Perucámaras advierte sobre octavo retiro de AFP: “El Estado debe ser garante de valor futuro, no caja de retiro inmediato”

La Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley para el octavo retiro de los fondos de AFP. En ese contexto, Perucámaras advierte que el “el Estado debe ser garante de valor futuro, no caja de retiro inmediato”, destacando que decisiones de corto plazo ponen en riesgo la credibilidad del país y comprometen el bienestar de las próximas generaciones.

El gremio empresarial remarcó que la reforma previsional aprobada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo hace apenas unas semanas fue un hito de responsabilidad histórica que no puede ser desconocido por coyunturas políticas.

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“El Estado no puede enviar señales contradictorias: hace unos días se promulgó el reglamento de esta reforma y hoy se pretende desconocerlo. Retroceder en ella significa condenar a millones de peruanos a una vejez sin pensión”, sostuvo Óscar Zapata, presidente de Perucámaras.

Zapata resaltó que la intangibilidad de los fondos de seguridad social está protegida por la Constitución y constituye un pilar de confianza en el sistema. “No podemos caer en la narrativa simplista de que la plata es de los afiliados. Los fondos previsionales forman parte de un contrato de largo plazo que garantiza rentabilidad futura y estabilidad para la jubilación. Ese contrato no puede romperse ni por una ley ni por un discurso político”, agregó.

Impacto en la economía y en el futuro de los peruanos

El presidente de Perucámaras subrayó que los recursos administrados por las AFP no solo aseguran pensiones, sino que cumplen un rol clave en el financiamiento de infraestructura y proyectos productivos que generan empleo.

“El ahorro de los trabajadores es parte de un círculo virtuoso: el ciudadano ahorra, el Estado invierte, la sociedad se beneficia y el país se desarrolla. Romper este esquema es hipotecar el futuro de todos los peruanos”, afirmó.

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Además, advirtió que decisiones populistas como un nuevo retiro deterioran la estabilidad jurídica, erosionan la confianza de los mercados y afectan la credibilidad del propio Estado. “El Perú no puede darse el lujo de enviar señales contradictorias ni de debilitar su institucionalidad en momentos en que necesitamos atraer inversión y consolidar el crecimiento económico”, concluyó Zapata.