El Estado existe simplemente porque su ausencia implicaría el caos. Por eso, ha habido infinidad de formas de “Estado” desde la prehistoria. Hoy, como ciudadanos, requerimos que alguien nos ayude a garantizar orden, seguridad, justicia y servicios. Elegimos autoridades y designamos a quienes dirigen los organismos públicos para que a su vez armen equipos que permitan atender tales necesidades; vía impuestos les damos recursos para que puedan cumplir con ese mandato, recursos que deben usar con responsabilidad y austeridad. Implícito está el hecho de que, si no cumple, el funcionario debe ser reemplazado, y si actúa de mala fe, debe pagar por ello.
Pero cuando vemos el nivel de servicio que nos ofrece nuestro Estado (gobierno central, poder judicial, gobiernos regionales, municipalidades, hospitales, colegios, policía, por citar algunos) es evidente que algo no funciona.
El nivel del Estado más cercano a la población son probablemente las municipalidades. Sin embargo, es común encontrar allí un trato lejano y despreocupado, además de procedimientos sin sentido. Muchas municipalidades han modernizado sus sistemas de recaudación para impuestos prediales y arbitrios, porque su prioridad es recaudar, pero ¿cuántos municipios invierten en modernizar los servicios de atención y trámites de los vecinos, en capacitación técnica o en programas de atención al cliente para su personal? Cuando se trata de una posta médica o una escuela, la situación es probablemente más dramática pues se trata de servicios fundamentales.
No soy experto en “la cosa pública” y por eso mismo, para encontrar una explicación, me resulta inevitable comparar el servicio que solemos recibir del sector público con aquel del sector privado. En éste, desde la gran empresa hasta el microempresario, en la formalidad o informalidad, los empresarios invierten recursos y toman riesgos, buscan crear algo diferente con el fin de que elijan sus productos o servicios en lugar de los de la competencia. Los trabajadores, por su parte, tienen incentivos claros y concretos para un buen desempeño y saben que si no son capaces de desempeñar su rol a satisfacción es altamente probable que pierdan su trabajo. Importa hacerlo bien porque la alternativa es perderlo todo.
La entidad pública, por el contrario, no tiene competencia. Si no lo hace bien, no pierde clientes ni quiebra. Si el jefe de una entidad pública quiere cambiar funcionarios o empleados ineficientes, casi nunca puede. Si un empleado público quiere honrar su encargo y destacar, no recibe premios. Si va más allá de su rol para servir mejor, asume riesgos que serán probablemente sancionados. No existe un sistema que aliente la productividad y el cumplimiento. Los incentivos están para no hacer nada.
Algunos hemos visto en el pasado esfuerzos importantes para mejorar el servicio público, pero lamentablemente en la gran mayoría de los casos ha habido retroceso. Preocupa que los más jóvenes, quienes no han vivido en un Perú con servicios algo mejores a los actuales, piensen que el Estado es como es, y “así será, pues”.
Saludo a los miles de funcionarios públicos que, pese a vivir frustrados por las limitaciones del sistema, ponen lo mejor de su parte para hacer un buen trabajo. Pero eso no es suficiente. Como ciudadanos, debemos exigirle al Estado que entregue un buen servicio. No basta con ir cada 4 o 5 años a elegir gobernantes, la exigencia tiene que ser permanente y activa. El Estado existe para servir al ciudadano y no al revés.
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