Inseguridad, crimen y reforma: ¿cómo recibe estos escenarios el nuevo titular del Mininter?

El mismo día que encontraron un túnel de 180 metros de longitud preparado para que narcotraficantes escapen del penal Castro Castro, un grupo de vecinos del distrito de San Martín de Porres protestaba por el incremento de ladrones que tuvo como última víctima a una mujer de 82 años a quien le robaron sus ahorros. Desde Caral, la arqueóloga Ruth Shady denunciaba indiferencia policial ante traficantes de terrenos que la amenazaban de muerte y, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en las marchas realizadas el mes pasado.

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Cuatro eventos relacionados con la seguridad y la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ocurrieron ayer, día en que el Ministerio del Interior volvía a cambiar de cabeza. En solo 30 días, el país ha tenido cinco diferentes ministros en la cartera que define las políticas de la institución policial.

El último es José Elice Navarro, quien asumió el cargo tras la renuncia de Cluber Aliaga, general de la PNP que duró cinco días en el Mininter. Antes de él estuvo Rubén Vargas por un periodo de 14 días y, en las semanas previas, Gastón Rodríguez (en el gobierno de Manuel Merino) y César Gentille (en el gobierno de Martín Vizcarra).

Aunque el pase al retiro de 18 generales de la PNP y el anuncio de un intento por reforzar esta institución luego de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado han sido los temas más controversiales de las últimas semanas, la inseguridad ciudadana no ha dado tregua. De hecho, solo en el primer semestre del año se registraron más de 142 mil denuncias por delitos cometidos en el país.

Inseguridad en cifras

En un año marcado por la pandemia del COVID-19, la inseguridad ha seguido golpeando a la población. Directamente, al menos a casi la cuarta parte de peruanos, según los resultados de la encuesta sobre “Seguridad Ciudadana” publicada por el INEI en octubre pasado. Este informe revela que el 23.7% de población mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo en el semestre comprendido entre marzo y agosto de 2020. En este punto hay una ligera disminución respecto a lo registrado en el mismo periodo del año 2019, cuando el porcentaje de víctimas era 25.9%. Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de hechos delictivos con armas de fuego: hubo 2.5% más afectados que el año pasado (se pasó de 10.7% a 13.2%).

Aunque la victimización es de 28,4% en Lima, el panorama es distinto en varias en regiones del país. Las ciudades con mayor porcentaje de población que fue víctima de un hecho delictivo son Huancayo (44,9%) y Juliaca (41,1%), mientras que Iquitos (19,8%), Piura (19,2%), Huaraz (17,2%) y Pucallpa (17,1%) son las que presentan las cifras más bajas. Ica es la que tuvo un repunte significativo en este indicador: pasó de 19,5% a 29,2% de victimización respecto al semestre de marzo a agosto de 2019.

La percepción de inseguridad también sigue siendo alta: 81.1% de la población tiene la sensación de que puede ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad en los próximos doce meses. En ciudades de 20 mil a más habitantes, este indicador aumenta 84.1%.

Para entender la cantidad de delitos que se cometieron en el año, el INEI también incluye las denuncias reportadas por el Ministerio del Interior (Mininter) de enero a junio de 2020. En este semestre se registraron 142.223 denuncias por comisión de delitos a nivel nacional. Más de la mitad de los casos (54.5%) fueron por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, estafa, etc.), seguidos de los delitos contra la vida el cuerpo y la salud (16.9%) y contra la seguridad pública (10.3%). Además, se reportaron 1.358 denuncias por homicidio culposo y doloso, 5.968 por robo de vehículos y 111.903 por violencia familiar.

Solo en Lima Metropolitana, el total de denuncias registradas alcanzó 42.917, de las cuales el mayor porcentaje (70%) fue por delitos contra el patrimonio.

Aunque es un número significativo, se debe tomar en cuenta que durante la pandemia hubo un comportamiento inusual debido a las medidas de confinamiento. Por ejemplo, en enero se registraron 36.621 denuncias, pero en abril solo fueron 12.088.

A esto se debe agregar que existe un amplio porcentaje de delitos que no se llegan a denunciar oficialmente. De acuerdo con el INEI, apenas el 17,2% de las personas que fueron víctimas de delitos acudieron a las comisarías, sedes del Ministerio Público o alguna autoridad facultada para ello (teniente gobernador, Juez de paz letrado, Ronda campesina, entre otros). Las principales razones que dieron las personas que no decidieron denunciar es que consideraban que “es una pérdida de tiempo” (33,7%), “desconoce al delincuente” (21,6%) y es “delito de poca importancia” (14,6%).

Esto también puede relacionarse con el acceso a la vigilancia policial. El estudio de INEI revela que solo el 36,0% de la población del área urbana nacional cuenta con vigilancia de la Policía Nacional del Perú en su zona o barrio.

Crimen organizado

Además de los llamados delitos comunes, la incidencia de actos cometidos por organizaciones criminales ha ido aumentado en el país. Solo entre los años 2014 y 2018, las acciones delictivas cometidas por este tipo de organizaciones representaron el 72% de todas las denuncias interpuestas en el país. Es decir, 1′085.040 casos de 1′507.000.

Se tratan de organizaciones creadas específicamente para fines delictivos como el control de un determinado territorio o de un eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal. De acuerdo con la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030 (PNMLCCO), publicada en noviembre del año pasado - con Carlos Morán como titular del Mininter, las particularidades del crimen organizado es que opera favoreciéndose de la corrupción y “penetra en los circuitos económicos formales e informales para introducir sus ganancias y burlar el control estatal”.

