El 83% de limeños se siente inseguro en el transporte público: estas son las crudas cifras que alertan al país
Los ciudadanos de menores recursos son quienes se ven más afectados por la falta de seguridad en el sistema de transporte. A ello se suma el incremento de tarifas en rutas operadas por empresas que sufren extorsiones.
El país enfrenta niveles récord de inseguridad. Entre enero y agosto del 2025, se registraron 2.264 denuncias por extorsión al mes en el Perú, siete veces más que en el mismo período del 2019.
El país enfrenta niveles récord de inseguridad. Entre enero y agosto del 2025, se registraron 2.264 denuncias por extorsión al mes en el Perú, siete veces más que en el mismo período del 2019.
Esto afecta a la ciudadanía y a distintos sectores, entre ellos, el transporte urbano. La creciente expansión del crimen es consecuencia de las actuaciones del Ejecutivo y el Congreso. En consecuencia, son ambos moralmente responsables de generar consensos para enfrentarlo decididamente.
Según el INEI, en el segundo trimestre del 2025, el 64% de peruanos indicó que la delincuencia es el principal problema del país, superando a la corrupción y al desempleo. Esta preocupación viene creciendo rápidamente respecto de inicios de año (enero-marzo: 59%) y ya alcanzó un máximo desde el 2016. Las características de la inseguridad ciudadana han variado desde la pandemia.
Por ejemplo, entre el 2019 y 2024, se redujo el porcentaje de personas en zonas urbanas que creían poder ser víctimas de robo en su vivienda, de 69% a 64%, o de sus pertenencias (como vehículos). En contraste, creció el temor por las extorsiones: en el 2024, el 28% de peruanos cree poder ser víctima de este delito, seis puntos porcentuales más que en el 2019.
Esta preocupación se refleja en la web: desde el 2019 las búsquedas por el tema “extorsión” en Google se multiplicaron por 4,5, luego de permanecer invariables en los 10 años previos a la pandemia. En el ámbito nacional, La Libertad lidera el problema de las extorsiones, con 143 denuncias por cada 100 mil habitantes entre enero y agosto del 2025, casi tres veces el promedio nacional (54).
En tanto, Lima Metropolitana es uno de los lugares donde más está creciendo. A agosto, la capital registra 71 denuncias de extorsión por cada 100 mil personas, equivalente a un alza de 53% respecto al año previo y casi el doble del incremento del promedio nacional (28%). Entre los principales distritos figuran Cercado de Lima (413), La Punta (134) y Chaclacayo (123).
El Ejecutivo y el Congreso son responsables de la crisis de inseguridad en el país, señala el IPE.
Transporte bajo alerta
El transporte urbano ha sido una de las víctimas más visibles de la ola de extorsiones en la capital. Según el INEI, el transporte público es el segundo lugar más inseguro en el 2024 (83%), solo detrás de los cajeros automáticos en la vía pública (87%). Esta inseguridad afecta en mayor medida a las personas de menores recursos, quienes utilizan combis o buses (76%) o colectivos (11%) como principal medio de transporte para ir al trabajo.
En contraste, casi la mi tad del nivel socioeconómico más alto (NSE A) se moviliza principal mente en automóvil propio (47%). La inseguridad no solo genera temor, sino que afecta el bolsillo de los peruanos. Ante un mayor número de extorsiones en la capital, distintas empresas de buses han subido los precios de sus tarifas.
Así, la inflación del pasaje urbano en Lima Metropolitana ascendió a 2,5% en setiembre del 2025, más de 5 veces el promedio de los 12 meses previos. Ello se da en un contexto en el que el precio de la gasolina regular (-7,3%) y premium (-8,4%) acumulan caídas en lo que va del año. El transporte urbano no es el único sector afectado. El avance de la inseguridad la posiciona como un obstáculo cada vez mayor para el entorno de negocios en el país, según el Banco Mundial.
Al 2023, el 9,3% de las empresas ya consideraba al crimen como uno de sus principales obstáculos, superando otras problemáticas como el acceso a financiamiento (3,8%). Este porcentaje es más del doble que en Colombia (4,6%). El Ejecutivo y el Congreso son responsables de la crisis política que resultó en una nueva vacancia presidencial, que no resuelve en nada la creciente expansión del crimen.
En el corto plazo, el Ejecutivo debe convocar a un Gabinete técnico que pueda tomar acciones decididas sobre esta problemática y dejar mejores condiciones para que el próximo gobierno tome la posta. En el mediano plazo, además, tomar consciencia, ambos poderes del Estado, de que el fuerte deterioro político en la última década ha impedido un mayor crecimiento económico y reducción de la pobreza. Enmendar, por lo tanto, con acciones que vayan más allá de los intereses políticos.
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