Algunos partidarios de Trump consideran a su primer gobierno como un referente en materia de desregulación económica. Su gobierno es recordado por la imposición de la regla 2x1, mediante la cual por cada nueva regulación aprobada debían eliminarse dos. Sin embargo, algunos expertos como Cary Coglianese (Universidad de Pensilvania) aseguran que un examen comparativo de las últimas administraciones ubica al gobierno de Trump con un número mayor de regulaciones con impacto económico significativo respecto de sus predecesores Obama, Carter o Bush.
En sus primeros días de gobierno, Trump ha aprobado varias órdenes ejecutivas dirigidas a congelar procesos de aprobación de regulaciones y derogar otras. Ha reformulado la regla 2x1, elevando el umbral a 10x1. Asimismo, ha creado el Departamento de Eficiencia Económica (DOGE, por sus siglas en inglés), que es un ‘task force’ de apoyo a la oficina presidencial cuyo objetivo sería reducir el costo de las regulaciones federales.
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Sin embargo, existen razones para pensar que el proyecto desregulatorio de Trump no será transversal a todos los sectores y se focalizará en algunos específicos. Comentemos dos de ellos: el financiero y el de energía. En el primer caso, una señal ha sido la disposición que ordena el cese de operaciones de la Oficina para la Protección del Consumidor Financiero (CPFB, por sus siglas en inglés). Según ha señalado el nuevo director de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, esta agencia representaría una carga presupuestal excesiva. Recordemos que la CPFB fue creada en el 2010 como parte del paquete regulatorio implementado por Obama luego de la crisis financiera del 2008. Esta reforma introdujo mayores estándares de transparencia en los servicios financieros y la llamada regla Volcker que prohibía a los bancos poseer o invertir en fondos de cobertura o de capital privado a la vez que ajustaba los límites máximos de los pasivos que los bancos más grandes podían tener. Esta regla fue revertida parcialmente durante el gobierno de Trump en el 2020, permitiéndose a los bancos realizar inversiones indirectas en capitales de riesgo.
En el ámbito de la energía, Trump ha aprobado varias órdenes ejecutivas. Una de ellas dispone dejar sin efecto el “mandato de vehículos eléctricos” emitido por Biden en el 2021, que planteaba alcanzar al 2030 la meta de que el 50% de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sea eléctrico o de “emisión cero”. Otra medida dispone que las agencias reguladoras deben velar por la libertad de elección del consumidor entre distintas fuentes de energía y artefactos electrónicos, promoviendo la competencia entre estos. También Trump ha ordenado a las agencias federales revisar todas aquellas regulaciones que obstaculicen el uso de recursos energéticos nacionales con especial mención a combustibles fósiles, carbón, energía hidroeléctrica, biocombustibles, minerales críticos y recursos de energía nuclear.
Estos ímpetus desreguladores en el sector financiero y de energía contrastan con las políticas adoptadas en otros sectores en los que Trump ha anunciado mayores aranceles con sus principales socios comerciales o en sectores específicos como el siderúrgico, farmacéutico y el de semiconductores. Al parecer, la motosierra será selectiva.
