Rutas de Lima: “Defensoría del Pueblo carece de competencia para interpretar contrato de concesión de los peajes”

Rutas de Lima, empresa que opera casetas de peajes en vías de la capital, rechazó el informe presentado por la Defensoría del Pueblo respecto al contrato de concesión que firmó con la Municipalidad de Lima (MML) para la administración de los peajes en la Panamericana Norte y Sur.

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A través de un comunicado, la compañía aseguró que la entidad que dirige Josué Gutiérrez “carece de competencia alguna para supervisar, fiscalizar y/o interpretar el contrato de concesión.

“La Defensoría carece de competencia alguna para supervisar, fiscalizar y/o interpretar el contrato de concesión. De hecho, al igual que la Municipalidad de Lima, la Defensoría pasa por alto la existencia de laudos internacionales finales que confirman la licitud y validez del contrato de concesión, así como de 39 procesos de habeas corpus que ratifican que el contrato de concesión no supone vulneración alguna al derecho constitucional al libre tránsito”, afirmó Rutas de Lima.

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Además, remarcó que el reciente informe de la Defensoría del Pueblo “está plagado de errores e imprecisiones” y puso de ejemplo el caso de la vía alterna en el tramo norte del proyecto. Incluso, la empresa la acusó de participar, según dijo, en una “campaña de hostigamiento”.

“El informe de la Defensoría está plagado de errores e imprecisiones. En particular, la Defensoría se equivoca en cuanto a la existencia de rutas alternas en el tramo norte del proyecto (que sí existen), la situación de la autopista Ramiro Prialé, la sostenibilidad de la concesión, y las actualizaciones tarifarias, entre otros. Notablemente, estos errores son los mismos que difunde constantemente la Municipalidad de Lima”, indicó Rutas de Lima.

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“La Defensoría participa activamente en la campaña de hostigamiento sistemático desplegada contra Rutas de Lima mediante la emisión de informes tendenciosos e infundados, así como interviniendo en procesos promovidos por la MML (Municipalidad de Lima), e inclusive promoviendo directamente una demanda de amparo que impugna el contrato de concesión”, agregó.

“Las acciones que viene implementando la Defensoría del Pueblo socavan el marco jurídico del sistema de concesiones en el país y comprometen la credibilidad del Perú como destino seguro para la inversión extranjera”, finalizó Rutas de Lima.

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El caso

La Defensoría del Pueblo se pronunció, a través de un informe, sobre el contrato de concesión firmado por la Municipalidad de Lima con Rutas de Lima y en el que detalla los procesos de selección, construcción y operación del proyecto.

En el documento, la entidad afirma que en el contrato de concesión se estableció un monto de inversión de US$515 millones, de los cuales, hasta julio del 2023, solo se han invertido S/261 millones. También enfatiza que debió de realizarse en un plazo de 52 meses y ya transcurrieron alrededor de 10 años.

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Además, indica que el contrato de concesión “establece un redondeo ilegal de las tarifas, perjuicio actualizado que ha sido estimado en S/22,9 millones”.