El populismo migratorio y el daño que generaría

En Chile, el candidato José Antonio Kast tiene como oferta electoral la expulsión de cerca de 340 mil migrantes irregulares que viven en el país vecino del sur. Alertados por esto, varios extranjeros se han movilizado hacia la frontera con el Perú, lo que incluso ha generado problemas en las oficinas de migración peruanas.

Aunque se trata de un debate surgido en el país vecino, es inevitable esperar que, en la próxima campaña electoral, más de un candidato peruano también se sienta tentado a hacer este tipo de ofertas, alegando que se trata de una medida para luchar contra la inseguridad. Ya en el pasado se han planteado este tipo de anuncios.

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Más allá de la posibilidad real de que algo así se materialice, conviene preguntarse qué consecuencias puede tener en la economía del país. Dentro de todo, después de muchos años asentándose en los países de la región, la población migrante está profundamente integrada con la economía. Por ejemplo, la gran mayoría de los migrantes se insertó rápidamente en el mercado laboral, permitiendo que muchas unidades productivas generen eficiencia y aumenten su productividad. Otros emprendieron por cuenta propia. A cambio de ese trabajo, los migrantes obtienen ingresos que gastan mayormente en la economía local: alquilan vivienda, consumen en restaurantes, mercados, etc. De este modo, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, impactan en la economía. En el 2019, el BBVA Research encontró que esta migración habría ampliado el crecimiento económico en hasta 0,5%. Es de esperar que la cifra se haya incrementado en algo con el mayor flujo de personas registrado en años posteriores.

Cuando el trabajo realizado es formal, por otro lado, parte de los ingresos se dirige a pagar impuestos y contribuye al fisco. Sin embargo, incluso cuando el empleo no es formal, los migrantes pagan impuestos de manera indirecta a través del gasto que realizan, por ejemplo, adquiriendo bienes en establecimientos que reportan, luego, el impuesto a las ventas o impuestos selectivos al consumo. Por supuesto, también generan gastos públicos por la utilización de servicios de salud, educación, e incluso por el uso de programas sociales. La diferencia entre los ingresos tributarios generados y estos gastos determina su contribución fiscal neta.

¿A cuánto asciende el aporte fiscal de la migración venezolana? Según un estudio que realizamos en Macroconsult por encargo de Cedro, en el 2023 habría sido de alrededor de S/1.600 millones en términos brutos; o al 0,17% del PBI. Además, descontado los gastos que habrían demandado por el uso de servicios públicos, su contribución fiscal neta habría sido de 0,12% del PBI. Esto ocurre porque el perfil etario de la población migrante se ubica en el segmento de mayor productividad: jóvenes en edad de trabajar que completaron su período de estudios.

Lo anterior es claro. Más allá de su atractivo como oferta electoral populista, una medida de expulsión masiva tendría costos económicos considerables y mermaría el crecimiento del país.