Además del avance de la criminalidad organizada, el Perú atraviesa una situación igualmente crítica en términos de seguridad: la persistente violencia sexual y de género. Las cifras correspondientes al periodo 2020-2025 muestran un incremento sostenido de denuncias por violación sexual, lo que revela una problemática estructural que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en todo el país.
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Durante el primer semestre de 2025, ya se han reportado 6.677 casos de violación sexual, superando en 354 denuncias el total registrado en todo el 2020. Esta cifra parcial sugiere un escenario preocupante: si el ritmo actual se mantiene, el año podría concluir con una cantidad de casos superior incluso al récord alcanzado en 2024, cuando se notificaron 12.924 hechos de esta naturaleza. Según el Programa Nacional Aurora, se registran en promedio 37 denuncias diarias por este delito.
El grupo más afectado sigue siendo el de niñas y adolescentes mujeres, con 3.857 casos registrados entre enero y junio. Esta cifra da cuenta del nivel de vulnerabilidad al que están expuestas desde edades tempranas. A este grupo se suman 2.383 mujeres entre los 18 y 59 años, así como 49 mayores de 60. También se han reportado víctimas varones: 316 casos en niños y adolescentes, 71 en hombres adultos y un caso en un hombre mayor de 60 años.
Desde 2021, las cifras muestran un crecimiento drástico. Ese año se contabilizaron 10.251 denuncias, lo que representó un salto de más del 60% respecto al año anterior. En 2022 se registraron 11.630 casos, en 2023 un total de 12.524, y el pico se alcanzó en 2024 con 12.524 casos. Especialistas, como el ingeniero Juan Carbajal, advierten que la tendencia ascendente continúa en 2025 y que podría alcanzarse un nuevo máximo histórico.
A nivel territorial, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias, con 1.584 casos. Le siguen Arequipa con 534, Cusco con 462, La Libertad con 343, Junín con 328, San Martín con 301, Ayacucho con 266 y Lima Provincia con 261. En el otro extremo, los departamentos con menores registros son Moquegua (42), Tumbes (57), Pasco (58), Madre de Dios (76), Huancavelica (86) y Tacna (96).
La directora de Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, explicó que desde hace unos años la violencia sexual, especialmente los casos de violación, es uno de los delitos más frecuentes en el Perú. “El país tiene una de las cifras más altas de violencia sexual en América Latina. No en vano, hace un tiempo se acuñó la frase ‘Perú, país de violadores’, justamente porque este problema es altísimo”, declaró.
La experta añadió que existe un contexto de retroceso de legislación, como la eliminación de contenidos de educación sexual integral, factor que refuerza estereotipos, ideas conservadoras sobre las libertades de las mujeres y normaliza la violencia de género.
“Esto también va de la mano con los resultados que nos muestra la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, que el INEI ha presentado, y que indican que la tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres ha incrementado de manera alarmante. Según esta encuesta, casi el 70% de la población justifica o minimiza la violencia sexual. Esto revela que las normas sociales y el imaginario colectivo en torno a los roles, tareas, libertades y derechos de las mujeres no solo no han sido abordados adecuadamente, sino que siguen siendo profundamente discriminatorios”, explicó Gutiérrez.
Respecto a la educación vinculada a la prevención, indicó que muchas niñas, niños y adolescentes sin ella no pueden identificar plenamente situaciones que vulneran su integridad o saber a quién acudir. Asimismo, señaló que muchos docentes tampoco están capacitados para reconocer o responder ante señales de abuso.
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El lamentable contexto de violencia de género tiene también relación con la crisis política. “Esto incluye, por ejemplo, el desconocimiento de la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Desde hace varios años, el Congreso viene torpedeando sistemáticamente todas las iniciativas relacionadas con la equidad de género. Si hacemos una recapitulación de las leyes ya aprobadas y otras que están en cartera como proyectos, muchas de ellas resultan perjudiciales y hasta favorables a la violencia. El listado es considerable. No solo se ha planteado la desaparición —disfrazada de ‘fusión’— del Ministerio de la Mujer, sino que también se promueven medidas como la negación del lenguaje inclusivo o iniciativas que incluso buscan criminalizar a las mujeres que denuncian violencia”, denunció la directora de Manuela Ramos.
La experta resaltó que es necesario implementar una estrategia integral basada en la educación sexual desde las escuelas, el fortalecimiento de las instituciones públicas con enfoque de género, y la capacitación de operadores de justicia y salud para una atención adecuada a las víctimas a nivel nacional.
Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro Flora Tristán, advirtió que “estas cifras evidencian el fracaso del Estado en sus políticas de prevención. Estamos hablando de violación sexual, la forma más grave de violación sexual, pero hay otra cifra que incluye tocamientos y acoso que también es espeluznante. Además hay un subregistro, porque según estadísticas lo que se denuncia es aproximadamente la tercera parte de lo que existe”.
Esta falta de acciones concretas y sostenidas para abordar los altos niveles de violencia sexual a menores también ha sido identificado por el Comité de los Derechos del Niño. En febrero pasado, Luis Pedernera, vicepresidente de este organismo de las Naciones Unidas, presentó las recomendaciones urgentes al Estado Peruano relacionadas con el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. En aquella oportunidad, advirtió que la ausencia de estrategias específicas para abordar esta problemática, especialmente con niñas víctimas, sobre todo aquellas viven en zonas rurales o remotas. El comité evaluó las políticas públicas, normas legislativas, y planes realizados por el Estado entre el 2017 y 2024.
Más víctimas de violencia
La violencia de género también se manifiesta en su forma más extrema: el feminicidio. Entre enero y junio de 2025, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha reportado 78 feminicidios y 133 intentos de asesinato contra mujeres. Un dato revelador es que el 42% de las víctimas mantenían una relación de pareja con su agresor, mientras que en el caso de tentativas, el vínculo de pareja estaba presente en el 51% de los incidentes. Estos números refuerzan una verdad dolorosa: en muchos casos, el agresor es alguien cercano, incluso parte del entorno íntimo de la víctima.
Lima Metropolitana también lidera en número de feminicidios, con 16 casos, seguida por Cusco con 7 casos; Arequipa, Áncash y Junín, con seis cada uno. Puno y Ucayali con 5 casos cada uno; y Ayacucho, Cajamarca, Piura, Tacna, tres. Departamentos como Huánuco, Ica, Loreto y Lima Provincia reportan dos casos cada uno, mientras que Apurímac, Callao, Huancavelica, La Libertad, Moquegua, Lambayeque y San Martín reportaron un caso por jurisdicción.
¿Qué herramientas y programas existen para atender la violencia infantil y de género?
Con el propósito de respaldar a las víctimas de violencia de género o violencia infantil, el Estado ofrece la Línea 100 y una atención integral en los CEM. La Línea 100 brinda orientación y soporte gratuito las 24 horas del día durante todos los días del año para canalizar una denuncia (puede realizarse de forma anónima) o brindar apoyo psicológico. Por su parte, los CEM brindan una atención multidisciplinaria, asesoría legal y apoyo social en cada una de sus sedes.
Existen 422 CEM a nivel nacional. En Lima, existen 25 CEM en convenio con gobiernos locales y otros 40 en comisarías. Además, 85 comisarías cuentan con uno. Revisa aquí la ubicación y el teléfono de los CEM de cada departamento.
