El Tribunal Constitucional (TC) emitió un auto que admite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia 013-2024. Esta norma, aprobada en setiembre del año pasado, permitió al Poder Ejecutivo disponer un salvataje financiero a Petroperú por un monto de hasta US$1.800 millones.
Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución abre el proceso para revisar la legalidad del decreto. Se ha otorgado un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que se apersone y responda a la demanda. Luego, el TC programará una audiencia pública en la que ambas partes podrán exponer sus alegatos.
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El abogado Walter Gutiérrez, representante legal que encabeza esta demanda, advirtió que la medida vulnera principios constitucionales al no acreditar la excepcionalidad e imprevisibilidad que exige la jurisprudencia. Añadió que la crítica situación financiera de Petro-Perú era previsible y conocida desde hace años, por lo que no justifica el uso de un decreto de urgencia.
La demanda también cuestiona la recurrencia de estos mecanismos extraordinarios (al menos cuatro desde 2020) para respaldar a la petrolera estatal, lo que ha significado comprometer cuantiosos recursos públicos. Según el Colegio de Abogados de Arequipa, dichos fondos deberían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.
Asimismo, el gremio solicitó al Tribunal Constitucional emitir un pronunciamiento oportuno sobre el caso, al considerar que se trata de una medida que compromete directamente el manejo responsable de los fondos del Estado.
