SJL: vivienda construida en plena pista es demolida después de 11 años y otras 90 invaden vía pública

Una casa de dos pisos en medio de la pista. Esa fue la escena del jirón Ónix, en el distrito de San Juan de Lurigancho, por 12 años, hasta que luego de las múltiples quejas vecinales, el 28 de marzo la municipalidad del distrito procedió con la demolición de la vivienda.

A las 9 de la mañana aproximadamente, los vecinos observaron cómo las grúas del municipio iniciaron con la demolición. Uno de ellos dijo a este Diario que vivía mortificado debido a que, cuando pedía una mototaxi de su trabajo a su domicilio, no podía llegar hasta su destino y tenía que recorrer rutas alternas. Contó que solo había un espacio mínimo para los peatones.

“Era bien molesto cuando todos los vecinos teníamos que recoger a nuestros hijos del colegio (...). Esto tiene años, incluso ya se había mandado una resolución, pero el propietario no hizo caso”, añadió.

Según una vecina, la familia que vivía en la casa estaba conformada por un señor junto a sus padres. “No puso resistencia, todo fue pacífico. Ahora solo están esperando en una esquina a que la municipalidad termine de demoler para que luego vean qué hacer (...). Era muy fastidioso pasar por acá, ahora por fin la zona estará libre”, señaló.

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La resolución de la vivienda

El Comercio accedió al documento donde la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, a través de la Gerencia de Ejecución Coactiva, determinó la demolición de manera forzada. En el escrito, se observa la dirección específica de la vivienda, la cual figuraba como Mz. A Lt. 11 Villa de las Casuarinas Asociación Pro Vivienda Inca Manco Cápac, San Juan de Lurigancho.

El propietario de la vivienda fue identificado como Teodosio Auccaise Quintanilla. La resolución fue firmada el 13 de marzo por Alfredo Rumaldo Gómez, ejecutor coactivo, y Clay Rojas Vargas, auxiliar coactivo.

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La municipalidad confirmó que el responsable asumió su responsabilidad. “En el 2011, empezó con un primer piso. Hace 3 años, en el 2020, construyeron el segundo”, informaron. El equipo aseguró que, en el 2012, ya había una resolución para derribar la vivienda, pero la gestión de Carlos Burgos hizo caso omiso.

“Hay alrededor de 90 predios que se han apoderado de la vía pública de manera informal en el distrito. Vamos a enfrentar el problema”, aseguraron.

La informalidad como problemática de fondo

José Carlos Soldevilla, urbanista experto en movilidad y espacio público, señaló que este no es un caso aislado, sino que usualmente ocurren este tipo de apropiaciones. Indicó que “regularmente hay inacción por parte de los municipios”. Considera que acá hay dos figuras: la responsabilidad de la fiscalización y la conciencia ciudadana de respetar los límites. “La inconsciencia puede traer impactos negativos a la ciudad”, agregó.

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Asimismo, señaló que la inacción de demolición es un asunto político. “Estos casos donde ya hay resoluciones y no se hizo nada pueden suceder por la falta de presupuesto para un equipamiento técnico. Por ello, también es un tema de voluntad política”, dijo.

Mencionó que esta demolición es un buen antecedente para frenar las futuras invasiones del espacio público. No obstante, no solo debe haber castigos, sino efectos para crear conciencia.

Por su parte, el sociólogo urbanista Anderson García sostuvo que las invasiones también pasan por la apropiación de veredas o la construcción de escaleras y rejas. “Esto tiene que ver con la informalidad, pero además con la búsqueda de seguridad. En algunos barrios puedes encontrar rejas y tranqueras. Eso revela una falta de conciencia del espacio público y la necesidad de las familias de tener mayor seguridad ante la falta de fiscalización de los municipios. Hay que verlo desde esas dos ópticas”, señaló.

Además, indicó que es importante contar con un espacio público habilitado porque, en caso de sismos e incendios, los parques y calles deben ser las zonas de evacuación.

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Aldo Facho, arquitecto y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, señaló que hay que tomar en consideración que el 93 % del nuevo suelo urbano a nivel nacional es de origen informal. Es decir, la urbanización de esas tierras no ha surgido de un proceso formal que garantice una buena calidad de vida. “Hay tres opciones. Pueden ser construcciones que no cumplen con requisitos de seguridad, son invasiones que se han ido consolidado o son terrenos que fueron vendidos por traficantes de tierra”, aseguró.

Mencionó que el problema de fondo es la ausencia de una política de vivienda que reconozca la realidad de las familias peruanas, cuya economía es también informal. “No tienen cómo acceder a una economía formal, es decir, un crédito de vivienda o un lote. Esto es debido a que no tienen cómo demostrar sus ingresos. Al no poder acceder a un crédito formal, tienen que buscar su vivienda en el mercado informal o ilegal, ya sea comprando una invasión o ellos mismos invadiendo zonas no urbanas”, dijo.