MTC pide anular acuerdo de exclusividad del puerto de Chancay, ¿qué dice la denuncia?

El megapuerto es una inversión privada de US$1.300 millones en su primera etapa, pero que llegará hasta los US$3.500 millones cuando se expanda al máximo de su capacidad. A pesar de que los capitales surgen del consorcio integrado por la empresa china Cosco Shipping Ports Limited y la peruana Volcan Compañía Minera, el acuerdo con APN determinó que se le daría “uso público, marítimo y de alcance nacional, cuya actividad esencial es multipropósito para carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores”.

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Motivos

La APN sostuvo que se debe anular el acuerdo que la propia entidad aprobó tres años atrás, porque contraviene a la Ley del Sistema Portuario Nacional. Esta autoriza que el sector privado pueda suscribir contratos para la administración de infraestructura portuaria. Sin embargo, el puerto de Chancay “se está desarrollando a través de un procedimiento administrativo de otorgamiento de derecho de uso de área acuática; sin que constituya un compromiso contractual suscrito por el Estado y el privado”, según la entidad. Esto, en referencia a que la autorización brindada al consorcio se realizó mediante un acuerdo de directorio y no consta en el contrato.

Al respecto, Walter Tapia, actual presidente de directorio de APN, aseguró que la entidad denunció el acuerdo al percatarse del error administrativo. Agregó que las obras del muelle no se paralizarán y que se seguirá el cronograma para que inicie operaciones en noviembre. “El proceso va a tomar tiempo. Mientras no se declare la nulidad, Cosco va a seguir operando los servicios con exclusividad”, afirmó.

En la demanda, la APN también advirtió que la ley portuaria establece como lineamiento esencial “la promoción del libre acceso, la leal competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios”. La exclusividad al consorcio chino-peruano iría en contra de ese concepto.

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El Comercio pudo conocer que Cosco Shipping no considera que el acuerdo afecte la libre competencia, pues la presencia del puerto operado por ellos no impediría que las embarcaciones opten por otras opciones, como el Callao. Además, el consorcio considera que la denuncia solo afectaría los servicios de practicaje, remolcaje, recarga de combustible y avituallamiento.

Tapia indicó que, en caso de que se declare la nulidad, esta afectará todos los servicios del puerto.

Reacción

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, el que una autoridad pida que se declare nula su propia resolución, afectando así una inversión gigantesca, es un nuevo síntoma del mal clima de negocios en el Perú.

“El antecedente es malísimo porque el Estado, a través de la APN, se está contradiciendo. La APN tuvo todas las autorizaciones internas para aprobar la situación en el 2021. De cara al mundo genera una sensación de incertidumbre y de inseguridad. Es la mayor inversión en infraestructura en el Perú desde hace muchos años, que se genere esta situación nos aleja mucho de ser un país que atraiga la inversión”, indicó.

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Por otro lado, cuestionó que el hecho de que no se tenga un contrato sea suficiente como para impedir la exclusividad a la que se llegó con el acuerdo de directorio. “¿Si hubiera un contrato, así fuera de dos páginas, ya se cumplirían los requisitos y podría haber exclusividad? No parece muy razonable la decisión”, sentenció.