‘La jauría del sur’: así operaba la red criminal que encabezaba el alcalde de Punta Negra

Tráfico de terrenos públicos y privados, contratos de trabajadores o servicios fantasmas y compras sobrevaloradas son los delitos que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima le imputa a la organización criminal ‘La Jauría del Sur’, presuntamente encabezada por el alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia.

Según el organigrama elaborado por la Policía Nacional, la red criminal tenía entre sus integrantes a funcionarios de la Municipalidad de Punta Negra, así como un aparato legal y miembros de la policía, quienes se encargaban de que los delitos se concreten y de informar sobre las investigaciones que se iniciaban.

‘La Jauría del Sur’, de acuerdo con las pesquisas, seguía el mismo patrón criminal de las mafias dedicadas a la usurpación y venta de tierras en Lima. Es decir, tomaba posesión de un terreno del Estado o privado, constituía falsas asociaciones de vivienda e iniciaba la venta de lotes en esas áreas. Los documentos que daban legalidad a las invasiones, así como a la compra-venta de lotes, eran realizados por funcionarios públicos de la comuna de Punta Negra que pertenecían a la organización.

Luego, la mafia hostigaba a quienes adquirían los lotes, con cobros recurrentes por servicios y seguridad que nunca tenían. Los que no hacían los pagos eran extorsionados y después expulsados del terreno. Así, los lotes quedaban listos para una nueva venta y el patrimonio de la red delictiva iba incrementándose.

Durante las pesquisas se determinó, por ejemplo, que en marzo del 2019, previo acuerdo económico con el alcalde Delgado, un presunto traficante de tierras, identificado como Nicolás Medina Vílchez, se hizo pasar como propietario de un terreno de 50 hectáreas situado en el kilómetro 46.7 de la Panamericana Sur, denominado Fundo Cruz, en la zona Cruz del Hueso. Medina entregó un documento que fue validado por funcionarios de la comuna de Punta Negra que han sido vinculados con la red criminal.

El manejo del terreno habría recaído en Catalino Echevarría Vega, quien operaba como testaferro del alcalde. A través de escuchas telefónicas, la policía constató que Echevarría era el encargado de lotizar y vender cada predio. De la misma forma, las autoridades corroboraron que un ex juez de paz de Punta Negra, identificado como Francisco Ampuero Mestanza, colaboraba certificando constancias de posesión de terrenos recién invadidos como si ya estuvieran habitados hace años.

Durante el megaoperativo policial, realizado esta madrugada, fueron capturados el alcalde José Delgado, el gerente de Administración y Finanzas Ricardo Roberto Pérez Castro y la subgerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria Jennifer Esperanza Leandro Blas. Todos ellos pertenecientes a la Municipalidad de Punta Negra. También, la exgerenta de Fiscalización y Control Leia Cristhy Rojas Reátegui, así como el exgerente de Desarrollo Económico y actual subgerente de Fiscalización de La Victoria, Filiberto Campos Huamán.

Además, la abogada Lizette Mercedes Bello Cárdenas, el ex juez de paz Francisco Ampuero Mestanza, el ex comisario de Punta Negra Raúl Edgardo Portella Falcón y el exjefe de la División Territorial Sur de la Policía Fernando Súcuple Olivos.

-Apropiación de combustible-

En las investigaciones también se detectó que la mafia se apropiaba de combustible que era destinado a vehículos de la Municipalidad de Punta Negra. Para ello, la organización criminal habría colocado placas de vehículos en desuso, pertenecientes a la referida comuna, a tres camiones particulares que eran abastecidos de gasolina en un grifo de Punta Negra.

La policía constató que los vehículos del municipio de Punta Negra, los cuales supuestamente eran cargados con gasolina, estaban deteriorados y guardados en el estadio Joaquín Ormeño.

-Trabajadores y servicios fantasmas-

De acuerdo con el testimonio de algunos testigos protegidos, la organización criminal encabezada por el alcalde José Delgado también se apropió de dinero recabado en amnistías tributarias. Entre enero y marzo del 2019, por ejemplo, la comuna de Punta Negra obtuvo S/3’500.000. La cúpula del grupo criminal habría engrosado su patrimonio con ese monto haciéndolo pasar en compras sobrevaloradas, así como contratación de servicios fantasmas (que nunca se realizaron) y pagos a trabajadores fantasmas (que estaban en planilla pero no asistían a laborar).

Los colaboradores eficaces en las pesquisas refirieron que las gerencias y subgerencias involucradas en la red criminal eran las que daban conformidad de los falsos servicios que contrataban. Además, que había unos 60 trabajadores fantasmas para los cuales se emitían pagos mensuales puntualmente.