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Los crímenes siguen dejando su huella en la ciudad, como una sombra que no se despeja. En Lima, en menos de un día, la muerte volvió a robarse la calma. La madrugada de ayer, en Los Olivos, un sicario asesinó a balazos a un mototaxista que conversaba con un amigo cuando fue sorprendido por más de cinco disparos. Un día antes, al mediodía, en Comas, una jaladora de combis fue acribillada frente a un colegio. Esa misma tarde, en el Callao, un técnico de celulares fue ejecutado dentro de la galería Polvos Chalacos, desatando el pánico en plena zona comercial.
Ciudadana venezolana es asesinada a balazos frente a colegio en Comas. Captura de video.
Estos hechos son solo una muestra de la creciente ola de violencia que sigue ganando terreno en el país y que se refleja en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. En menos de cuatro meses -hasta el 24 de abril- se han registrado 706 homicidios a nivel nacional, lo que representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo en 2024, con un total de 578 víctimas.
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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
Hasta el año pasado, el país contaba con un promedio de 5 homicidios diarios. Hoy, esa cifra ha incrementado a 6 por día. Además, se ha superado el total de homicidios contabilizados en todo el año 2017, cuando se reportaron 674 casos.
En esa línea, los mismos registros indican que Lima es la región con más homicidios por lugar de procedencia, con 256 víctimas, seguida por La Libertad (80), Callao (63), Piura (44) e Ica (34). En contraste, Huancavelica, Moquegua y Pasco reportan solo una víctima cada una.
Del total de víctimas, al menos 33 eran menores de edad. En cuanto al lugar del crimen, el 38% de los homicidios ocurrió en la vía pública, el 29% en establecimientos de salud y aproximadamente el 11% en domicilios.
Es importante precisar que estos hechos de sangre se siguen registrando en plena prórroga del vigente estado de emergencia que rige en Lima y Callao
Expertos consultados por El Comercio señalan que esta tendencia al alza refleja la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades y el nulo control territorial en las calles.
Acciones claras
Según fuentes oficiales, los casos de homicidios hace unos años provenían de varias fuentes como: el crimen organizado, la delincuencia común, feminicidios, ajustes de cuentas, entre otros. En la actualidad, se sumarían los homicidios asociados al crimen organizado, específicamente a la extorsión, explicó Frank Casas, experto en crimen organizado y seguridad ciudadana.
“El gran problema es que no tenemos una buena política para combatir la delincuencia común o el delito patrimonial; tampoco buenas opciones para luchar contra los problemas estructurales que no cesan, como los feminicidios; y por último, mucho menos para contrarrestar el sicariato asociado al delito de extorsión”, dijo Casas.
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Por su parte, el comandante PNP (r) Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, precisó que la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene autonomía funcional, por lo que debería darse una orden de que todas las unidades estén enfocadas en luchar contra el sicariato, la extorsión y contener la crisis de inseguridad ciudadana actual.
“Esto -el incremento de los homicidios- es el resultado del abandono total del dominio territorial que debió haber tenido la policía como fuerza pública. Lamentablemente, estas bandas organizadas, vinculadas al delito de extorsión en muchas ocasiones, han encontrado en la tecnología su mejor aliada para su actividad delictiva”, declaró el comandante PNP en situación de retiro.
Indicó que esta falta de ejecución de patrullaje estratégico y preventivo se refleja en los casos de homicidio que se registran en la vía pública, ya que los mismos criminales saben en qué sectores usualmente no transita la policía y pueden actuar con total impunidad, incluso en un estado de emergencia donde se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
“De buenas a primeras me acerco a la esquina de Alcázar con Tarapacá y le meto un tiro a un conductor de mototaxi y lo mato, porque no había ningún policía. Se sabe que ahí hay un paradero de transporte y no hay presencia policial”, resaltó.
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Además, subrayó que se necesitan algunas reformas legales para poder garantizar una correcta investigación policial luego de haber detenido a un criminal, e incluso para ejecutar la detención.
“Yo detengo a alguien con un arma y solo tengo 48 horas para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Si sucede en la noche, tengo toda la madrugada trabajando a un equipo en las primeras diligencias, y a la mañana siguiente el fiscal solicita tomar manifestaciones, que puede tomar gran parte del día. Luego toca pasar exámenes médicos de ley, y en ese lapso se vencieron las 48 horas, más cuando se trata de bandas organizadas”, explicó.
Para el comandante PNP (r) Rivadeneyra, la medida de estado de emergencia podría funcionar, siempre y cuando se coordine un plan estratégico en conjunto con las Fuerzas Armadas que también incluya el patrullaje en zonas que son duramente golpeadas por la criminalidad, como las periferias de la capital. Esto también será efectivo de la mano de un trabajo interinstitucional entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial.
Casas, en tanto, comentó que en los últimos años se ha presentado el estado de emergencia como una solución “mágica” ante todos los problemas de inseguridad ciudadana, violencia y crimen organizado que afronta el país.
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“Denota un desconocimiento total sobre qué hacer frente a un gran problema que ha rebasado al Gobierno”, dijo.
Explicó que con aquellos delitos asociados a la extorsión se debe reforzar la investigación policial, así como el control de las herramientas que usan los delincuentes para ejecutar sus delitos: armas, explosivos, municiones. Además, resaltó que hay otras fuentes que también generan homicidios, como la violencia contra poblaciones vulnerables, que ameritan otras estrategias.
