“Un tercio de APP en riesgo de caducar al 2035″

En 2024, la inversión adjudicada a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) alcanzó los S/ 23,3 millones, el nivel más alto de la última década. El resultado refleja la importancia de este mecanismo para desarrollar infraestructura en el Perú. Ante la proximidad de vencimientos de los contratos de APP, el país tiene la oportunidad de lograr una adecuada gestión de las concesiones que promuevan nuevas inversiones y garanticen los servicios públicos.

Según ProInversión, entre 2026 y 2038 vencerán 38 concesiones APP con un costo total de inversión de US$ 5,8 mil millones, equivalente a 1,4 veces la inversión pública del Gobierno Nacional en 2024, y que representan una de cada tres concesiones vigentes. Los sectores transportes (US$ 2,3 mil millones) y comunicaciones (US$ 1,8 mil millones) concentran la mayor parte de estas inversiones. A pesar de la proximidad del vencimiento, los lineamientos actuales del MEF no establecen criterios o mecanismos claros para renovar o relicitar con anticipación.

Para Luis Del Carpio, director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, los contratos de concesión están preparados para garantizar la continua operación y mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, las demoras en las nuevas licitaciones obligan a renegociar los contratos actuales para ampliarlos, lo que lleva a requerir adendas como mecanismo temporal para extender los plazos, según Camillo Carrillo, Associate Partner de EY Perú. Por ejemplo, el contrato de concesión del Hospital del Niño de San Borja vence este año, pero el Minsa recién le encargó a ProInversión su nueva licitación en agosto de 2024. Como resultado, es probable que se firme una adenda que evite la paralización de los servicios del hospital o que la administración regrese al Minsa.

Ambos especialistas reconocen a Chile como un referente en la planificación de vencimientos de APP, dado que anticipa los vencimientos de concesiones para estructurar procesos de cierre o relicitación. En contraste, el marco normativo y regulatorio en Perú aún presenta deficiencias que limitan el desarrollo de APP. Según el índice Infrascope 2024 de Economist Impact, que mide la capacidad para crear condiciones favorables para las APP, el Perú se ubica por debajo de Chile en cinco de los seis pilares de evaluación. En particular, se evidencian limitaciones en la gestión de riesgos y supervisión de contratos.

Las deficiencias en el marco regulatorio de las APP se reflejan en un lento avance de las concesiones priorizadas por el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. A noviembre de 2024, el 77% de las obras desarrolladas mediante APP registraron una ejecución menor al 25%, una cifra considerablemente mayor en comparación con las obras públicas (62%) y las obras por impuestos (40%).

Otro aspecto crítico es el actual sistema de reconocimiento de inversiones.Según Carrillo, la falta de reconocimiento del valor de las inversiones desincentiva a los concesionarios a invertir más allá de lo exigido en su contrato y en los últimos años de concesión. Por ejemplo, el concesionario de un puerto que busque mejorar su conectividad invirtiendo en carreteras cercanas podría no recuperar la inversión adicional dentro del plazo de su concesión. Así, se limitaría la ejecución de un proyecto de inversión que impulsaría una mayor competitividad y productividad.

Además, las APP enfrentan mayores dificultades de financiamiento. Debido a los siete retiros extraordinarios del sistema privado de pensiones, las AFP ajustaron sus carteras hacia activos más líquidos, reduciendo sus inversiones en proyectos APP en 70% entre 2019 y 2024, equivalente a más de US$ 10 mil millones. Esta disminución representa un riesgo para la inversión vía APP y puede encarecer el costo de proyectos futuros.

La planificación temprana de los procesos de APP es fundamental para garantizar su eficiencia, así como la continuidad y mejora de los servicios que prestan. Ante el próximo vencimiento de los contratos de concesión, es clave fortalecer el marco regulatorio para generar un entorno más atractivo para la inversión privada. Un mayor despliegue de esta última resulta indispensable para que el Perú retome una senda de crecimiento sostenido y continúe expandiendo su infraestructura orientada al cierre de brechas. Esto requiere procesos más eficientes y transparentes.