El IPE planteó como soluciones priorizar una ventanilla única para permisos, fortalecer el rol del Estado frente a la minería ilegal y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y distribución del canon. Foto: GEC.
El IPE planteó como soluciones priorizar una ventanilla única para permisos, fortalecer el rol del Estado frente a la minería ilegal y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y distribución del canon. Foto: GEC.

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió durante su exposición en el Jueves Minero, que el Perú concentra nueve de los 29 mayores paralizados en el mundo, lo que equivale al 22% de la producción potencial global de este metal.

Precisamente, el IPE preparó un estudio titulado “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero del Perú”, a pedido del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), a fin de analizar la situación de la tramitología en nuestro país.

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Maro Villalobos

Entre los proyectos detenidos se encuentran La Granja y Michiquillay (Cajamarca), Conga (Cajamarca), Los Chancas (Apurímac), Río Blanco (Piura) y Pampa de Pongo (Arequipa), entre otros. Según Gallardo, estas iniciativas podrían estar operativas bajo un marco más competitivo, con procesos más ágiles y una mayor estabilidad social y política.

El economista recordó que, pese al nuevo superciclo de precios del cobre, la inversión minera en Perú se mantiene estancada, a diferencia de Chile, que sí ha respondido con mayores desembolsos.

Hoy el Perú debería estar con una inversión minera cercana al 5% del PBI, similar al 2013, pero en lugar de eso nos mantenemos alrededor del 2%”, apuntó en el evento del IIMP.

Gallardo también señaló que los principales cuellos de botella se concentran en la tramitología y la conflictividad social, factores que no solo retrasan los plazos de exploración y factibilidad, sino que también desalientan el ingreso de nuevas inversiones.

El IPE planteó como soluciones priorizar una ventanilla única para permisos, fortalecer el rol del Estado frente a la minería ilegal y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y distribución del canon.

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