Metropolitano: gestión de Castañeda debe afrontar 8 arbitrajes

Las pérdidas económicas ocasionadas a los concesionarios del Metropolitano, por incumplimientos contractuales -no retirar a las rutas que compiten con el servicio ni extender el corredor hasta la Av. Chimpu Ocllo, en Comas-, motivó que cuatro de ellos llevaran al municipio de Lima a diferentes arbitrajes por montos que -según un reportaje de Cuarto Poder- sumarían S/. 600 millones.

El Comercio pudo conocer que en total hay ocho demandas en proceso en la Cámara de Comercio de Lima (CCL): cuatro presentadas por la empresa recaudadora de pasajes ACS Solutions, dos por el concesionario del gas PGN, una por el operador de buses Transvial y otra por Perú Masivo, también operador de buses.

Uno de los procesos sería resuelto en el primer semestre del 2015; es decir, durante la gestión del alcalde electo Luis Castañeda Lossio. Si el tribunal arbitral falla a favor del demandante, la municipalidad tendrá que asumir los costos por la mala rentabilidad de un servicio que a la fecha no llega a la demanda proyectada de 700 mil pasajeros por día.

"Si gana el concesionario, [la nueva administración] tendrá que pagar lo que ordene el laudo del arbitraje", indicó a este Diario Fabricio Orozco, gerente general de Pro Transporte en la gestión de Castañeda.

Explicó que si bien la municipalidad podría recurrir al Poder Judicial para pedir la anulación del laudo, en la medida que se cumplan determinadas causales, "normalmente los laudos no se declaran nulos, quedan firmes", dijo.

Por su parte, Patricia Juárez, teniente alcaldesa de la gestión entrante, evitó adelantar una opinión. No obstante, dijo que tendrían que revisar cada caso y en base a ello tomar decisiones.

"Durante las transferencias, el directorio de Pro Transporte tendrá que informar a las comisiones encargadas cuáles son las probabilidades de éxito en cada proceso", indicó Orozco.

En el 2012, la Municipalidad de Lima asumió hasta S/.93 millones de la deuda que los concesionarios tenían con Cofide. Ello, tras reconocer que había una situación de incumplimiento contractual por lo cual correspondía la indeminización.