Este año no ha sido la excepción. De hecho, el último domingo, el Poder Ejecutivo, con Aliaga como titular del Mininter, declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en cinco distritos de Huánuco y tres distritos de Pasco, con la finalidad de fortalecer la lucha frontal contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, homicidios y tala ilegal de madera.

El túnel encontrado dentro de un inmueble a la altura de la cuadra 8 de la avenida Santa Rosa, cerca del centro penitenciario Miguel Castro Castro, también ha sido vinculado este tipo de criminalidad. De acuerdo con el jefe de inteligencia de la Divincri, coronel Luis Flores, la construcción del pasaje subterráneo –que incluso cuenta con estructuras de madera como soporte– habría durado unos seis meses, gracias a una inversión de US$500.000, financiados presuntamente por el narcotráfico para permitir la liberación de presos extranjeros condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Una semana antes, el 1 de diciembre con Vargas en el Mininter, 72 personas fueron capturadas por presuntos vínculos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso (SL), y al propio grupo terrorista. La operación Olimpo, cuya investigación se inició en el 2015, contó con la intervención de 752 policías y 98 fiscales, y significó, en palabras del entonces ministro, la derrota militar y política de esta organización criminal.

A esto se suma al menos otras cuatro organizaciones criminales que fueron intervenidas solo entre agosto y setiembre de este año. El 9 de agosto, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) capturó a cuatro integrantes de la organización criminal “Los monos de Ventanilla”, dedicada al cobro de cupos en el terminal pesquero de dicho distrito. Ese mes, en Madre de Dios, otras 16 personas, entre funcionarios de la Sunarp, gobierno regional, policías y fiscales fueron detenidas por estar involucrados en el favorecimiento al delito de tala ilegal en la región. Mientras que en Lima, Cañete, Huaura y el Callao se incautaron 20 inmuebles vinculados a integrantes de ‘Los Babys de Oquendo’, organización dedicada a acciones de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia y transporte de activos proveniente del crimen organizado. La cuarta organización criminal desarticulada en setiembre fue ‘Los Magos del Oriente’ en Iquitos, dedicada al hurto y robo agravado de vehículos menores, receptación agravada y extorsión.

Institucionalidad y modernización

Frente a estos escenarios, queda pendiente lo que el presidente Francisco Sagasti ha llamado la “modernización de la PNP”.

Para Lucía Dammert, doctora en ciencia política dedicada a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, la nueva gestión en el Mininter tiene dos ejes principales sobre los cuales trabajar: mantener un orden interno dentro del ministerio y la PNP, así como evaluar el desempeño de la institución en la lucha contra la criminalidad y el COVID-19, enfermedad que ha causado la muerte de 516 agentes. El primero cobra esencial importancia por las recientes denuncias de uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, que al menos en el último mes han dejado tres jóvenes muertos (Inti y Bryan en Lima y Jorge Muñoz en La Libertad).

Este ordenamiento, señala, debe ir de la mano de una revisión de gasto, aumento de niveles de control civil y la limitación de espacios de discrecionalidad en la institución. En diálogo con El Comercio, Dammert sostiene que es un error pensar que el incremento del control ante denuncias de corrupción o vulneración de derechos humanos en la PNP puede significar una reducción de su legitimidad, por el contrario, “pensar que es intocable nos lleva a un estado de inmovilidad que lo que pueda es auspiciar este tipo de hechos más que limitarlos”.

Dammert sostiene que el Mininter es una de las carteras más debilitadas de la región por la ausencia procesos de cambio y modernización en los últimos 20 años. “Si se compara con el resto de América Latina, es de los menos transformados en democracia. Es un ministerio bicéfalo, donde tienes una estructura policial y un espejo de estructura civil. Eso hace que todos los procesos sean más lentos y que la toma de decisiones sean hiperburocratizadas”, indica.

Precisamente, uno de los principales cuestionamientos a la breve gestión de Rubén Vargas fue el pase al retiro de 18 generales, en marco del intento por ejecutar cambios administrativos en la PNP. Se estableció una Comisión de Base para que en 60 días brinde recomendaciones “para tener una policía moderna, fortalecida, más cerca de la comunidad y robustecida para enfrentar el crimen organizado”. También se había convocado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para asumir la administración de los recursos de las fuerzas policiales en un intento por reducir los casos de corrupción dentro de la institución. Este fue uno de los primeros anuncios de Sagasti al asumir la presidencia de transición.

En opinión de la experta en seguridad, los frustrados procesos de modernización de los últimos años han sido el reflejo de un discurso populista que no tiene planes a largo plazo. “Se avanza y se retrocede con facilidad”, agrega. Esta debilidad se evidencia en la poca estabilidad para mantener ministros: “La poca permanencia de los ministros en los últimos 15 años es la demostración de lo débil que es sector y las muy malas relaciones que tiene el sistema de justicia criminal en su conjunto, tanto con el Ministerio Público, el sistema carcelario y el judicial. No ha habido un interés político por modernizarlo sino dejarlo casi en manos de la propia policía que ha avanzado en algunos espacios, pero no lo suficiente”, indica a este Diario.

Esta tarde, en su primer día como ministro del Interior, José Elice sostuvo que se pronunciará sobre los cambios en la Policía Nacional cuando recopile toda la información del sector. Sobre las denuncias de represión policial en las marchas, dijo que no se puede culpar a todos los miembros de la institución.

“Hay policías que no cumplieron el protocolo y hay que investigar. Tampoco se puede culpar a toda la Policía Nacional por lo sucedido, es decir, debemos ser equilibrados y para eso necesitamos información cierta”, dijo en conferencia de prensa tras la reunión que sostuvo con los familiares de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez.

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