“El Estado no brinda un adecuado servicio a los ciudadanos”, señala Roger Nájar.
“El Estado no brinda un adecuado servicio a los ciudadanos”, señala Roger Nájar.
Roger Nájar

Todas las encuestas coinciden en que la corrupción es el principal problema del país. La pandemia desnudó con crudeza este fenómeno. En los diferentes niveles de gobierno se ha visto con exageración diversas formas de robarse el dinero del pueblo.

La contraloría reveló que la corrupción y la inconducta funcional generaron pérdidas por S/23 mil millones respecto al presupuesto ejecutado el 2019. ¡Cuántos colegios, hospitales, postas médicas y obras públicas se hubieran construido con ese cuantioso monto! Según el contralor Nelson Shack, “el Perú tiene un problema de corrupción, no de casos aislados, sino de una corrupción estructural, que ha penetrado todo el sistema público”.

La corrupción no solo está en las entidades públicas y privadas. También en los partidos políticos que hoy enfrentan investigaciones fiscales graves. Alcaldes y gobernadores regionales investigados por corrupción ejercen sus funciones valiéndose de medidas cautelares. A esto se suman los candidatos al Congreso con investigaciones fiscales por diversos delitos que podrían alcanzar una curul por no tener una sentencia firme.

Los destapes de Odebrecht y del Club de la Construcción revelaron la gravedad del problema de la corrupción en el sector privado. Como siempre, los ‘peces gordos’ cumplen arresto domiciliario o simplemente evaden su responsabilidad con el poder del dinero.

Nadie duda de que la corrupción es moneda corriente. Pagar una coima para agilizar un trámite o comprar un lugar preferencial en una cola de venta de oxígeno no debe servir como argumento para justificar estas prácticas.

¿Por qué la corrupción sigue vigente a pesar de múltiples esfuerzos que se realizan para combatirla desde instituciones como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción? Pueden plantearse muchas explicaciones desde el punto de vista cultural, social, económico, etc. También desde un enfoque de gestión pública: el Estado no brinda un adecuado servicio a los ciudadanos.

¿Qué hacer para involucrar a los ciudadanos en la lucha contra este flagelo? Hay que comprometer su participación mediante una cruzada nacional que movilice a todos los sectores.

Desde el Congreso vamos a impulsar un amplio debate que incluya la participación de autoridades y actores políticos vinculados a la toma de decisiones. Sin decisión política no se podrá hacer nada. La corrupción seguirá avanzando y podría convertirse en metástasis. Y eso no lo podemos permitir.

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