Las frías cifras y omisiones de Dina Boluarte, en medio del crítico panorama de homicidios y extorsión

Por segundo año consecutivo, la presidenta Dina Boluarte presentó un extenso mensaje a la nación en el que, entre varios anuncios, abordó el tema de la seguridad ciudadana, una preocupación latente para todos los peruanos debido a la grave crisis que enfrenta el país en los últimos años. Pese a la ola de asesinatos que ha afectado a la población —con mayor incidencia en el sector del transporte público desde agosto del año pasado—, la mandataria omitió comunicar qué acciones concretas se tomarán para frenar este problema, y en su lugar destacó principalmente las decisiones orientadas a mejorar el equipamiento de la Policía.

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Durante su discurso, Boluarte afirmó que en materia de seguridad se han incorporado más de 21.000 efectivos policiales al servicio, posteriormente agregó que la cifra se alcanzará el próximo año. Por el contrario, en la actualidad, los datos oficiales indican una disminución del número de policías activos en el país. En enero de 2025, había 135.297 efectivos policiales, mientras que en junio pasado la cifra se redujo a 133.169, lo que representa una baja de 2.128 policías en apenas cinco meses, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.

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Además, solo 52.084 policías se encuentran destacados en comisarías básicas y especializadas a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de 152 policías por cada 100.000 habitantes. La región Lima tiene el índice más bajo, con solo 96 policías por cada 100.000 habitantes en comisarías.

A esto se suma una situación preocupante que no fue abordada en el mensaje: la crisis de homicidios en el país. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, al 24 de julio de este año, 1.242 personas han sido asesinadas, lo que equivale a casi seis por día.

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En cuanto a equipamiento, aseguró que, por primera vez en 20 años, se han adquirido más de 1.400 vehículos, entre camionetas, motocicletas y ambulancias, con una inversión superior a los S/580 millones. No obstante, fuentes policiales han señalado que muchas unidades enfrentan serias deficiencias logísticas, tecnológicas y vehiculares para llevar a cabo labores de seguimiento, vigilancia e inteligencia.

Según el Ministerio del Interior, actualmente la Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con 20.274 vehículos a nivel nacional. De estos, solo 12.135 están operativos. En contraste, 3.440 son inoperativos, pero con posibilidad de recuperación, mientras que otros 4.699 vehículos se consideran irrecuperables.

Es importante resaltar que a pesar de las múltiples promesas, la mandataria no hizo mención alguna a problemas graves como las extorsiones, el aumento de homicidios, la violencia en el sector transporte ni otros aspectos críticos de seguridad que se han agudizado desde agosto de 2024.

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Respecto a la presencia en zonas protegidas, la presidenta anunció la instalación de nueve bases policiales y militares en áreas naturales protegidas, como Tambopata, Amarakaeri, Bosque de Alto Mayo, Allpahuayo Mishana, Salinas y Aguada Blanca, Cerros de Amotape, Manglares de Tumbes, Bosque de Pómac y el Parque Nacional Yaguas. Sin embargo, no existe información pública que confirme el funcionamiento actual de estas bases, algunas de las cuales no registran operaciones desde 2019 o no figuran en registros oficiales, excepto por la de Allpahuayo Mishana y las temporales en Tambopata.

En su lucha contra la delincuencia, Boluarte presentó el Plan Perú Seguro, que tiene como ejes: la prevención integral del delito, el control territorial estratégico, la lucha contra el crimen organizado y transnacional, y la modernización policial. Dicho plan no es una novedad, ya que existe desde 2023.

También destacó los resultados del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), con más de 550 operativos desde el año 2024. Sin embargo, esta cifra no figura en los reportes oficiales de la PNP ni del Ministerio del Interior que son de acceso público.

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Además, anunció el Plan Celador, enfocado en reforzar el patrullaje en Lima y Callao con más de 6.500 policías, tanto a pie como motorizados, mediante operativos de inteligencia. Este plan busca convertirse en política pública de cobertura nacional para 2026.

En el ámbito tecnológico, Boluarte mencionó que se implementará un sistema nacional de videovigilancia con inteligencia artificial, un laboratorio de criminalística, un sistema de análisis forense digital y herramientas de georreferenciación. El sistema de cámaras incluiría unas 2.480 unidades a nivel nacional con una inversión de más de S/ 86 millones. Además, respecto a los programas, resaltó que se opta por ellos con la finalidad de luchar contra el crimen organizado y las extorsiones.

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También afirmó que se han “destrabado” proyectos educativos de la PNP, como la Escuela de Oficiales en Chorrillos y la Escuela de Mujeres en San Bartolo. Volvió a anunciar que, para el 2026, se entregarán la Escuela de Oficiales de Chorrillos y tres escuelas técnico-superiores en Arequipa, San Bartolo y Tarapoto. Cabe resaltar que estas mismas promesas ya habían sido mencionadas en su mensaje del año anterior, con fechas de finalización previstas para 2025.

En esa línea, también anunció la inauguración del Complejo Policial Río Negro, tres puestos de vigilancia fronteriza y seis nuevas comisarías (aunque no especificó su ubicación).

