más que en el 2017. En contraste, las familias de mayores recursos solo gastan 1,2% de sus salarios en medicamentos y dicho porcentaje no ha variado significativamente desde antes de la pandemia.

En la elaboración de medicinas, los sectores público y privado tienen que asegurar el acceso a productos de calidad. Además, las autoridades deben rendir cuentas sobre la escasez de medicamentos en los establecimientos públicos y la obligación de vender genéricos que no son equivalentes. Así, es urgente trabajar en mecanismos que garanticen la intercambiabilidad de los genéricos y, con el apoyo de iniciativas privadas, mejorar la disponibilidad y distribución de medicamentos en el sector público.