En el 2017, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) presentó la actualización de su Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. En dicho plan, se daba cuenta que al 2016, el 94,5% de las familias que habitan en los ámbitos urbanos del país tenían acceso a una conexión de agua en su domicilio. Este porcentaje se reducía al 71,2% si se medía el indicador en las zonas rurales. Los accesos a servicios de alcantarillado se reportaban en 88,3% y 24,6% de los hogares en los ámbitos urbano y rural, respectivamente. Así, la brecha de acceso a servicios de agua en sus hogares ascendía a 3,4 millones de peruanos y la de alcantarillado era de 8,3 millones. Dicho plan estimaba, asimismo, que cerrar esta brecha -es decir, darle agua y alcantarillado en sus hogares a los más de 30 millones de peruanos- costaría S/49,5 mil millones; el 80% de ese monto para inversiones en infraestructura de ampliación de coberturas, 16% para intervenciones en rehabilitación y mejoramiento y, finalmente, el 4% para financiar el fortalecimiento empresarial y expandir la micromedición.
Estando ya transcurrida la primera mitad del 2023 cabe entonces preguntarse, ¿cuánto se ha avanzado en el sector desde el 2017? Para responder a esta interrogante, vale la pena empezar diciendo que la disponibilidad de recursos fiscales para realizar las inversiones no ha sido una limitación. De acuerdo con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2017 y el 2022 se presupuestaron en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) la suma de S/38,4 mil millones (casi el 78% de los recursos necesarios para cerrar totalmente la brecha de agua y saneamiento). De ese monto presupuestado, se han ejecutado ya S/23,3 mil millones que equivalen al 47,1% del costo total para cerrar la brecha. A pesar de este enorme esfuerzo fiscal de financiamiento y ejecución, los datos que recientemente ha reportado el INEI en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) respecto a la evolución de los indicadores de acceso a servicios de agua y saneamiento en los hogares de los peruanos es que estos casi no se han modificado a pesar de los ingentes recursos financieros. Entre el 2017 y el 2022 el acceso al agua potable apenas aumentó de 88,1% a 89%, y el del saneamiento de 79% a 79,4%. Es decir, no ha habido ningún impacto significativo en el cierre de la brecha.
Este resultado frustrante es fruto de la degradación progresiva de la gestión pública y de la aplicación de los sistemas administrativos del Estado complejos y burocráticos por funcionarios generalmente no calificados. Según la Contraloría General de la República, al primer trimestre del presente año, 403 obras públicas (proyectos) del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento se encontraban paralizadas; es decir, sin ningún avance en su ejecución física durante más de seis meses. La mayoría (312) ejecutadas por gobiernos locales, seguidas por otras desarrolladas por el gobierno nacional (69) y por los gobiernos regionales (22). Hace unos años, la economista Adriana Bancalari publicó un trabajo de investigación que demostraba que los efectos de la paralización de las obras de agua y saneamiento sobre la salud infantil y, específicamente, en la tasa de mortalidad de los menores de 5 años, se incrementaban como consecuencia directa de las obras abandonadas. Ello porque para empezar a construirse, los sistemas anteriores -aunque sea precarios- dejaban de funcionar y la construcción de redes de alcantarillado quedaba expuesta y sin protección, generando que se incremente la exposición a riesgos de infección y contaminación de la población que vive en el área de influencia de la obra.
Las causas de esta tragedia son varias y complejas, pero, en primer lugar, sin duda, está la falta de institucionalidad y profesionalización que impera en las entidades de los tres niveles de gobierno que participan en el ciclo de inversiones de proyectos de agua y saneamiento desde la planificación hasta la ejecución, y posterior provisión de servicios a la población. En segundo lugar, que hemos confiado como país la provisión de los servicios del agua a pequeñas entidades descapitalizadas y politizadas como son las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que dependen de los municipios, que no cuentan con las capacidades técnicas mínimas para proveer servicio oportuno y de calidad a la población. Así, por ejemplo, en las regiones de sierra y selva menos del 20% de los hogares con conexiones domiciliarias reciben agua clorada con estándares que aseguren su desinfección para consumo humano. En tercer lugar, la altísima discrecionalidad y corrupción que ha habido en el pasado reciente alrededor de la asignación de presupuestos, cuyo ejemplo máximo fue el ya famoso DU 012 durante el gobierno de Castillo. El sector requiere un cambio de rumbo urgente y orientarse hacia una mayor tecnificación y profesionalización de los modelos de gestión que están vigentes hoy e incorporar la capacidad técnica y empresarial del sector privado en la provisión de estos servicios básicos para la salud y el desarrollo humano.
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