El pasado martes, y ocultos en la oscuridad de la noche, decenas de sujetos desconocidos armados con palos, fierros y armas de fuego, ingresaron a las viviendas ubicadas en 72 hectáreas de la asociación agropecuaria Sumac Pacha, en Lurín. Los individuos obligaron a más de 200 familias, muchos de ellos con niños y personas de tercera edad, a salir de sus casas y rompieron las cercas para que los animales que crían escapen.
“Estos matones fueron traídos en buses para que nos saquen de nuestras propias casas. Muchas de las personas han tenido que dormir en la calle porque no tenían a donde ir. La policía en vez de ayudarnos los estuvo apoyando”, denunció Floriano, uno de los vecinos de Sumac Pacha.
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Ayer, los vecinos de la asociación agropecuaria bloquearon por segundo día consecutivo la carretera Panamericana Sur, en ambos sentidos, exigiendo al Ejecutivo que dé solución a su caso. “Hace 25 años vivo acá y ahora me sacan con palos. Nadie nos avisó que íbamos a ser desalojados. Si no nos dan una solución seguiremos bloqueando la vía y vamos a marchar, llevando nuestros animales con nosotros, hasta el Congreso”, aseguraron.
Tierras en disputa
La asociación agropecuaria Sumac Pacha está ubicada en una terreno de aproximadamente 300 hectáreas a la altura del kilómetro 36 de la Panamericana Sur. Hasta ese lugar comenzaron a llegar familias buscando un lugar donde asentarse y comenzar a trabajar, principalmente de la ganadería.
Los vecinos, quienes tomaron posesión del lugar en 1997, aseguran tener títulos de propiedad y pagar arbitrios en la municipalidad de Lurín. Sin embargo, la empresa inmobiliaria y de construcción Malaika S.A.C. asegura que la propietaria de esos terrenos desde 1956.
“Esta situación es el colofón de lo que viene aconteciendo desde 1996 cuando la empresa Montaña y Compañía Agrícola San Bartolo invadió esta propiedad y falsificaron un título de propiedad que, posteriormente, inscribieron en registros públicos. Ahora vienen a ejecutar una sentencia después de 22 años”, precisó el expresidente de la asociación, Diosdado Navarro, quien además apuntó que la sociedad tiene 248 hectáreas inscritos en registros públicos.
La abogada de Malaika S.A.C., Martha Céspedes, aseguró que las declaraciones de los dirigentes de Sumac Pacha son falsas.
“Las personas que viven ahí fueron engañadas por la comunidad de Sumac Pacha, son a ellos a los que tienen que responsabilizar porque vendieron un terreno que no era suyo. Ellos adquirieron terrenos de la comunidad de Cucuya, que queda en Santo Domingo de Olleros, en Huarochirí”, dijo Céspedes.
Consultada por la presencia de sujetos armados, la abogada deslindó que la empresa que representa haya contratado personal para ejecutar el desalojo. “Nosotros entramos solo con la policía y el juez a cargo. Recién hemos podido ingresar a la zona debido a que la comunidad presentaron demandas y habeas corpus para entorpecer la ejecución”.
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