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El incumplimiento de contratos es uno de los problemas más complejos que están atravesando los empresarios en todo el mundo a causa de la pandemia, y el Perú no es ajeno a esta realidad ya que los tres meses de cuarentena han dejado sin oxígeno a muchos negocios.
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Esta situación, precisamente, está provocado el rompimiento de la cadena de pagos y la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas durante la emergencia sanitaria. Ante ello, los conflictos contractuales, como en el caso de los arrendamientos, se han acentuado, dice Daniel Linares Aviléz, director de Arbitraje Postpago.
Explica que, por ejemplo, en el sector retail –sobre todo en centros comerciales- muchos ‘retailers’ (operadores menores) hoy están en una negociación fuerte con los dueños de ‘malls’, ya sea para reducir sus tarifas a un monto más acorde con la realidad o para dejar de operar, porque ya no pueden sobrevivir.
“Recordemos que una sola marca puede tener locales hasta en 10 ‘malls’ diferentes, por lo que manejar una operación así y en las condiciones actuales es complicado. Depende mucho del giro también, si es un restaurante quizá tenga más opción de salir adelante, pero si es una tienda de ropa o de lujo será más complicado”, sostiene.
En el sector comercio, los conflictos –especialmente en temas de arrendamiento- llegan al 70% y 80%.
Comenta que negocios en avenidas de alto tránsito como el Jirón de la Unión o emporios como Gamarra han sido totalmente castigados. “Si no han vendido nada, lo más probable es que tampoco hayan cumplido con pagar alquileres”, considera.
No hay un reporte oficial, pero señala que la morosidad de pago de renta en el giro comercial es altísima por encima del 30%.
OTRO SECTORES
El sector comercio no es el único golpeado, las agencias de viaje, cadenas y marcas hoteleras también. Estas últimas, además de pagar rentas tienen que correr con el costo de mantenimiento que es importante.
“Hoy en día estamos de cara a una reestructuración completa porque el mercado cambió fuertemente y no será temporal, la recuperación demorará”, precisa el especialista en resolución de conflictos.
Linares sostiene que si los propietarios tienen un buen inquilino lo razonable es que lo proteja y que le permita continuar con el negocio.
Menciona también que la mayor parte de los problemas, según la experiencia de Arbitraje Postpago, se están arreglando vía transacción y están llegando a arreglos, pese a que las negociaciones son duras.
La flexibilidad ha ido cambiando, al comienzo probablemente el acreedor era más duro, pero conforme la cuarentena se fue alargando también se lograron acuerdos. “Cuando se origina un conflicto comercial, la primera opción es intentar llegar a un acuerdo entre las partes. Si tal negociación no funcionara, terminará en una disputa legal cuyas vías de solución son dos: el Poder Judicial o el arbitraje, en caso de que exista un convenio arbitral en el contrato”, explica.
De otro lado, precisa que los empresarios pueden hacer valer sus derechos por la vía arbitral sin tener que asumir los costos durante el proceso. Indica que programas como Arbitraje Postpago financian los costos que implica resolver un conflicto como honorarios de los árbitros, peritos y abogados que intervendrán en el proceso, así como los costos del centro de arbitraje. “Solo en el caso de obtener un resultado favorable y lograr su ejecución, el empresario devolverá lo invertido. Si este fuera desfavorable, no se reembolsará absolutamente nada. Es decir, el programa asume el riesgo de no ganar el arbitraje”, afirma Linares.
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