Los grandes amigos que siguen petardeando el desarrollo del Perú

En el mensaje de 28 de julio pasado, la presidenta Boluarte se comprometió “a hacer frente al crimen organizado y a la delincuencia”, priorizando a los ciudadanos y su bienestar. Sin embargo, a nueve meses de estos compromisos, este en particular no se cumple. Peor aún, en el caso de la minería ilegal, esta sigue avanzando de la mano de sus grandes amigos de las bancadas del Congreso, como ella misma lo señaló hace unos días.

Solo durante abril, la minería ilegal ha generado lamentables daños a la salud de compatriotas peruanos, el fallecimiento de una persona en el norte del país, daños a la infraestructura pública y privada, tanto en el norte como en la Amazonía, y sigue generando perjuicios económicos, sociales y ambientales ahí donde se desarrolla o le permiten desarrollarse.

La lucha frontal declarada por el Gobierno en el distrito de Pataz, en pleno estado de emergencia, no impidió que se dinamitasen dos torres de alta tensión en ese distrito. En tanto, unas semanas antes del atentado, el 21 de marzo, el Congreso publicó la Ley 31989, que modificó el Decreto Legislativo 1607, y derogó la primera disposición complementaria que facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta decisión del Congreso, respaldada por el Ejecutivo, ha debilitado fuertemente la capacidad de la PNP para combatir estas actividades ilícitas, favoreciendo la criminalidad organizada, la cual es una muestra más de la perniciosa alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, la que con silencio cómplice se sigue fortaleciendo, de espaldas al país.

No está en duda que la minería ilegal causa pérdidas económicas importantes .Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el 2022, el 45% del oro que se exportó no provenía de fuente legal, lo que genera pérdidas económicas que ascienden a US$4.000 millones anuales. Asimismo, ha informado que es posible que exista vinculación entre la minería ilegal con actos de terrorismo, como los que sucedieron en Pataz, por lo que urge atención del Gobierno.

Por otro lado, o podemos desconocer que la minería artesanal también se desarrolla en gran parte de nuestro país, y por eso es indispensable trazar una línea clara entre los mineros artesanales y los mineros ilegales. Para ello se deben plantear reformas al marco legal vigente, debemos estar alertas de los cambios que pretende el Congreso para seguir favoreciendo a los mineros ilegales. El marco normativo debe facilitar el proceso de formalización de los mineros artesanales y no favorecer la expansión de la minería ilegal.

El país, a través de las organizaciones sociales, ambientales, sector privado, academia, gremios, demanda que se tomen medidas urgentes para frenar el avance de la minería ilegal. Sin embargo, vemos que sigue siendo un tema sin atención prioritaria desde el Gobierno. Las declaraciones de estado de emergencia no son la solución, no solo con orden interno se solucionará este gran problema, se requiere estrategia e inteligencia para abordarlo desde sus causas y el concurso de diversos actores. Aquí sí se requeriría que las grandes amistades se unan para generar soluciones que beneficien al país, pero quizá es mucho pedir en esta época.