Para Frank Casas, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, el mensaje brindado por Dina Boluarte sobre seguridad ha dejado varios vacíos. Desde su análisis, este discurso ha destacado por ser bastante técnico y alejado de la realidad cotidiana de los ciudadanos que, de alguna manera, buscaban respuestas por parte de la máxima autoridad sobre los problemas que les afectan. “El mensaje parece más bien una síntesis de las memorias anuales de los ministerios. Hice esto, hice aquello, hoy hice más, hoy hice menos”, cuestionó el experto.

Casas advierte que casi la totalidad del mensaje vinculado a la seguridad se centró exclusivamente en el accionar policial. Si bien no está mal que se busquen avances para este sector, el enfoque deja de ser novedoso. “No es necesariamente un tema policial, el tema de la seguridad implica otros sectores (…) sobre ello no ha dicho nada”, declaró Casas en relación a la nula mención sobre un plan multisectorial con el Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras entidades administradoras de justicia para luchar contra la criminalidad organizada.

El experto también criticó que se presente como logró la desarticulación de bandas criminales, sin atender a la complejidad del crimen organizado. “Eso no necesariamente te va a definir que realmente con eso estás venciendo a la criminalidad”, resaltó Casas. Subrayó que estas agrupaciones delictivas son altamente resilientes y flexibles. “El sistema va a funcionar si no se rompe con la estructura criminal que tiene que ver con el acceso a armas, municiones, teléfonos”, reforzó.

Como se mencionó líneas arriba, la presidenta Dina Boluarte no mencionó alguna acción frente a la ola de homicidios que afecta al país, al igual que las extorsiones. Casas indicó que no se espera que el Gobierno reduzca todos los delitos tipificados en el código penal, pero sí que se concentre en algunos, como la extorsión.

“No se ha hablado nada de cómo han trabajado y cómo piensan seguir trabajando con el Ministerio Público, con las municipalidades. Esa es otra ausencia”, dijo Casas. Para él, la estrategia está muy centrada en la policía, lo cual no le parece mal, pero también reconoce que es insuficiente.

Respecto al llamado Plan Celador, que contempla el patrullaje de más de 6.500 efectivos en Lima y Callao, Casas fue claro al señalar que no es novedoso. “La policía ya realiza como parte de sus actividades financiadas desde hace varios decenios”, dijo. Aunque reconoce la necesidad de patrullaje, señala que no se explica con claridad para qué servirá realmente. “¿Nos va a servir para el delito patrimonial, para las extorsiones, para el homicidio? Esa parte estratégica no la sabemos”, concluyó.

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En tanto, el Instituto de Criminología denunció que desde 2021 en el país no existe una cifra oficial de homicidio. “Es un tema crítico, porque de repente 2021 no se produce el dato oficial de homicidios y no sabemos en qué estado estamos”, señaló Nicolas Zevallos, vocero del Instituto de Criminología. Recordó que incluso Bukele, en El Salvador, basó parte de su estrategia en la reducción documentada de asesinatos. “Ese dato es clave, es importante para poder saber en qué situación nos encontramos”, dijo.

La crítica también alcanza la respuesta frente a la extorsión. Zevallos lamenta que no se haya brindado una explicación detallada como sí la tuvo el Ministerio del Interior. “Los extorsionadores no se resuelven solo con varios operativos, sino protegiendo y atendiendo a las víctimas”, enfatiza. Transportistas, bodegueros, comerciantes y cooperativas son los más golpeados, pero no se ve una estrategia clara de acompañamiento. “Más allá de las cuestiones que se han planteado, sí hace falta —y evidentemente ya no hay chance para que esto sea parte de un mensaje presidencial— saber cómo se está acompañando a esas víctimas para que puedan seguir operando en paz”, agregó.

Las economías ilegales en el Perú no actúan de forma aislada, y ese parece ser uno de los grandes vacíos en el enfoque estatal. Así lo advierte Nicolás Zevallos, investigador y vocero del Instituto de Criminología, al señalar que “las economías ilegales no operan solas”. Advirtió que cuando baje el precio del oro, el narcotráfico volverá a tomar protagonismo. Por ello, considera que no basta con atacar un solo eslabón. “No se puede afrontar solamente a partir de una sola cadena, un solo mercado ilegal, porque siempre dialogan entre sí”, dijo.

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La seguridad privada no ha sido mapeada por el Gobierno como un tema que deba ser regulado con acciones concretas, a pesar de su relevancia y los riesgos que representa. Estos riesgos han quedado en evidencia en casos como el de Pataz, donde más de diez personas fueron cruelmente asesinadas dentro de un socavón minero. Posteriormente, se conoció que el grupo estaba conformado por hombres contratados como seguridad privada.

“La seguridad pública es cada vez más precaria, la gente demanda seguridad privada, pero esa seguridad privada es precaria, informal, irregular y paga miseria a los trabajadores”, comentó Nicolas. Así, tanto lo público como lo privado ofrecen servicios deficientes. En ese vacío, alerta, emergen ofertas aún más peligrosas, concluyó el experto.