Nueve de cada 10 pacientes compran sus medicamentos en farmacias privadas

En marzo, el Ejecutivo extendió la obligatoriedad a las farmacias privadas de vender medicamentos genéricos hasta el 31 de julio. Además, estableció que estas deben mantener un stock mínimo de 30% para 434 de estos medicamentos. Mientras tanto, en el Congreso se han presentado más de 30 proyectos de ley para hacer permanente esta obligatoriedad. Sin embargo, estas iniciativas solo tendrán efectos contraproducentes si no atienden el verdadero problema: la falta de una cobertura efectiva de la salud en el sector público.

El Ejecutivo y el Congreso han buscado regular la oferta de medicamentos en el sector privado sin tomar en cuenta que el problema de fondo recae en el deficiente abastecimiento del sistema de salud público. Así, si bien más del 80% de peruanos se encuentra cubierto únicamente por el SIS o por Essalud, nueve de cada diez pacientes que se atendieron en establecimientos públicos compraron sus medicamentos en farmacias o boticas privadas (87% de los que se atendieron en locales del Minsa y el 92% de los que lo hicieron en Essalud).

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La inadecuada prestación del sistema público de salud afecta directamente el bolsillo de los peruanos, sobre todo de aquellos más vulnerables, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a gastos en salud. Según cálculos del IPE, con información del INEI para el 2022, el quintil de menores ingresos de la población destinó el 14% de sus ingresos a comprar medicinas, una proporción ocho veces mayor que en el quintil de mayores ingresos (1,7%). Además, la proporción de ingresos que se destinan a medicamentos ahora es mayor que antes de la pandemia. Para el peruano promedio, esto ha significado gastar S/491 en medicinas durante el 2022, 17% más en términos reales que en el 2019, año en que además se estableció la obligatoriedad de vender medicamentos genéricos.

La propuesta de mantener un stock mínimo de medicamentos genéricos resultará en mayores costos para las farmacias, especialmente en las más pequeñas, pues reduce el espacio disponible en tienda para otros productos, inmoviliza en parte su capital de trabajo y asume –sin justificación– que la demanda de medicamentos es similar en todo el país. Además, hace inviable su fiscalización por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Así, las 25.557 farmacias independientes (86% del total) serían las más afectadas, por lo que es probable que se vean obligadas a trasladar estos costos a los consumidores o reducir su portafolio de medicamentos. A su vez, esto impactaría en la población de menores recursos, pues, según un estudio de Apoyo Consultoría (AC), tres de cada cuatro familias en el nivel socioeconómico E tienen más cerca una botica independiente que una farmacia de una gran cadena.

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Peor aún, no se aborda la situación del 56% de distritos en el Perú que no cuentan con una farmacia o botica privada, porcentaje que supera el 70% en regiones como Huancavelica, Ayacucho, Tacna y Puno, donde la principal alternativa debiera ser que el centro de salud público más cercano les ofrezca las medicinas que requieren.

Las propuestas del Ejecutivo y del Congreso se centran en la disponibilidad de los genéricos y pierden de vista que en el Perú no se garantiza la calidad de estos. Por ejemplo, según AC, solo el 15% de los 434 medicamentos incluidos en la obligatoriedad cuenta con una intercambiabilidad aprobada, mientras que en el resto de los casos no se tiene certeza de que la versión genérica y la de marca sean equivalentes. Por ello, una medida de mayor impacto en la salud de la ciudadanía sería asegurar la calidad de los genéricos, a cargo de la Digemid.

En este contexto, lejos de aprobar medidas “bienintencionadas” con efectos claramente contraproducentes, urge encauzar los esfuerzos en alternativas que aseguren una adecuada provisión de medicamentos en el sector público, permitiendo la participación de iniciativas privadas. Por ejemplo, se pueden priorizar asociaciones público-privadas para mejorar la capacidad de atención en salud y para la cobertura por reembolso de gastos en medicinas.