Contraloría envió al Ejecutivo proyecto de Decreto de Urgencia para reactivar obras públicas paralizadas

La Contraloría General de la República remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para su revisión y aprobación, el proyecto de Decreto de Urgencia solicitado por el presidente de la República Martín Vizcarra, que tiene como finalidad reactivar las obras públicas paralizadas.

Este decreto recoge la iniciativa legislativa presentada al Congreso de la República (Proyecto de Ley N° 3995/2018-CGR) el pasado 7 de marzo.

►China Three Gorges Corporation oficializa compra de Luz del Sur a Sempra

►Anglo American: Quellaveco producirá cobre por 100 años

La propuesta plantea la aplicación de un régimen excepcional que posibilite a las entidades públicas la culminación de obras paralizadas en todo el territorio nacional de sectores como salud, educación y saneamiento, además de otras medidas que fortalecen la lucha contra la corrupción.

El Contralor General Nelson Shack detalló que “entre las medidas planteadas se encuentra la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional, para asegurar que los recursos públicos sean ejecutados cumpliendo con las normas y que los funcionarios actúen correctamente”.

Asimismo, el proyecto plantea elevar el estándar de transparencia en los arbitrajes y en la labor que realizan los árbitros, obligándolos a presentar ante la Contraloría una declaración jurada de conflictos de intereses y prohibiendo que las instituciones arbitrales apliquen procedimientos de ratificación afectando la defensa de los intereses del Estado.

“Los ciudadanos están cansados de ver cómo sus regiones y municipios se llenan de elefantes blancos mientras las crecientes necesidades de obras y servicios básicos se dejan sin atención”, señaló Shack.

“La propuesta plantea mejorar la regulación de la labor de los supervisores de obra haciéndolos responsables solidarios de los incumplimientos del ejecutor, y estableciendo el deber de remitir una copia de sus informes a la Contraloría, porque hoy no están obligados a responder a los auditores”, añadió.

Agregó que la norma planteada al Ejecutivo también propone medidas a favor de la Contraloría con la finalidad de asegurar la intervención oportuna y la presencia del control a nivel nacional, continuando con el proceso de absorción de los Órganos de Control Institucional (OCI) de los gobiernos regionales y locales.

“El proceso de fortalecimiento busca garantizar la presencia efectiva del control particularmente a nivel de las regiones y municipios en el marco del proceso de reforma estructural del sistema nacional de control que viene implementándose desde la Ley 30742”, puntualizó el contralor.