La semana pasada, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por el parlamentario de Podemos Perú José Luna Morales, buscó de manera atropellada llevar al pleno un dictamen para fijar límites a las tasas de interés de entidades del sistema financiero. Esto, a pesar de que la medida aún debía ser debatida en la Comisión de Economía del Legislativo (como recomendaban todos los especialistas y entidades especializadas en la materia).
En cualquier institución que se respete, un pedido de esa naturaleza sería risible y hasta ofensivo. Más todavía porque se trata de un dictamen aprobado en menos de veinte minutos y que ignoró la opinión técnica del Banco Central y de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero como en el Parlamento se perdió la vergüenza hace tiempo, la idea fue bien recibida e incluida en la agenda del pleno el jueves pasado.
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Utilizando la narrativa antagonista construida por el congresista Luna, el dictamen se origina porque las “usureras” entidades bancarias han “abusado de su poder” y actuado como “sanguijuelas” cobrando “tasas de interés altísimas” que “hipotecaron el futuro de millones de peruanos”.
Así, lo que proponen desde la comisión que preside el legislador de Podemos Perú, es que se fije un tope determinado por el Banco Central a los intereses que las entidades financieras puedan cobrar. La lógica de los parlamentarios es que, si no se permite que los intereses excedan cierto porcentaje, nadie tendrá que pagar montos tan altos.
El problema, por supuesto, es que la propuesta ignora por completo la estructura de créditos en el país (aunque Luna no lo menciona nunca en sus intervenciones). Además, carece de cualquier sentido económico.
Sobre lo primero, las tasas de interés que se buscan restringir obedecen al riesgo que representan los clientes que buscan acceder a un crédito (una entidad financiera debe apuntar a que el dinero que presta se pague). Una persona de ingresos bajos e irregulares, que trabaja en la informalidad y carece de garantías para respaldar el dinero que busca prestarse (como es el perfil de millones de personas en el país), representará un riesgo mayor y elevará los costos de otorgar un crédito. Eso necesariamente se refleja en las tasas de interés.
Sobre lo segundo, la propuesta no es sino un control de precios que traería escasez. Si el tope máximo no logra cubrir los costos en los que incurre una entidad financiera para brindar el préstamo, estos simplemente desaparecerán. Con ello, las personas que busquen un crédito, pero no califiquen debido al tope impuesto, tendrán que recurrir al sistema informal (cuyas tasas de interés a octubre ascendían a 792%, según el BCR).
A lo largo del año, al menos cinco periodistas de este Diario han buscado al congresista Luna para discutir con él algunos de los proyectos de ley que promueve. Este dictamen no ha sido la excepción. Lamentablemente, el parlamentario no ha atendido nuestras llamadas ni una sola vez. Siempre tiene la agenda llena cuando se trata de sustentar sus propuestas a redactores de El Comercio.
A estas alturas, sin embargo, es muy difícil creer que Luna no sea consciente de las consecuencias negativas que acompañan a la propuesta en cuestión. Esto, claro, a menos que no le preste atención a los especialistas que invitan a su comisión, viva completamente aislado de la realidad o sepa que estas propuestas tienen efectos desastrosos y no le interese. Ninguno de esos motivos deja de ser preocupante.
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