“No somos invasores”: vecinos de Surco acusados de ocupar terrenos de parques se defienden ¿Cuáles son sus argumentos?

De acuerdo a la comuna, en total sería 11 los parques que habrían sido ocupados indebidamente por 213 lotes en la citada urbanización de Surco. Incluso, señalan que las áreas anexadas han sido destinadas a piscinas, zonas de parrillas, áreas de recreación y hasta “una nueva vivienda”.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Recíbelo

Es decir, donde supuestamente debiera existir parques anchos y extensos, hoy solo existen trochas y senderos angostos que incluso han sido cercados con rejas y vallas en algunos casos.

Sin embargo, los residentes afirman que la versión municipal carece de sustento legal, pues aseguran que los terrenos en cuestión no son parques públicos, sino espacios que ellos mismos habilitaron como zonas verdes tras ceder parte de sus propiedades.

Manuel Zeña, abogado de los vecinos de Los Álamos de Monterrico, detalló a El Comercio uno a uno los argumentos que asegura les da la razón a los residentes de la urbanización y desbarataría la posición de la comuna surcana. Un primer punto, dijo, tiene que ver con lo sucedido con la congresista María Acuña, quien fue señalada semanas atrás de invadir un sector del parque 17 de Los Álamos. A raíz de eso, indicó, el municipio empezó a notificar medidas correctivas de demolición a diestra y siniestra luego de que la legisladora se defendiera señalando que varios vecinos estaban en la misma situación que ella.

“A la congresista le levantaron un acta de fiscalización, un acta de medida cautelar, le notificaron una papeleta de infracción, le notificaron una medida correctiva de restitución de bien y finalmente una medida correctiva de demolición. Le expidieron 5 actos administrativos para dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Por un tema político, para que no se piense que era un asunto parcializado, la municipalidad fue a por otros vecinos, pero saltándose el procedimiento y solo notificándoles la medida correctiva de demolición“, precisó.

Al respecto, Zeña criticó que se haya procedido de esta manera sin primero haber comprobado lo que se denuncia y sin que exista un documento que de cuenta del inicio de un procedimiento sancionador. “Es decir, ‘al caballazo’ han sacado medidas correctivas de demolición, a pesar de que su propia normativa municipal interna señala que este tipo de medida únicamente se impone al momento de sancionar al administrado”, agregó.

Un segundo punto que sostiene el abogado tiene que ver con los inicios de la urbanización. Detalló que esta surge en la década del 70 (con 200.000 metros cuadrados o un poco más de 20 hectáreas) siendo una zona totalmente deshabitada, por lo que se empezó a lotizar. Desde esa fecha, precisó que los vecinos han venido ocupando no solamente sus lotes, sino otras partes ya que era una zona privada que finalmente dependía no de la municipalidad, sino de la persona que les había hecho las transferencias. En ese sentido, resaltó que las áreas verdes que se observan han sido creadas por los mismos residentes.

“Cuando esta zona se lotiza y se pide una habilitación urbana, en el año 1986 la municipalidad de Lima emite una resolución de alcaldía otorgándole viabilidad a la urbanización Los Álamos de Monterrico y se hacen unas precisiones importantes. Una de ellas es que los parques van a quedar bajo responsabilidad de todos los habitantes, es decir, los vecinos que ocuparan los lotes. Por eso es que la municipalidad de Surco durante 40 años ni siquiera ha sembrado un grano de ají. Todos los parques y las áreas verdes que existen han sido sembrados por los propios administrados”, comentó Zeña.

Y como tercer punto, el letrado añadió que a fines de julio, junto a los vecinos de Los Álamos se presentó una solicitud de acceso a la información pública, donde se pidieron los planos de los parques, así como la partida registral o algún documento que indique que la Municipalidad de Surco es propietaria de dichos espacios. En mérito a eso, Zeña indicó que la Subgerencia de Logística y Patrimonio emitió un informe en el que señala de manera textual que “los parques no cuentan con partida registral y por lo tanto no son propiedad de la municipalidad”.

“La zona de parques que ahora se ve jamás ha estado habitado. La resolución de habilitación urbana le da administración y responsabilidad total a los vecinos. El exceso que está en construcción sería lo que habría que delimitar. Entonces, si aun está en controversia definir si dichos parques son públicos o privados, porque hay posiciones contradictorias, la municipalidad no puede ordenar la demolición de algo que no está establecido con certeza. Ese es el gran inconveniente. Nosotros no estamos yendo por el asunto de fondo, sino por la forma en que se pretende recuperar un presunto espacio público", acotó.

Por otro lado, Zeña dijo que lo que debiera hacer el municipio es sentarse a conversar con los vecinos, realizar los estudios técnicos correspondientes y delimitar si es que realmente los parques son públicos o son privados. Enfatizó que los vecinos están plenamente dispuestos a dialogar. No obstante, sostuvo que hasta el momento la comuna de Surco viene actuando “abusivamente y de forma arbitraria”.

En ese sentido, informó que en virtud del derecho a defensa de los vecinos, se ha presentado un recurso de reconsideración contra la medida correctiva de demolición, pese a que afirma que las autoridades municipales les han adelantado que dicho acto administrativo es inimpugnable. “Graso error, porque cualquier medida que restringe derechos fundamentales es impugnable. La ley del procedimiento de ejecución coactiva permite que uno pueda cuestionar una ejecución como la de demolición a través de un proceso que se llama revisión judicial de procedimiento coactivo. La sola presentación de la demanda suspende la ejecución coactiva hasta que el juez se pronuncie sobre el asunto”, explicó.

