Por el presunto delito de fraude en la Administración de Personas Jurídicas y en agravio de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el 29 Juzgado Penal de Lima abrió proceso penal contra Luis Claudio Cervantes Liñán, rector de la referida casa de estudios, quien percibe S/.2 millones como remuneración mensual.
Cervantes Liñán también quedó impedido de salir del país, según consideró el Poder Judicial, por "el real peligro procesal” que ha mostrado con "una conducta obstruccionista” durante las investigaciones preliminares en torno al exorbitante salario que percibe y su extenso movimiento migratorio.
Con Cervantes también serán juzgados otros funcionarios, representantes estudiantiles y graduados de la referida casa de estudios, como presuntos autores y cómplices en la consecución de los delitos. Todos permanecerán bajo comparecencia restringida y no deben cambiar de domicilio sin reportarlo previamente al 29 juzgado penal. Además, tendrán que concurrir cada 60 días a registrar sus huellas dactilares y cuantas veces sean requeridos por la sala.
La jueza Celia San Martín Montoya ordenó que mediante una auditoría contable se determine el perjuicio económico contra la Universidad Inca Garcilaso y solicitó a la Superintendencia de Banca y Seguros información sobre las cuentas bancarias de los procesados. En tanto, Registros Públicos debe dar cuenta de los bienes muebles e inmuebles que a nombre de Cervantes y los otros denunciados.