En tanto, también anunció que han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito pidiendo a la autoridad fiscal que realice todas las diligencias del caso, a fin de que se asegure que la comuna vaya a respetar el debido proceso. “Por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades señala que cuando en un caso de demolición haya que realizar un desarraje, se requiere autorización del juez de paz letrado. Eso también le hemos puesto en conocimiento al fiscal de prevención del delito y esperamos que en las próximas horas o días se pronuncie para garantizar la legalidad en este caso“, dijo.

Consultada por El Comercio sobre esta presunta apropiación ilegal de miles de metros cuadrados de espacio público, una residente que representa a los vecinos de Los Álamos comentó que los residentes involucrados en la acusación consideran que la actual gestión municipal está teniendo un proceder arbitrario, falto de diálogo y que linda con la violación de lo que es su derecho a la propiedad.

“La misma municipalidad en carta remitida a nuestro representante legal con fecha 05 de agosto, indicó que las áreas que mediáticamente llaman parques, no lo son y que no figuran como propiedad pública ni están inscritas en registros públicos a nombre de la municipalidad, debido a lo cual consideramos sus actos arbitrarios. La municipalidad se está exponiendo a denuncias penales por violación a la propiedad", expresó.

Además, mencionó que el sentir general en la urbanización es de indignación por las acusaciones de la municipalidad, ya que asegura que no son ningunos invasores, y por el contrario, son vecinos que tributan y que durante décadas se han hecho cargo del mantenimiento de las áreas verdes de la urbanización.

“En el 2012 la misma municipalidad de Surco en diálogo con nosotros ordenó y dictaminó los linderos a respetarse. Nos sentimos atacados y atropellados. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, que es justamente lo que la municipalidad no está teniendo con nosotros“, manifestó.

En tanto, otros vecinos de Los Álamos de Monterrico también han levantado su vos de protesta. “No es justo que nos llamen invasores. Invasores son los que no tienen título. Fácil es hablar, pero dónde están las pruebas, los papeles hablan. Que enseñe la municipalidad que esas áreas verdes han sido de ella. Lo retamos al alcalde que lo enseñe”, exclamo otra vecina.

“Estos jardines y estas áreas verdes los hemos puesto nosotros. Ahora que lo ven verde y lo ven bien dicen que es parque. Esto era una chacra completa, no había absolutamente nada, el crecimiento de estas áreas verdes ha sido esfuerzo nuestro", agregó otro residente.

Raúl Ramos, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, dijo a este Diario que todo surge a raíz de una habilitación urbana que fue aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). En este punto, aclaró que cuando se aprueba una habilitación urbana y cuando se concluye se entrega hacia el Estado áreas de aportes que son obligatorias. En esto constituyen los parques. En tanto, afirmó que la urbanización Los Álamos fue aprobada con 11 parques y que estos están inscritos en registros públicos de acuerdo a resolución emitida por la MML, con sus planos aprobados y constituidos como parques.

“Es importante señalar lo que establece la Constitución Política del Estado, que señala que los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Y un bien de dominio público es un parque. Y en ese sentido también la ley orgánica de municipalidades señala lo mismo, que los bienes de dominio son de uso público y que la administración lo tienen los gobiernos locales, concordado con la ley de gestión y protección de espacios públicos. O sea, hay normas que avalan la intervención que estamos haciendo, de restitución de áreas que son de uso de de toda la ciudadanía", sostuvo.

Asimismo, Ramos señaló que la municipalidad ha procedido a hacer la notificación correspondiente de acuerdo al amparo de la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Ejecución Coactiva, que establece que cuando hay espacio público que está indebidamente utilizado, nosotros notificamos por un plazo de 30 días, a fin de que los vecinos restituyan lo inadecuadamente usado. Si eso no pasa, pasa el ejecutor coactivo, quien bajo el procedimiento correspondiente hará valer el derecho pertinente con el apoyo de la fuerza pública y restituirá los bienes.

“Estamos hablando de un promedio total de 45 días hábiles. Nosotros nos basamos en normas, no somos autoritarios, respetamos los derechos de cada una de las personas y sobre todo respetamos el derecho de la comunidad que los parques son de uso público y no de interés particular. O sea, yo no puedo utilizar un área de parque, cercarla y poner para mi beneficio una piscina, una parrilla y otras cosas más, incluso construcciones. No puedo hacer eso. De acuerdo a la normativa vigente es la municipalidad quien administra esos bienes“, añadió.

El funcionario también precisó que a la fecha ya son cerca de 12 residentes de Los Álamos los que se han acercado a la municipalidad para ponerse a derecho, allanarse y así empezar a hacer las demoliciones particulares. “Han utilizado para fines particulares algo que es de uso público, y ya hemos cumplido con notificarlo. Ellos tenían conocimiento, ellos saben qué les corresponde según registros públicos. Saben su área de lote, saben qué compraron y cuál es la delimitación de su lote. Saben que están usando para fines particulares algo que es tiene un fin público”, puntualizó Ramos.